Con varios meses de atraso después de la peor sequía en años, que azotó vastas zonas agropecuarias del país, el Congreso finalmente reaccionó. Después de ingentes negociaciones, la Cámara de Diputados se aprestaba a aprobar, al cierre de esta edición, la creación de un fondo permanente para atender la emergencia en el agro, que constará de un mínimo de 500 millones de pesos anuales.
La iniciativa, que sería girada al Senado, contaba con el apoyo de casi todas las bancadas, salvo del radicalismo, que reclamaba un monto mayor -de 1000 millones- tal como pedía la Comisión de Enlace.
En rigor, el proyecto original propuesto por el Poder Ejecutivo contemplaba un fondo de mucho menor monto, de 150 millones de pesos, pero el rechazo opositor obligó al oficialismo parlamentario a ceder. Así fue como accedió a elevar el monto a 500 millones, pero siempre que un 30 por ciento de ese monto se destinara a la prevención de la emergencia. La oposición se mantuvo férrea en su negativa: insistía en que esa partida se destinara completa a atender casos de emergencia en las provincias donde se declare esa situación.
La sesión en el recinto ya había comenzado y el acuerdo parecía lejos. Ese final hubiera significado una pésima señal para los productores agropecuarios, que todavía ven dilatar en el Congreso resultados concretos en materia de lechería y retenciones a los granos.
Ante esta situación, representantes del oficialismo y de la oposición se reunieron durante más de tres horas en el despacho del radical Pedro Morini (Santa Fe) para intentar destrabar las diferencias, mientras el resto de sus colegas esperaba la fumata en el recinto.
Finalmente se acordó un proyecto, pero a último momento el radicalismo reclamó más recursos para el fondo. El oficialismo no aceptó y los restantes bloques opositores coincidieron en avanzar con lo ya acordado. Los principales puntos de la iniciativa son:
Se creará un fondo permanente en el presupuesto para atender a aquellas provincias que atraviesen una emergencia agropecuaria. El fondo constará de 500 millones de pesos como mínimo y comenzará a regir a partir del año próximo.
Se conformará una comisión de emergencia que estará integrada por la Secretaría de Agricultura y el Comité de Emergencia Agropecuaria, representantes de las provincias, de las universidades y representantes de las entidades agropecuarias con representación nacional. También por miembros del Banco Nación y del Banco Central.
Ese comité será el encargado de declarar la emergencia agropecuaria si así lo considera necesario.
El manejo de los fondos será auditado por la Auditoría General de la Nación (AGN). Si en un ejercicio presupuestario no se utiliza la totalidad de la partida, el resto será trasladado al siguiente año.
"Este es un proyecto del consenso, del conjunto de los bloques parlamentarios. Hemos sabido superar las diferencias", celebró anoche, al cierre de esta edición, el jefe de la Comisión de Agricultura, Alberto Cantero (FPV-Córdoba).
El debate por la emergencia agropecuaria se da en un contexto especial: la Cámara de Diputados debe definir la semana que viene si prorroga las facultades delegadas e incluye allí la potestad del Gobierno para fijar las retenciones a las exportaciones.