Los diputados se disponían anoche a dar media sanción a la nueva ley de Emergencia Agropecuaria, que dispone un fondo mínimo anual de 500 millones de pesos para la asistencia a los productores en crisis. La primera sesión después de las elecciones fue una prueba de fuego para el bloque oficialista. Que negoció, contrarreloj, con el debate en recinto en marcha, durante unas cuatro horas. Y que debió ceder en algunos puntos centrales del proyecto.
A las cuatro de la tarde, con las chicharras sonando, los diputados de la oposición pusieron el grito en el cielo. El proyecto que bajaba al recinto, destinaba un 30 por ciento, es decir unos 150 millones de pesos, a un Fondo Nacional de Prevención, que los legisladores temían que fueran entregados discrecionalmente a organizaciones amigas del Gobierno.
El panorama era gris. La mendocina Patricia Fadel convocó a una reunión a los representantes de la oposición. Se juntaron en el despacho del radical Pedro Morini. De a poco, se fueron sumando: el socialista Lisandro Viale, Christian Gribaudo de PRO, Luis Lusquiños del Frejuli, Francisco Ferro de Coalición Cívica, Claudio Lozano y Eduardo Macaluse (SI). En el recinto se anunció que iba a haber una alteración en el orden previsto porque había reuniones de último momento para consensuar la emergencia agropecuaria.
El bloque oficialista tuvo que hacer concesiones. Anuló la disposición que predestinaba un 30 por ciento del fondo a la prevención. No sólo achicaba el monto final de la emergencia sino que escapaba a la serie de controles que sí le cabe al dinero destinado a la asistencia.
Con la nueva ley, la emergencia será declarada por un Comité formado por el Consejo Federal Agropecuario, universidades nacionales, el Banco Central, el Banco Nación y representantes de las provincias. El texto original establecía que además iban a participar las entidades agropecuarias designadas por el Gobierno. La oposición exigió que fueran las entidades con personería jurídica nacional (hoy día: Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria). Finalmente, la determinación del Comité de Emergencia, establece la ley, debe ser puesta en marcha por la Secretaría de Agricultura de la Nación.
Otra propuesta de la oposición aceptada por el oficialismo fue que si un año no se gastan los 500 millones del fondo, el remanente quedará y se sumará a la partida del año siguiente.
Los diputados oficialistas consiguieron convencer a sus pares de que era imposible destinarle más dinero al fondo. El radicalismo, de hecho, pretendía que hubiera un segundo fondo de otros 500 millones de pesos para que se activara una vez que fuera gastado el primero. Pero la propuesta no avanzó. A cambio, al texto final se le agregó la palabra “mínimo” para que sea posible discutir más dinero ante una coyuntura de gravedad.
Crítica de la Argentina le preguntó a Patricia Fadel qué había provocado la larga reunión mientras el resto de los diputados sesionaban. “Es que si bajamos y discutimos todo esto es un lío, hay muchas cosas por pulir, pero ya está”, explicó.
El entrerriano Lisandro Viale, en cambio, estaba resignado. “Estamos en Argentina, qué vamos a hacer, empezaron a llamar con las chicharras sonando, cuando ya no había más tiempo”, comentó.
Los distintos proyectos de Emergencia Agropecuaria habían salido, sin consenso, de la Comisión de Agricultura, una semana atrás. El último martes, esa misma comisión no consiguió ponerse de acuerdo en un proyecto de salvataje a los tambos. Es la misma comisión que tampoco consigue unificar los discursos por las retenciones.