El Senado provincial quiere escuchar el miércoles que viene al ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, y al interventor de la empresa OSM, Gonzalo Dávila, para conocer los primeros pasos que dará el Gobierno.
Quedó previsto que vayan ambos funcionarios a la Legislatura el miércoles que viene a las 9, a la Comisión de Obras Públicas.
El pedido fue motorizado por el senador cobista Víctor Salomone y apoyado por toda la oposición, incluido el bloque Eje Peronista, disidente con el oficialismo.
La oposición pidió además frenar el aumento de la tarifa decretado por el Gobierno de Jaque, hasta que se defina para qué se quiere usar lo recaudado.
Este aspecto también fue acompañado por el bloque oficialista, que abandonó la sesión en señal de disconformidad con la posición oficial.
De los 11 integrantes del bloque, sólo quedó en el recinto para votar a en contra de la iniciativa de la oposición el jefe de la bancada: Luis Ruzo.
“El resto nos retiramos porque consideramos prudente frenar el aumento hasta evaluar si verdaderamente es necesario”, consideró el oficialista Miguel Serralta.

Clave en Diputados
En la Cámara Baja, en tanto, también se esperan acciones similares que se estudiarán durante la sesión de hoy.
Uno de los legisladores más críticos con la situación de la empresa de agua es el radical Jorge Serrano, que también sostuvo ayer “que es necesario citar al nuevo interventor para conocer el plan de obras urgentes que hacen falta para mejorar el servicio”.
Y agregó: “Después habrá que ver cómo sigue la situación, luego de que finalice el período de la intervención. Esta decisión se tomó tarde, pero ahora hay que buscar soluciones”.
El demócrata Alberto Sánchez sostuvo, por su parte, que “ahora el Gobierno tiene más elementos para hacer caer la concesión y tomar el control de la empresa”.
Mientras, el jefe del bloque cobista Andrés Marín señaló que “los técnicos del bloque están analizando si cabe la posibilidad de que tanto el decreto ordenando la intervención como el aumento de la tarifa requieran de aprobación legislativa”.
Desde el punto de vista político, la oposición criticó el manejo del tema por parte del Gobierno.
“Fue una chantada”, dijo el principal referente del CONFE, Juan Carlos Jaliff, por radio Nihuil, con relación al sorpresivo anuncio de la intervención.
El día anterior, el Gobierno había convocado a todos los referentes de la oposición para comunicar cambios en la situación de Obras Sanitarias Mendoza, pero no les dijeron ni siquiera una palabra sobre la intervención.

La Legislatura quiere escuchar al Gobierno
En los 11 años que la empresa OSM lleva a cargo de la concesión del servicio de agua y cloacas, ha pagado sólo dos multas por incumplimiento del servicio. En promedio, el Ente Provincial para el Agua y el Saneamiento (EPAS) ha aplicado unas diez sanciones económicas por año. Pero, sólo contando los últimos tres años, el ente regulador aplicó 27 multas por un total $835.000. Todas fueron recurridas por la empresa y terminaron en la Suprema Corte de Justicia, que sólo resolvió en dos casos, ambos a favor de los usuarios.
El dato es un reflejo concreto de los variados incumplimientos que la empresa ha sostenido desde que se firmó el contrato de concesión en junio de 1998 y que terminaron con la intervención por parte del Gobierno. Así como no cumplió con las exigencias establecidas en el contrato de concesión para brindar el servicio, tampoco pagó las multas que sistemáticamente le aplicó el EPAS.
Incluso, la empresa consiguió que en las dos cartas de entendimiento que firmó el Gobierno con ella para intentar recomponer la calidad del servicio saliera beneficiada con la condonación de las multas.
Sobre todo, la primera carta firmada por ley y ratificada por la Legislatura mediante la norma Nº7491 condonó multas por $1.450.000 y luego, en la carta de entendimiento que se firmó a fines del 2007 y que fue aprobada por un decreto del gobernador Celso Jaque a principios del 2008, también se terminaron condonando las multas impuestas entre el 2006 y el 2007.
El presidente del EPAS, Javier Montoro, y el secretario general del ente, Fabricio Bertonati, explicaron que el contrato de concesión firmado entre la empresa y el Gobierno le da varias alternativas legales a la empresa para dilatar el pago de las multas. Esto permitió que ésta nunca tuviera que hacerles frente a las multas que le aplicaron por sucesivos incumplimientos del servicio. Usó como mecánica habitual hacer un planteo ante la Corte mediante una acción procesal administrativa (APA).
Esto es muy al contrario de lo que estipula el contrato de concesión para la empresa que concesiona el servicio eléctrico. Edemsa, en ese caso –comparó Bertonati– , primero tiene que pagar la multa y después tiene derecho a recurrirla. Inclusive, el contrato contempla la posibilidad de que se le cobre multas de carácter automático, es decir, que el EPRE puede descontar el importe de una multa directamente de la factura que paga el consumidor.

Motivos
Los montos de las multas que se aplicaron van desde los $10.000 hasta los $100.00. Los motivos abarcan interrupción del servicio, baja presión, detección de bajos valores de cloro residual y altos tenores de turbiedad en el agua potable , y cortes imprevistos del servicio.
En los últimos tres años se aplicaron dos multas por $100.000 cada una: una por un corte imprevisto de agua y otra por manganeso en el agua.

Claves
La actividad legislativa comenzará hoy en Diputados y seguirá la semana que viene en el Senado.
El ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, y el interventor de OSM, Gonzalo Dávila, serán las figuras convocadas.
Los asesores técnicos de los bloques estudian el tema.