La etapa más compleja que tendrá que afrontar el nuevo interventor de OSM, Gonzalo Dávila, será contar con los fondos necesarios para afrontar las obras que se necesitan para dar señales de mejora en el servicio público. Los cálculos iniciales efectuados por el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, y por el propio Dávila consideran que hacen falta entre $400 y $500 millones para poner a punto a la empresa. Una suma equivalente al presupuesto que tiene para funcionar todo el año un ministerio, que será imposible de desembolsar de una sola vez.
En los primeros cuatro días al frente de la intervención, Dávila ha tenido un contacto con un grupo de abogados locales que representan a los accionistas y ayer mantuvo una reunión con Alberto Anta, titular del estudio contable que tiene a cargo la administración contable de OSM, para recibir balances e información que permita conocer el funcionamiento de la empresa. Hasta ahora ninguno de los accionistas ha hecho saber nada en reacción a la decisión asumida por el Gobierno.
Dávila desembarcó en la empresa junto con cinco personas más, todo personal que hasta ahora ha estado en el EPAS, pero los próximos días cuando empiece a organizar el trabajo se quedará sólo con tres personas.
El objetivo más cercano de la intervención es “hacer un barrido a fondo para mostrar lo más pronto posible un cambio de tendencia y evitar que el servicio se deteriore aún más”.

–¿Cuáles han sido las primeras tareas que hizo?
–Un relevamiento de la información disponible en la empresa. El escribano de Gobierno ha precintado cajas fuertes y armarios, ahora se ha empezado a hacer un inventario de documentación. Lo mismo se ha hecho con todo el sistema informático.

–Tienen que conseguir recursos rápidamente porque sin fondos no hay mejora posible...
–Hemos dividido las tareas, yo me ocupo de la gestión y el Ministerio de Infraestructura se ocupará de buscar financiamiento.

–¿En dónde?, porque la Nación les ha dicho que no hay fondos.
–Sí, parece complejo pero es posible conseguir financiamiento a través del BID.

–¿Qué es lo más urgente que tienen que solucionar para mejorar el servicio?
–Desde el punto de vista del usuario lo más necesario es mejorar el abastecimiento de agua. Desde el punto de vista técnico lo más urgente y lo más caro es el impacto que ha dejado el mal manejo de los líquidos cloacales.

–¿Hay problemas de contaminación?
–No lo sabemos. Tenemos que hacer que las plantas de tratamiento de líquidos cloacales funcionen y además hay que remediar el daño que se ha ocasionado.

–¿La planta de personal está sobredimensionada?
–Por lo que hemos visto hasta ahora no. Hay 550 empleados, más 80 contratados. Se gasta aproximadamente el 55% del presupuesto en sueldos, que es un porcentaje razonable. Y por lo que hemos podido ver hasta ahora los montos de los sueldos también son razonables.

–¿De cuánto?
–Van de los $2.000 a los $5.000, son inclusive más bajos en otras empresas de servicios, como por ejemplo las del sector eléctrico.

–¿Pasa lo mismo con los sueldos de los gerentes?
–Cinco de ellos cobran entre $10.000 y $15.000 y dos más que aún no hemos podido saber cuánto cobran y los hemos suspendido con goce de haberes hasta conocer exactamente su situación. Son la gerente de Asuntos Legales, que además estaba a cargo de la gerencia general, Alejandra Alberdi, y el gerente de Operación, Federico Pagnota.

Una limpieza que costará varios millones
“El agua que se consume es potable, eso es seguro. Pese a las profundas deficiencias que ha tenido el servicio durante los últimos años, el agua que se consume en Mendoza es segura. Puede haber problemas de distribución, se pierde y es poca, pero es de buena calidad”, aseguró Dávila.
Entre las obras que hay que llevar adelante para mejorar el nivel de presión en el Gran Mendoza –uno de los problemas más frecuentes por el que la empresa ha sido multada– está la ampliación de la planta potabilizadora de Benegas. Ésta es una obra que requiere de una inversión de alrededor de $45 millones y aunque el dinero estuviera todo hoy, la obra en sí demoraría dos años para ser terminada.
“Todo lo que tenga que ver con las obras no se puede solucionar en unos pocos meses. Sería irreal pensar que al final de la intervención la gente va a notar una mejora en el servicio, que tendrá más agua y que el nivel de reclamos descenderá bruscamente. Ninguna de esta variables va a cambiar demasiado en el corto plazo”.

El manganeso en Godoy Cruz
No todo se trata de obras, sino también de hacer tareas de mantenimiento que no se han estado haciendo y que ahora cuestan muchos millones. El ejemplo más conocido de esto es el caso de la presencia de manganeso en algunos barrios de Godoy Cruz, problema que motivó muchas quejas de los vecinos que terminaron con una denuncia en el EPAS y la aplicación de una multa por $100.000 que la empresa nunca pagó.
La presencia de manganeso en el agua se debe exclusivamente a la falta de limpieza del acueducto de Potrerillos, explicó Dávila, que trae el agua desde la planta potabilizadora de Potrerillos hasta Godoy Cruz. “Esto es consecuencia del ahorro mal entendido en costos de operación. Ahora limpiarlo saldrá varios millones”.