Pasado el golpe de efecto que buscaba con la intervención de OSM, al Gobierno se le abren no pocos interrogantes sobre el futuro, habida cuenta de los efectos secundarios de su decisión.
Es que a Saur International, convencido de reflotar su demanda millonaria contra el Estado nacional ante el Ciadi, se suma ahora su socio principal, Southwater, con acciones propias en marcha. La firma del grupo Sielecki ya instruyó a sus abogados que diseñen minuciosamente una estrategia para accionar ante la Justicia de Mendoza y así obtener una compensación.
La medida, cuyos detalles mantiene bajo siete llaves el área legal de la empresa, que posee el 32% de las acciones de Obras Sanitarias, se distingue de la de Saur por el ámbito de aplicación (local) y el sujeto de la demanda (la Provincia), pero tiene un denominador común: sus impulsores descuentan que estará en marcha mucho antes de concluido el período de la intervención (enero).
Si bien desde el grupo evitan anticipar el choque con el Ejecutivo y hablan de "voluntad de colaboración", admiten que no mantendrán los brazos cruzados.
"La intervención administrativa de la empresa no nos gustó para nada, pero debemos reconocer que Jaque no escondió la basura bajo la alfombra. Con el 19,7% decretó el primer aumento en una década de concesión", señaló Federico Qüerio, ejecutivo del grupo accionista y ahora ex vicepresidente de OSM.
Y añadió que "hay un camino legal a seguir en Mendoza, que tiene un sistema judicial fuerte". En la mente de los estrategas jurídicos está claro que los plazos procesales son menores a los 6 meses de control oficial.
"Mas allá de la legal defensa de nuestros derechos, nuestro grupo tiene la voluntad de colaborar positivamente en la solución", resaltó Qüerio.
El ejecutivo calificó ayer de "camino entre blanco y negro" el de la intervención. Y consideró la medida oficial como "una bisagra que obliga a preocuparse por lo fundamental: eficiencia y tiempos razonables para mejorar el sistema de agua y cloacas". Respecto al aumento de 36,1% "auto-concedido" por el Gobierno cuando se negociaba un 40% con los accionistas, para la voz autorizada de Southwater "es mejor que se haya dado que discutir para quién fue, después de una demora de un año".
Hay argumentos varios a utilizar para sustanciar la demanda. Por ahora, uno es el pago pendiente de $ 7 millones en concepto de IVA que, según los accionistas, el Ejecutivo se comprometió a cancelar a la AFIP hace un año y medio, ante la mora en los pagos de facturas, pero nunca cumplió.
Igual, el argumento de fondo para pedir una compensación siguen siendo las pérdidas durante la etapa de tarifas congeladas, que buscarán demostrar con los flujos de caja durante el período: según estimaciones de Southwater, los insumos de potabilización subieron 570% y el mantenimiento eléctrico 479%, frente al incremento tarifario de 19,7%.
"Es necesario estar desinformado para preguntarse qué dividendos se llevaron los accionistas. Los balances auditados, y no objetados por el socio ?Estado provincial', registran que desde 2002 no se retiró ni un peso de utilidades, pese al 6% de rentabilidad que asignaba la carta entendimiento", concluyó Qüerio.

Quién es quien
Southwater. Llegó a OSM en 2005, al comprar las acciones de la desaparecida norteamericana Enron.
Sielecki. Es el grupo empresariofarmacéutico al que pertenece.
Dónde opera. Es controlante y operador del servicio en Santiago del Estero, hasta 2026.
Demanda local. Quiere iniciar antes de fin de año una querella contra el Estado mendocino.
32% es su participación accionaria en OSM, igual que Saur, el operador. Inversora Mendoza (Vila- Groisman) tiene 3,4%, el Estado 20%, Italgas 2,5% y el personal 10% .

El Gobierno confía en conseguir fondos
El interrogante sobre la fuente con la cual se financiarán las obras que la Provincia dijo que son necesarias tras la intervención de OSM se potenció luego de que el ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido, dijera al gobernador Celso Jaque que no enviarán fondos para ayudar a la empresa y sólo apoyarían con dinero al Gobierno local en obras puntuales.
A este revés hay que sumar que la financiación internacional podría también tambalear por la demanda millonaria del grupo francés Saur ante el Ciadi, institución del Grupo del Banco Mundial y cercana al BID, alejando las probabilidades de contar con esos fondos.
El ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, relativizó el dato y se mostró confiado. "El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo no son las únicas fuentes. También están los fondos de la Nación, el desembolso que llega de las retenciones a la soja, las partidas del presupuesto provincial y el Fondo Federal de Inversiones", detalló Pérez.
Y agregó que en los últimos 10 años, el Estado realizó un conjunto de seis obras ya terminadas valuadas en $ 23,5 millones y en ejecución hay tres con un costo de $ 11 millones.

Con el agua no
Por Arturo Lafalla - Ex gobernador de Mendoza
Comenzando por el final, adelanto una advertencia: si a alguno de los funcionarios actuantes en este proceso de intervención de Obras Sanitarias, sin distinción de niveles, se les ha ocurrido que el mismo puede concluir entregando la mayoría accionaria, por un precio vil o no, a un grupo mendocino con importantes intereses inmobiliarios en zonas no servidas por la empresa, deben saber que hay muchos como yo que estamos dispuestos a hacer tronar el escarmiento.
Todos los temas públicos merecen seriedad, pero sin lugar a dudas, y en particular en Mendoza, con el agua no podemos dejar de ser serios y aun rigurosos. Para que no haya dudas, quiero decir: ¡Con el agua no se jode!
Celebro que hoy tengamos esta discusión consecuencia de la iniciativa del Gobernador de intervenir Obras Sanitarias.
La advertencia vale en primer lugar para mí, responsable de haber vendido mediante licitación el 70% de las acciones de Obras Sanitarias Mendoza SA en 1998.
En ese entonces, y reitero que asumo toda la responsabilidad, propusimos a la Legislatura una ley estableciendo un marco regulatorio (que no existía en Mendoza) para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento. Determinaba los territorios donde prestar los servicios para la concesión, la obligación de prestación universal dentro de los mismos y un sistema de fijación de tarifas.
En el mismo proceso creamos el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), organismo oficial cuyos integrantes debían ser designados previo concurso de antecedentes y para acceder a la presidencia debía contar con acuerdo del Senado.
La función específica que debía cumplir era la de exigir al concesionario el cumplimiento del contrato de concesión, protegiendo de este modo la calidad del servicio prestado al usuario y la tarifa justa. Celebramos un contrato de concesión entre la Provincia y OSM SA que fue aprobado por la Legislatura por 25 años, con posibilidad de prórrogas de 7 años. Obviamente, si había cumplimiento del contrato en la etapa anterior.
Parte esencial de este contrato es que las plantas potabilizadoras, las redes, los inmuebles, es decir los activos todos que usa la empresa para prestar el servicio, siguen siendo de la Provincia.
Todo esto se hizo siendo la empresa totalmente del Estado, sin ninguna participación de los futuros tenedores de las acciones. Luego, recién llamamos a licitación y vendimos el 70% de las acciones a 162.000.000 dólares, los que fueron destinados en su totalidad a obras, como lo exigía la ley, en especial al dique Potrerillos.
Esto fue sintéticamente lo que hicimos.
Quedaron en manos del Estado los siguientes controles o herramientas para hacer que el concesionario cumpliera el contrato: 1) el EPAS, con todo el poder del Estado para ser el guardián del agua urbana en Mendoza; 2) el 20% de las acciones de OSM SA, lo que implicaba que al menos una vez al año un representante del gobierno de la Provincia debía aprobar o rechazar los balances de la empresa y así consentir o no qué hacía ésta con el dinero recaudado; 3) el poder concedente.
La Provincia tuvo siempre la facultad de intervenir la empresa (cosa que ha hecho ahora sin necesidad de modificar el contrato original) o declarar rescindida la concesión por incumplimiento contractual.
Sería bueno saber quiénes firmaron esos balances en representación de los mendocinos y que expliquen por qué hicieron lo que hicieron.
Sería bueno que los distintos titulares del EPAS expliquen qué hicieron durante estos diez años.
Sería bueno que los gobernadores que me sucedieron explicaran, si hubo incumplimientos por parte de la empresa, por qué no la intervinieron o por qué no rescindieron el contrato cuando esos incumplimientos tuvieron lugar.
Sería bueno saber si hubo que aumentar tarifas a lo largo de estos diez años por qué no se hizo en su momento y acorde con las reales necesidades de inversión o el aumento de costos, todo de acuerdo con el contrato suscripto.
Si los males de hoy devienen de algún error en el contrato original y que el mismo no fuera subsanable, me hago cargo. Si por el contrario, como sostengo, vienen de no haber ejercido con decisión y en su oportunidad las facultades de control que tuvieron siempre a mano, que se hagan cargo.
Mirando ahora hacia el futuro, creo que el sistema vigente es el mejor que podíamos tener: marco regulatorio por ley, un organismo profesional puramente estatal de contralor como el EPAS y una empresa concesionaria del servicio.
A mi juicio, resulta secundaria la discusión acerca de quién tiene la mayoría accionaria, un particular o el Estado. Lo prioritario es una ley, el EPAS (independiente del poder de turno como la Justicia) y una empresa comercial (con o sin mayoría estatal, pero con participación estatal) que preste el servicio cobrando por ello una tarifa que sustente los costos e inversiones y una razonable rentabilidad que deberá surgir de su eficiencia.