Historia vieja. Película en blanco y negro, con final obvio, previsible. Con héroes de plástico y villanos de utilería. En la tragicomedia de OSM -como pasó antes con Edemsa- nadie ignoraba que la relación Gobierno-concesionarios -licitada a mediados de 1998- estaba quebrada a poco de andar.
Franceses y norteamericanos de prestigio internacional en el oficio y mendocinos del negocio inmobiliario (estos con aporte minoritario, el 4%), habían pagado imprevistamente en 1998 unos 162 millones de dólares por ese otro trasto viejo e insuficiente.
Llegaron con planes, imaginando un negocio venturoso como socios mayoritarios de un Estado anémico, que siguió siendo propietario de la infraestructura (dueño y responsable final del servicio, además). Pero en poco más de un año, se desbarrancó por enésima vez el país: se vino el abismo 2000-2002, devaluación incluida.
Como en la historia del escorpión, no pudimos con nuestra naturaleza: aguijoneamos a la rana a mitad del río.

Del modelo K. Desde aquellos magros días hasta estas noches, cloacas tapadas y agua escasa y la gran ciudad expandiéndose caótica. Mientras, la gestión política -nacional y local- enfrascada en su burbuja, no supo pilotear la crisis de los servicios ni las relaciones de negocio con los concesionarios. Peor aún: se escondió detrás de la demagogia, congeló todo y diseñó un monstruo para autojustificarse.
Privatizadores y concesionarios de empresas de servicios pasaron a la categoría de “perversos del capitalismo salvaje”. Aquí, los franceses de EdeF en Edemsa, los de la Saur en OSM.
Casi una película de terror: las gestiones políticas locales -desde Iglesias hasta los primeros días de Jaque, pasando por Cobos- congelaron las tarifas “sanitarias”. En OSM, en 11 años recién en julio del año pasado, se decretó un aumento de 19,7%, por decreto de Jaque (lo había negociado en 2007 Cobos, antes de irse con K, en la 2da Carta de Entendimiento). Al congelador: a pesar de la devaluación (300%) y de los nuevos costos.
En esos azarosos 11 años, los insumos químicos subieron para los concesionarios 570% y el costo de mantenimiento 479%, como constató la Universidad Nacional de Cuyo. Y los salarios.
Los “perversos”, además, venían endeudados con créditos en dólares: en Mendoza pagaron en verdes al contado 240 millones por EMSE y 132 por OSM (no en títulos devaluados de la deuda argentina, como en las privatizaciones de Menem, Dromi y María Julia). La mayor parte sirvió para construir Potrerillos, que nos prometíamos desde hace medio siglo.
En cuanto Néstor consiguió echar a Lavagna (que propuso un proceso de ajuste tarifario) se congelaron tarifas, subsidiaron los servicios, estrujaron las retenciones al agro exportador y edificaron una ficción, con “concesionarios perversos y acreedores expoliadores”. Y el campo, oligarca y abusador: del catecismo K.
Bajo la alfombra. A las empresas concesionarias se les pinchó el negocio previsto. Empezaron a perder y varios hicieron las valijas: “minga” de invertir, diría De Angeli. Algunos, como los de Edemsa, huyeron antes. Otros todavía aguantan para ver si rescatan algo o porque aún confían conseguir un proceso de tarifas reales. Mientras, nos denunciaron al Ciadi internacional.
De hecho no pusieron los dólares prometidos en la renovación y ampliación de las redes.
Culparon al Estado por el “cambio de reglas de juego y las obligaciones contractuales”. La política zafó, mientras el vecino se embromaba. Durante 10 años, en ese marco de país, el vecindario (más de 200.000 usuarios) pagó entre 14 y 17 pesos mensuales por el servicio básico de agua y cloacas.
Las de Mendoza, pasaron a ser unas de las tarifas más bajas de toda la zona desértica de agua escasa y alto costo de tratamiento. Así, que OSM se iba a caer devastada en manos del Estado, o de sus amigos, era un final cantado. Con las dos Cartas de Intención de 2005 y 2007, Cobos se fue a la Vicepresidencia sin poder resolver el entuerto.
Un informe del EPAS sintetiza que de cada 100 pesos comprometidos, “los concesionarios invirtieron 28”, y no precisamente en obras de infraestructura. Pero admite que “de las provincias que concesionaron, Mendoza aumentó una vez en 11 años -el 19,7% el año pasado-; las otras, 5 ó 6 veces con aumentos promedio de 85 a 90%”.
El modelo K de gestión política se replicó en Mendoza. Pese a que aquí -a diferencia de lo que hizo el clan de Anillaco- las concesiones se hicieron por ley de la Legislatura, marco regulatorio y entes reguladores. Tenían las herramientas legales para conducir, controlar y hacer útil el acuerdo de 1998. Pero escondieron la mugre bajo la alfombra.
El final irreversible. Finalmente, el lunes amaneció la intervención con que venían amagando, desde hacía años, radicales y justicialistas. El Estado, como responsable del servicio, no puede observar desde la tribuna, mirando cómo el agua y la cloaca iban camino a la degradación.
Pero Jaque erró al ocultar la intervención a la oposición, el domingo a la tarde y que anunció minutos antes a los intendentes.
El aumento tarifario -inevitable- que pudo haber sido discutido junto con un plan básico con opositores y ONG, llegó como otro golpe traumático, en lugar de un proceso gradual y razonable. Justo en la semana del escándalo del gas y de la electricidad. Costo amargo de la concepción K.
El viernes, Federico Querio -ex vice de OSM- insistió en que estudian un juicio contra la Provincia. “La intervención no nos gustó -admitió-, pero reconocemos que en once años de concesión sólo Jaque afrontó el problema y le puso el rostro”. Pero, del 36,5% se preguntó: “¿Por qué se lo dio a la intervención si lo negó anteriormente a la gestión privada?” (en junio del año pasado, OSM pedía un incremento de 41%).

Final cantado: las empresas caerían devastadas en manos del Estado (responsable del servicio) ¿Reestatización momentánea? Hay dudas. “Tras reordenar, el Estado podría negociar con otros grupos de la empresa, para darle la operación técnica que tiene Azur y que esta empresa no renueve el contrato”, se sinceraron en la Intervención el jueves.
Y danzaron las sombras de los grupos inmobiliarios que siguen atentos este descalabro. Foto obvia: servicios corroídos, gobiernos con el muerto en brazos endeudándose para hacer lo que había que hacer y apretando al usuario, “para sostener el servicio”.

Para quién. Jaque pide plata en el emporio de De Vido: tendrá que afrontar obras muy caras (dicen alrededor de 200 millones de pesos) y reordenar. Antes de pensar en la futura herramienta -si estatal o concesionada- tendría que consensuar en serio una política de Estado de estos servicios, atento al modelo de ciudades y de vida que se pretende. Esto requiere acuerdo en serio (no el apresurado del domingo).
Mendoza, además, debería discutir una norma que evite que los servicios y la energía -petróleo, gas, electricidad, agua de riego y de consumo, cloacas, por ejemplo- terminen concentradas en las redes hegemónicas de algún grupo, sea del pago, de la “nueva burguesía nacional” o de la geografía universal.
Por ineptitud política o corruptela, cada vez más, las cuestiones públicas se deciden en coquetos escenarios de emporios que infiltran las instituciones, funcionarios legisladores y jueces. Ellos saben que de la energía, del petróleo y sobre todo del agua, dependen sus futuros negocios.