En la Legislatura están buscando el decreto que avala la intervención de la empresa de aguas de Mendoza. Al parecer, son muy pocos los que lo han visto ya que, dicen, el Ejecutivo no se molestó en enviarlo para que los legisladores se enteraran de la acción por otro medio que no fueran los medios de comunicación.
Por eso, ayer los senadores aprobaron casi por unanimidad (solo un voto en contra) un proyecto de resolución que pide la postergación de la modificación tarifaria y la citación de los funcionarios a cargo para que expliquen los fundamentos de tal decisión.
Además, quieren que el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez; el presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Javier Montoro, y el interventor de Obras Sanitarias Mendoza (OSM), Gonzalo Dávila, informen personalmente la situación de la empresa así como el cumplimiento de la carta de entendimiento aprobada en 2007.
También pretenden que los funcionarios presenten los informes técnicos que posean así como los correspondientes dictámenes de la Asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado, si existieran.
El proyecto fue presentado por el senador cobista Mario Salomone y avalado por el resto de los partidos, incluido el justicialismo en donde hubo pase de facturas al Gobierno por no haber podido conversar sobre la intervención antes o poco después de tomada la decisión.
El malestar se tradujo en el recinto por lo que, en el momento de la votación, de los 11 oficialistas sólo se quedó su presidente -Luis Ruzo- quien manifestó su posición "personal" de no acompañar el pedido de postergación de aumento de la tarifa. El resto salió del recinto y -sin aprobar explícitamente el pedido opositor- lo avaló simbólicamente.
"Como bloque venimos trabajando en el tema y compartimos el criterio de que era necesario intervenir. Sin embargo, creemos que el aumento de la tarifa debe hacerse como consecuencia de una evaluación y no antes", expresó el justicialista Vicente Russo mientras que su colega Miguel Serralta apoyó la idea de que el actual no es el contexto ideal para aumentar una tarifa sin antes fundamentarla adecuadamente.
En el fondo, los senadores oficialistas plantearon lo mismo que los opositores, quienes por un lado, se encargaron de aclarar que no era cierto que la intervención tuviera acuerdo de la oposición. No sólo porque en la reunión del domingo con los presidentes de partidos no fueron informados (como se cansó de repetir el presidente de Confe Juan Carlos Jaliff) sino porque los presidentes de bloque todavía estaban esperando una mínima información.
"No sabemos cuáles son las causas concretas ni cuál es la política a seguir por lo que no podemos estar de acuerdo con lo que no conocemos", manifestó Mauricio Suárez, presidente de la bancada radical. El senador no cuestionó la decisión del Ejecutivo, sino la nula información puesta a disposición de la Cámara.
Con un sentido similar, Carlos Aguinaga -al frente del bloque demócrata- expresó que coinciden con la intervención pero que quieren saber si es sólo para darle plata a la empresa o cuáles son los objetivos. Recordó, además, que ellos propusieron la rescisión del contrato hace dos años por el incumplimiento de la empresa.
La discusión sobre el aumento también se dará hoy en Diputados debido a que el diputado del ARI, Néstor Piedrafita, también pide rechazar el incremento. Del lado oficialista, no obstante, el presidente de la Cámara baja, Jorge Tanús, se pronunció a favor de la suba debido a que cree que ayudará a mejorar la infraestructura.

El aumento será de 36,57% para todos los usuarios
El incremento tarifario a partir de octubre es porcentualmente único.
La llegada de la intervención a Obras Sanitarias Mendoza (OSM) tuvo una justificación no menor: hacer que la empresa de agua potable empiece a funcionar operativamente. Para lograr este objetivo el Gobierno provincial debió ajustar la tarifa a los usuarios con un aumento de 36,57% para garantizar el servicio mínimo.
Según el análisis del Gobierno, existe una situación de colapso del sistema de saneamiento. Razón que promovió esta intervención en la cual el Ejecutivo actuará sin realizar ninguna inversión sobre el propio servicio.
En la edición de ayer de Los Andes, producto del envío de diferentes cálculos realizados y emitidos por los organismos implicados en la intervención gubernamental se difundieron datos que contenían algunas imprecisiones que deben ser rectificadas.
Por empezar, el sistema tarifario de OSM tiene varias claves que lo diferencian del resto de los servicios públicos: posee un sistema de cuota fija. Además, no se tiene en cuenta el consumo realizado por el usuario y se paga un importe fijo bimestral. Dicha tarifa se calcula en función de la superficie del terreno, la superficie cubierta, calidad y antigüedad de la edificación.
Cada boleta de este servicio que llegue a partir del 1° de octubre tendrá un aumento que surge del canon bimestral fijo multiplicado por el coeficiente 1,36.
Así, para las facturas de hasta $ 31,24, el incremento será de $ 6,43 en promedio y en este grupo hay más de 50 mil mendocinos. Mientras que para quienes pagan ahora $ 31,25, el aumento será de $ 11,43 y terminarán pagando un total de $ 42,68. En este rango hay más de 100 mil usuarios.
Los que pagan valores intermedios comprendidos entre 42,05 y 50,25; $ 50,26 y $ 64,83, y $ 64,84 y $ 138,10 tendrán una factura que subirá con el aumento a $ 57,42 y $ 68,63, en el primer grupo; $ 68,64 y $ 88,54 y, para el último, $ 88,56 y $ 188,60. En cada uno de los tres rangos discriminados, el aumento será, también respectivamente, de $ 16,83; $ 20, 56 y $ 31,78.
Según el Gobierno, para simplificar la explicación, todos los usuarios del servicio pagarán 36,57% más de lo que actualmente están abonando bimestralmente.

"Sorpresa" entre los accionistas de la empresa
Desde la mañana y hasta última hora, ayer fue un día de febriles reuniones entre las partes relacionadas con el presente y sobre todo el futuro de OSM. Tanto encuentros a puertas cerradas entre los, momentáneamente hasta ahora, actuales ex-directivos de OSM, como entre éstos, liderados por la hasta ahora gerente general Alejandra Alberdi, y quien ahora ocupa la conducción de la compañía, el designado interventor Gonzalo Dávila, y su equipo.
Según el nuevo funcionario hubo un primer contacto "breve", de tono informativo para los accionistas y en el que no se los escuchó rezongar ni pedir explicaciones por la decisión del Gobierno. Por su parte, los privados se esforzaron al máximo por no filtrar ninguna declaración al respecto, bajo el argumento de que están abocados a la tarea de "analizar el contenido del decreto" oficial.
Aun así, un accionista y miembro de peso entre los que ocupan un sillón en el directorio de la empresa reconoció que "el tema nos tomó muy de sorpresa. En este momento estamos reflexionando sobre el contenido de la resolución".
Pese a la pretendida postura introspectiva de los socios de OSM, la fuente dio indicios de una negociación previa. "Estábamos detrás de una solución diferente, pero el poder concedente decidió algo completamente distinto. Nos tomó por sorpresa", reafirmó.

Sentencia previa
Si bien se dio a entender que uno de los propósitos durante los 180 días de control total que pretende ejercer la Provincia en la operación del servicio de agua potable y cloacas era elaborar un diagnóstico exhaustivo, Dávila rápidamente tomó posición.
A poco de ingresar a las oficinas de OSM y asumir su cargo, expuso que abiertamente su mirada crítica sobre la concesión hasta el momento. "Hace más de 10 años que la empresa no cumple con las inversiones acordadas. Además incumplió muchos otros requerimientos", resaltó.
Desde la vereda de enfrente, la misma fuente consultada, aún escudándose en la reserva del caso, no se privó de responder a su modo. "Si en 12 años el único aumento que recibimos es de menos del 20% no se puede hacer milagros". / Miguel Flores

Gonzalo Dávila - Interventor de la empresa: “Las prioridades son garantizar el servicio y hacer un diagnóstico”
El interventor de Obras Sanitarias Mendoza, Gonzalo Dávila, dijo que “estamos tomando posesión de la empresa en este momento y tenemos dos objetivos muy claros: uno es garantizar la continuidad del servicio y otra, elaborar un diagnóstico a fondo de la situación de la empresa, no sólo de lo técnico y operativo sino también de la situación patrimonial, económico- financiera y comercial. En lo estrictamente operativo y de mantenimiento, hay que atender urgentemente todas las instalaciones y después hay que hacer una serie de inversiones de infraestructura de mucho dinero. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo en conseguir el financiamiento y tiene que ver con dos rubros, uno es mejorar la capacidad de producción y distribución de agua potable y otro, mejorar el tratamiento y hacer licitaciones de fondo en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales que -diría- el 100% están trabajando a déficit. Esto no se arregla de un día para otro, son obras para los que hacen falta muchos millones de inversión y que estamos buscando”.

Del manual K
La decisión política de congelar tarifas a pesar de la devaluación y los nuevos costos, subsidiar a algunos sectores y generar un estado de cosas mágico, irreal, con las empresas concesionarias en el papel de los monstruos de una película de terror, es un clásico del manual K.

Modelo que se replicó en Mendoza. En ese proceso anestésico nadie ignoraba el muerto del armario. Cuando Julio Cobos se fue embelesado por su acuerdo con K y llegó Celso Jaque en nombre de Cristina, ahí estaba la brasa enrojecida del agua y las cloacas.
Jaque venía con la idea de reestatizar OSM “si los concesionarios no invertían” o comprar la parte del paquete accionario de los franceses y sus socios, un 32 % cada uno (el Estado mantenía el 20 % accionario), para después encarar las obras impostergables con el Estado como accionista mayoritario y operador. La Legislatura lo paró.
Que OSM se iba a caer devastada en manos del Estado o de sus amigos de la “burguesía nacional” (en este caso local) estaba cantado. Pasó con empresas nacionales de servicio.
Las culpas se las disputaban conducciones políticas que no quisieron nunca pagar el costo de afrontar la realidad devaluadora e inflacionaria, otorgando tarifas adecuadas a los concesionarios, dentro de en un proceso razonable. Hoy el muerto les cae en las manos, ya con mal olor.
Y el tratamiento tarifario inevitable -que pudo ser gradual y razonable- es ahora un golpe traumático y de tipo shock. Los empresarios insisten en que no obtenían los réditos imaginados en 1998 cuando pagaron 160 millones de dólares por la vieja estructura de OSM.
Entonces, no pusieron lo necesario en las redes, se asentaban con el canon debido al Estado y esperaban el final inevitable. Abajo, la víctima, el usuario, pidiéndole al Estado -el responsable máximo, a pesar de la concesión privada- que asuma su función esencial como garante del servicio.
Esta entelequia tenía un final previsible: sin la rentabilidad imaginada, las empresas no harían las inversiones impostergables, el servicio se deterioraría, los concesionarios extranjeros huirían a sus pagos (como los franceses de la anterior Edemsa) y el filo hilo del usuario se cortaría irremediablemente.

La película es de blanco y negro. Las empresas caen devastadas como trastos viejos en manos del Estado o de sus amigos interesados (“El Estado, podría negociar con algunos de los otros grupos de OSM para darle la operación técnica que actualmente tiene Saur y que esta empresa no renueve el contrato”, dijo ayer el nuevo Interventor).
Mientras, los servicios se corroen como los del Tercer Mundo (estamos hablando de cloacas y agua potable) y los gobiernos se ven en el trance de hacerse cargo del muerto, endeudarse para poner plata que no tiene y dispararle con la ametralladora de tarifas al usuario. O negociar con amigos dispuestos.

Un clásico K. Si “la realidad es la única verdad”, el sistema de aguas y cloacas canta la verdad: está colapsado. Los franceses, con las valijas hechas, culpando al Estado por cínico y demagógico, el Gobierno imputándole su desgracia a los “perversos que ganan y no invierten un peso”. La oposición enrostrándole al Barrio Cívico apelar a la intervención “por vocación reestatizante”. Abajo, el vecino, con servicios del bajo mundo y mañanas de shock tarifarios. Por Gabriel Bustos Herrera - Especial para Los Andes