“Es la historia de un fracaso”. Con esas palabras define José Luis Correa los 11 años de privatización de Obras Sanitarias Mendoza (OSM). El especialista en derecho administrativo y privatización de servicios públicos apunta al Estado como principal responsable del incumplimiento constante del plan de obras que debió realizar la empresa durante los años que tuvo a cargo la prestación de agua y cloacas.
Aunque, en su descripción de la situación, Correa recuerda el inicio del proceso de venta como el disparador del problema. “En principio, la idea era llamar a licitación sólo para gerenciar, pero el Estado iba a tener el rol de control y de manejo de las decisiones. Lo cierto es que eso nunca ocurrió”, analizó en ese sentido.

–¿Pero por qué se decidió privatizar la empresa?
–Por exigencia de los organismos multilaterales, que condicionaron el préstamo de dinero a la privatización de empresas públicas. Primero quedó el grupo francés (por SAUR), que pagó cerca de 150 millones de dólares.

–En esos momentos se dijo que la empresa había sido sobrevaluada...
–Claro, por eso los accionistas que ganaron la licitación querían que con esa plata se capitalizara la empresa, en lugar de ir todo en concepto de compra. Pero el Gobierno se opuso.

–¿Las condiciones del contrato de concesión eran cumplibles?
–Claro que sí, perfectamente cumplibles. Pero, ojo, hasta el 2001, cuando el país se cayó. Aunque antes estuvieron cinco años sin pagar un peso de inversión, nunca pagaron el canon, ni cuando la Provincia se los bajó en una de las renegociaciones, que pasó del 9% al 3%.

–¿Qué había pasado hasta 2001?
–Bueno, en el 2001 ellos debían 42 millones de dólares de inversión. El Gobierno se lo bajó a $15 millones, a razón de $1,5 millón por año. Pero nunca pagaron nada. Después del 2001 tenían razón en reclamar, porque la Ley de Emergencia Económica congeló las tarifas. Pero, de todos modos, ellos nunca habían cumplido ni un punto del contrato.

–¿Pero dónde estaba el Estado? ¿Cómo se llega a la instancia de intervención?
–El Estado estaba ausente. Yo fui asesor del presidente del (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) EPAS y le pusimos tres multas a OSM, una de las cuales era de 500 mil dólares. Y le pedimos al gobernador (de entonces, Roberto Iglesias) que la interviniera. Pero acá fallaron todos los controles republicanos. El Estado permitió todo este tipo de abusos, renegoció el contrato, pero condonó las deudas siempre. Pero el EPAS también falló.

–¿Por qué?
–Porque todos los organismos de control nunca funcionaron. Tienen gente capacitada técnicamente, pero no pueden hacer nada, porque las decisiones políticas siguen siendo del Ejecutivo.

–¿La empresa estaba preparada para hacerle frente a la concesión?
–No, no se bancaron las concesiones en ningún país del mundo. En California (Estados Unidos) los sacaron a los palos en 48 horas. Lo mismo ocurrió en Brasil y Bolivia.

–¿Y entonces?
–La empresa tenía varias intenciones: no hacer las inversiones y no ampliar el campo de servicios. Nunca autorizaron expansiones, porque implicaba hacer obras.

Perfil
José Luis Correa se especializa en derecho administrativo.
Asesoró a Arturo Lafalla en temáticas de peajes y a Roberto Iglesias con Los Nihuiles.
Fue asesor de la presidencia del EPAS en 2000-2001. Desde el 2008 patrocina a un grupo de legisladores que piden la inconstitucionalidad de la carta de entendimiento.