Hace exactamente un año, el 7 de agosto de 2008, los gobernadores de La Pampa y Mendoza firmaban el convenio sobre recuperación y distribución de aguas del río Atuel con los auspicios del gobierno nacional que aparecía como garante de su materialización. Lamentablemente, los pronósticos más negativos -o más realistas- respecto a su efectividad parecen haberse cumplido.
Pese a que una de las cláusulas establecía taxativamente que el río debía llegar con un caudal permanente a nuestro territorio a partir de la rúbrica del acuerdo, desde aquella fecha sólo se registraron algunos escurrimientos que llegaron ocasionalmente al límite interprovincial. Y es altamente probable que esos episodios obedezcan a necesidades circunstanciales de las áreas bajo riego ubicadas aguas arriba y no a una voluntad política de cumplir con el convenio.
En nuestra provincia se siguió al pie de la letra lo pactado: el convenio se aprobó a libro cerrado en la Cámara de Diputados en donde el oficialismo no aceptó ninguna de las observaciones planteadas por la oposición y se descalificó toda crítica al texto. En cambio la provincia cuyana estuvo muy lejos de cumplir su parte. Ni siquiera el Poder Ejecutivo lo elevó a la legislatura para su aprobación y apenas si se encuentra sometido al "estudio" del Departamento General de Irrigación, organismo que siempre se caracterizó por una obstinada postura antipampeana.
Más allá del análisis de detalle, que demuestra la razonabilidad de algunas críticas a un acuerdo que deja dudas en relación a que sea beneficioso para La Pampa, los hechos vuelven a poner en evidencia algo que es harto conocido por la población pampeana: Mendoza, fiel a su tradición, persiste en su cerrada postura de no ceder voluntariamente una sola gota de agua del Atuel. Ni siquera en un caso como éste, enmarcado en un convenio que le resulta netamente favorable.
En este escenario ha surgido una novedad en los últimos días que hay que seguir con atención. El gobierno mendocino parece haber comenzado a insinuar que estaría dispuesto a "ceder" aguas de desecho -colas de riego y de reúso, según la terminología técnica- enviadas a través de un antiguo cauce salinizado. Es muy probable que esta iniciativa responda a la intención de eludir el molesto artículo del convenio que habla de un caudal permanente en el límite provincial.
Es evidente que estas aguas que ahora "ofrece" Mendoza -en una suerte de trueque zorruno- no son las que menciona el convenio, por tal motivo no cabría calificar como "una idea superadora" a esta "solución", pues no se trata de superar nada sino de cumplir y exigir el cumplimiento de un compromiso claramente establecido. El que, hay que decirlo, no es nada oneroso para la parte mendocina.
Sí hay que destacar, en cambio, lo señalado por la autoridad hídrica pampeana en cuanto a que no se otorgará el aval ante el Comité Interprovincial del Río Colorado (Coirco) para el cambio de sitio de trasvase de los caudales que le corresponden a Mendoza si el convenio no se cumple debidamente.
Todas estas turbulencias -que incluyeron la sorprendente presencia de un funcionario nacional que vino a solicitar "gestiones amistosas entre legisladores"- no hace más que resaltar la mala voluntad cuyana. Esa prepotencia supera ya el medio siglo, y ha dejado una dura enseñanza a los pampeanos: se hace necesario un replanteo político, salvo que se quiera claudicar una vez más ante los mendocinos, cuya mala fe está fuera de toda duda como lo atestigua la historia de las últimas décadas. Los lineamientos -aún los contrarios a esa idea- deberán surgir de la comunidad pampeana toda para que las autoridades la trasformen en una firme y consecuente política de Estado. De lo contrario la reivindicación de nuestras aguas seguirá siendo -como dicen despectivamente los cuyanos- apenas un elemento de inspiración folklórica.