El sindicalista que negoció con el Gobierno e impulsó la salida de los inversores privados de Obras Sanitarias Mendoza dice que el futuro de la empresa está atado al Estado.
Daniel Canone, titular del Sindicato Único del Personal de Obras Sanitarias de la provincia de Mendoza (SUPOS), aseguró que el mejor destino de OSM es repetir el modelo aplicado ya en varias provincias del país con las distribuidoras de agua potable.
“Tenemos que conformar una sociedad anónima con 90% de participación estatal y 10% en manos de los empleados”.
Canone no lo reconoce abiertamente, pero algo de eso se habló en los encuentros que mantuvo con el Ministerio de Infraestructura en los días previos a la intervención por 180 días dispuestos el lunes a la empresa.
–¿Ustedes le pidieron la intervención de OSM al Gobierno?
–Desde el 2005 venimos planteando el descenso de la empresa. Cuando asume el grupo Sielecki (uno de los concesionarios de la empresa junto con los franceses de Saur) empezamos a plantear que faltaban personal, materiales y herramientas para trabajar. Ya allí empezamos a abrir el paraguas y a conversar con el gobierno de entonces y nunca tuvimos eco. En el gobierno de Jaque nos abrió las puertas el ministro Pérez.
–¿Cuáles fueron los términos de diálogo con el Gobierno?
–Cuando nosotros nos acercamos ellos ya estaban en conocimiento de algunos temas.
–¿Y de qué se habló concretamente antes de la intervención?
–Nosotros estamos convencidos de que los privados no iban a sacar adelante a la empresa. Durante mucho tiempo hubo una pelea entre privados y empresas por el tema tarifario. Ahora yo, lo que espero, es que no se siga jugando a la política con la empresa.
–Para el sindicato, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a la empresa?
–Lo que se viene haciendo en todo el país: en Capital Federal, en Buenos Aires, en Salta, en Santa Fe. Se conformaron sociedades anónimas en donde el Estado tiene el 90% y el resto es de los trabajadores. Creemos que con ese esquema la empresa puede seguir adelante.
–¿Le han planteado eso al Gobierno?
–Sí, yo lo sostengo desde hace tiempo. Pero la decisión la van a tomar ellos.
–¿Es posible devolverles la empresa a los actuales concesionarios?
–Yo creo que no, y además no sería conveniente.
–¿Cuál es el verdadero estado de la empresa hoy?
–Malo. Hay un deterioro en toda la provincia. Tenemos problemas con el agua en Lavalle, en San Rafael, en Alvear, tenemos problemas con el agua en Potrerillos…
–¿Cuál es la magnitud de la inversión que necesita la empresa?
–Para tener una empresa joya, como hace once años atrás, se necesitarían unos $500 millones
–Siempre se habló de que hubo mal manejo por parte de Saur. ¿Usted lo pudo comprobar?
–En un principio hubo desinversión. Cuando llegaron los franceses la tarifa era buena y allí se deberían haber hecho las inversiones. Se compraron camionetas, un par de equipos y nada más. Lo que es cañerías no se hizo nada.
–¿Considera que el Estado es también responsable de que se haya llegado a esta situación?
–Desde siempre el Estado fue responsable: esta empresa nunca debió privatizarse. Para nosotros fue una mala privatización. Aunque también está claro que los privados se cansaron de discutir la tarifa.
Los sueldos en euros
–¿Es cierto que había funcionarios que cobraban en euros?
–En un principio pudo haber sido. Había tres, cuatro cinco extranjeros, pero eran de la Saur, no de Obras Sanitarias.
–¿Les ha dicho algo la empresa luego de la intervención?
–A nosotros nada, es más, yo estaba esperando que se fueran, porque esto no daba para más. Está claro que lo que termina por hacer caer la empresa es la falta de conducción.
–¿Cómo fue eso?
–Los directores de la empresa venían una vez al mes a Mendoza y pasaban derecho a la Casa de Gobierno a pedir aumento de tarifas. No pasaban por la empresa. Yo sé bien qué gerentes propusieron que hay que hacer tal o cual obra. La respuesta de ellos era: “Pedile un aumento al Gobierno”. |
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