Semana de decisiones en torno al futuro de OSM SA. A la medida oficial de intervenir por 180 días la empresa, la respuesta de parte de los accionistas no se hizo esperar: es prácticamente un hecho que Saur International reactivará la demanda por 200 millones de dólares (que podría llegar a 300 millones con ajustes) interpuesta contra el Estado nacional ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).
Así lo confirmó una alta fuente del entorno de Michel Fourré, presidente de OSM y representante de los accionistas de Saur en el directorio.
Aunque por el momento está suspendida hasta setiembre, los promotores de la acción de resarcimiento pretenden descongelarla lo antes posible, con lo que no descartan volver al ruedo legal antes de finalizar el período de control estatal.
El millonario reclamo ante el tribunal internacional que depende del Banco Mundial data de 2002, pero más que nunca parece recobrar su peso y podría generar malestar en el Gobierno nacional, que en definitiva es el demandado.
El planteo fue interpuesto por el grupo francés tras los cambios en el contrato de concesión en diciembre 2001 por considerarlos perjudiciales. Con el tiempo fue el as para negociar condiciones más ventajosas (hasta llegar al ajuste tarifario del 19,7%) durante el resto del período hasta aquí.
Había seguido vigente como recurso de negociación a modo de cláusula-gatillo durante el gobierno de Julio Cobos y llegó a pesar para la compensación de deudas cruzadas dentro de la carta de entendimiento firmada en 2008. Incluso, era el pasaporte para la salida de Saur de Mendoza.
De acuerdo al avance de la negociación, Saur decidió sucesivas suspensiones de la medida. Actualmente lo está, pero a los inversores galos les asiste el poder de "descongelarla" y llegar a la sentencia.
Es que la misión del interventor Gonzalo Dávila (que avaló ayer la Cámara de Diputados) provocó, según una fuente calificada, no sólo sorpresa sino malestar.
Primero porque, prendidos de la promesa del gobernador Celos Jaque de que el nuevo incremento llegaría después de las elecciones, hasta la semana pasada concesionarios y Gobierno habían avanzado en un virtual acuerdo de aumento de la tarifa de entre 40 y 50%, la mitad del que hubiera correspondido, según la empresa, por el mecanismo de ajuste por suba de costos reconocido por el mismo Ejecutivo.
El mayor interrogante empresario es la razón de fondo del Estado interventor para "auto-otorgarse" el 36,5% y no dárselo a ellos. Por ahora, juzgan la intervención como una "estatización encubierta" en virtud de la remoción de la gerente general, Alejandra Alberdi (incluso suspendida ayer por 30 días de su cargo frente al área legal), y del directorio en pleno como primer medida.

Escenario probable
"Da la sensación de que este gobierno no mide las consecuencias de lo que hizo. Lo cierto es que de algo así no se sale fácilmente", señaló la fuente.
Igual, niegan que la decisión de reactivar la demanda internacional responda a una vocación litigante y rescatan su "paciencia de años". Y si el propósito final es desplazarlo como accionista y operador del servicio, amenazan con no ceder terreno sin resarcimiento económico.
El otro interrogante que surge es si la situación actual de la concesión podría reflotar la venta del 32% de las acciones del grupo francés (Sielecki-Southwater tiene un porcentaje idéntico) y así apurar su salida.
Ayer trascendió que, por ahora, la posibilidad no pasa por la cabeza del CEO del grupo, Olivier Brousse, confiado en recuperar parte de lo que, en la sede central de Saur en París, consideran pérdidas por operar el servicio en Mendoza en los 11 últimos años.
La misma confianza tienen en lograr una sentencia favorable del Ciadi ("son juicios que rara vez se pierden", dicen, con el antecedente del fallo en contra de Tucumán en 2007).
"Ya perdimos demasiado y no nos retiramos en su momento después de esperar dos años que nos autorizaran a hacerlo. ¿Porqué habríamos de salir ahora?", les dijo Brousse a sus hombres en Mendoza.
Por ahora, cualquier probable escenario pos-intervención es mera especulación. Con ese carácter, aunque nadie lo admite, que el Banco Mundial intervenga a través del Ciadi podría complicar la intención del Gobierno de financiar buena parte de los $165 millones que busca que le otorgue el BID, órgano de estrecha vinculación con aquél.

Un plan "caído" y sólo $ 12 millones en obras
Al hacerse añicos el lunes pasado la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo tarifario, también se desvaneció un plan de inversiones por $ 500 millones propuesto por los accionistas al Gobierno, que dependía de la suba a conceder.
Según Saur, el cambio de planes abortó un programa que aseguraba $ 50 millones por año durante los próximos diez, justo cuando el EPAS reconoce la necesidad de obras de infraestructura por $ 437 millones. Y dudan del destino de subsidios por $ 40 millones otorgados por el Enosa (Ente Nacional de Obras de Saneamiento), que el organismo aprobó pero nunca efectivizó.
Por otra parte, el cálculo grueso de los hasta el lunes responsables de OSM arroja que sólo $ 12 millones por año, de los $ 136 millones al año de facturación proyectada (contemplada la suba del 36,5% que los mendocinos tendrán que pagar desde octubre), podría reinvertirse en obras, en función de la estructura de costos actual.
Al respecto, subrayan como ejemplo que el 19,7% de alza aprobada en 2008 se diluyó en la paritaria salarial del último año. Y en ese contexto defienden su posición de "priorizar el servicio", a costa de suspender pagos a proveedores, y así cumplir con el compromiso de la carta firmada: volcar $ 10 millones anuales más $ 1,5 millón en concepto de devolución en obras atrasadas.