A la luz de la historia, los procesos de privatización de los bienes del Estado, como fueron los Bancos Mendoza y de Previsión Social, Obras Sanitarias y EMSE nunca cumplieron los objetivos propuestos.
A la eficiencia prometida, la realidad trajo precarización de los servicios públicos por la desinversión generada especialmente a partir de la devaluación. La reforma del Estado trajo mayor endeudamiento y la necesidad justamente de más Estado para garantizar servicios básicos.
El Estado se quedó sin mucho margen de acción. Está endeudado, sin bienes ni herramientas de desarrollo; con entes reguladores politizados que no cumplieron su función de control; a las puertas de una situación donde la caída en la actividad no da mucho margen para ajustar todavía más las tarifas; y frente a inversores altamente disconformes que entraron a un negocio que prometía seguridad y rentabilidad en dólares pero que terminó signado por cambios constantes en las reglas de juego.
A continuación un repaso de lo que fue, lo que dejó y puede dejar el proceso privatizador de Mendoza:

Los Bancos estatales
El Banco Mendoza fue una entidad crediticia creada en 1888 para potenciar la actividad productiva y el desarrollo de la provincia. De ser un banco mixto (público y privado) pasó a ser totalmente estatal durante la gobernación de Felipe Llaver.
La discrecionalidad política fue deteriorando su situación hasta que la primer gran privatización de la provincia le dio sentencia de muerte, como fue la venta de Bodega Giol en 1990 a manos de José Octavio Bordón.
Al momento de su privatización, Bodegas y Viñedos Giol valía (según una denuncia hecha en su momento por Pedro Montenegro, ex diputado radical) unos U$S 109 millones, pero se entregó a Fecovita por U$S 18 millones. Esta decisión, le significó una pérdida al Estado de unos U$S 100 millones, equivalente a la deuda que Giol tenía con el Banco Mendoza.
Pero fue bajo el gobierno de Rodolfo Gabrielli cuando en 1995 el Banco Mendoza vivió su primer gran caída. Desde ahí se comenzó a trabajar en su privatización, junto con el Banco, también estatal, de Previsión Social. No fue un hecho aislado, ya que para marzo de 1997 los bancos estatales de 13 provincias argentinas se habían privatizado.
Asumió como gobernador Arturo Lafalla en diciembre de 1995 y bajo su gestión se privatizaron los bancos Mendoza y Previsión Social. Ambos fueron absorbidos por el grupo Magna República, cuya cabeza visible era Raúl Moneta, asociado en ese momento a empresarios mendocinos como Enrique Pescarmona (Impsa), Jacques Mattas (Industrias Mattas), Emilio Magnaghi (Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz), Roberto Pierrini y Jorge Pérez Cuesta, entre otros.
Para ordenar el proceso privatizador, la provincia contrató los servicios de la consultora y calificadora de riesgo internacional, Merrill Lynch, quien se encargó de confeccionar los pliegos de condiciones. Detrás de este gesto de “transparencia”, rápidamente la oposición salió a denunciar que se avanzaba hacia un proceso armado para que Moneta ganara la licitación, ya que un pariente del banquero trabajaba en Merrill Lynch.
Años después, las sospechas tomaron forma y Moneta fue acusado de utilizar al Banco Mendoza para sostener a otra entidad bajo su control, el Banco República, que se usó para triangular con otro banco, el Federal Bank, ubicado en Bahamas (paraíso fiscal), para sacar del país miles de millones de dólares de dudosa procedencia (corrupción, narcotráfico, etc.)
Fruto de estos desmanejos, donde se usaba también al Banco Mendoza para recibir millonarios salvatajes del Banco Central, a cargo en ese momento de Pedro Pou, que luego salían convertidos en créditos de dudosa cobrabilidad, en abril de 1999 se produjo la segunda y definitiva caída del banco, ya privado, y el inicio de su proceso de liquidación.
Sus sucursales fueron absorbidas por 11 entidades como el Nación, Suquía y Regional de Cuyo a la cabeza.
La privatización de los bancos estatales fue un pésimo negocio para Mendoza. El Estado tuvo que hacerse cargo del pasivo que arrastraban los bancos públicos para poder venderlos “saneados”.
Según una investigación legislativa que llegó a manos del, por entonces, juez Luis Leiva en octubre de 1997, hasta antes de su privatización por medio de los bancos estatales de la provincia se dieron créditos por unos U$S 600 millones a clientes que no reunían las garantías suficientes. Dinero que salía de las capitalizaciones que hacía el propio Estado e incluso hasta de créditos que tomaba el Gobierno en la Nación con la coparticipación como garantía.
También el Estado tuvo que pagar el retiro voluntario del personal que no iba a ser absorbido por los nuevos dueños. De tener 1.126 empleados en junio de 1996, el Banco Mendoza pasó a tener 915 en enero de 1998.
Todo eso engrosó un residual sobre el que todavía se intenta avanzar en el cobro de créditos impagos.
En cuanto al nuevo Banco Mendoza, en 1996 Raúl Moneta y sus socios locales le pagaron de contado a la provincia U$S 28 millones.
Pero inmediatamente después la provincia tuvo que pagarle a los nuevos propietarios U$S 90 millones por una “diferencia patrimonial” más otros U$S 95 millones en concepto de cobros y pagos, garantías de cartera y diferencias surgidas de balances, entre otros ítems que se mencionan en un informe de deuda pública dado a conocer en setiembre de 1998.
Así la privatización de los bancos Mendoza y Previsión Social le costaron al Estado al menos unos U$S 750 millones.

Distribución eléctrica
El 28 de mayo de 1997 se aprobó en medio de protestas y manifestaciones en la Legislatura la ley de “transformación de la energía” que dio paso a la privatización de EMSE luego de ser partida en tres: Edemsa, que se hizo cargo de la distribución eléctrica en el Gran Mendoza, Edestesa (distribución en el Este), cuyo 51% del capital accionario fue adquirido por las cooperativas eléctricas de la provincia, y Gemsa, concesionaria de la explotación de centrales hidroeléctricas.
Además, se entregó la zona norte de Godoy Cruz a la cooperativa de ese departamento.
Como en las otras privatizaciones, el Estado tuvo que salir a recortar personal de la empresa. Así de los 1.601 empleados que tenía EMSE en 1997, a Edemsa sólo pasaron 928. El Estado gastó U$S 13 millones en el pago de retiros voluntarios de algunos, otros se jubilaron y el resto pasó a otras dependencias públicas.
El 51% de las acciones de Edemsa fueron adquiridas en U$S 237,77 millones por el grupo Sodem integrado por Electricité de France, Saur Internacional, EDF Internacional y Mendinvert integrado en su momento por los empresarios locales Jacques Mattas, José Angulo y Omar Alvarez (hoy todas estas acciones están en manos del grupo Vila-Manzano y capitales extranjeros).
La Provincia recibió además otros U$S 30 millones por el pago de concesión del servicio, que se le daba a Edemsa por 30 años.
En todo momento, el argumento principal de venta de EMSE fue la necesidad de mejorar el servicio y evitar el déficit fiscal que ésta le generaba al Estado. La carta ganadora frente al rechazo social que generó la privatización del servicio fue que sólo con esto se iba a poder armar un fondo provincial de obras para levantar la presa de Potrerillos, construir y ampliar unas 81 escuelas y varias obras más.
Aunque en el mismo paquete la Legislatura autorizó al Ejecutivo a usar ese dinero también para pagar deuda pública.
Como una serpiente mordiendo su cola, Mendoza cayó en el despropósito de generar nueva deuda para poder privatizar con la intención de pagar más deuda.
Con la crisis de 2001, la devaluación de 2002 y la posterior pesificación y congelamiento de tarifas, la situación se complicó. El servicio comenzó a resentirse y las inversiones se frenaron.
Y con el deterioro lógico del servicio comenzaron a llegar las multas.
Desde que se privatizó, el ente regulador (EPRE) multó a Edemsa por un total de $ 42 millones por incumplimiento en el servicio. De esa cantidad hasta el primer trimestre de 2009 sólo se pagaron $ 18,3 millones.
Aun así, y luego de varias idas y vueltas, el 21 de julio pasado el Gobierno anunció un nuevo cuadro tarifario eléctrico con aumentos del 15% al 30% para los usuarios mendocinos que regirán desde este mes y serán graduales y progresivos hasta llegar a noviembre.
Los más perjudicados serán cerca de 163 mil usuarios, es decir aquellos que pertenezcan a la categoría residencial y que consuman más de 601 kw. En tanto, los que consumen más de 300 kw por bimestre y hasta 600 afrontarán un incremento del 15%.
La esperanza es que tras este nuevo ajuste, la empresa mejore el servicio y reactive un plan de inversiones acorde al crecimiento demográfico de la provincia.

Obras Sanitarias
La “transformación” de Obras Sanitarias Mendoza Sociedad del Estado arrancó en 1994 con la ley 6.044 y se completó con el marco regulatorio del decreto 911 de 1995.
Pero el primer paso se dio recién en 1996 cuando quedó conformada Obras Sanitarias Mendoza Sociedad Anónima (OSM), con una participación accionaria del 90% para el Estado y del 10% para sus trabajadores, y ésta firmó con el Estado un contrato de concesión del servicio de agua potable y cloacas.
Con una empresa en lo formal privada pero con el 90% de las acciones en manos del Estado, en 1998 se avanzó en la segunda etapa del proceso: vender el 70% de las acciones por 25 años para cederle a privados el manejo de la empresa. La mejor oferta (U$S 132,78 millones) llegó del grupo integrado por Saur Internacional, Italgas, Enron Capital & Trade y los inversores locales Dalvian SA (Grupo Vila) y Presidente (Mario Groisman).
El Estado se quedó con el 20% de las acciones con la idea de venderlas a futuro.
Como en toda privatización a la mendocina, el Estado se tuvo que hacer cargo de reducir la planta permanente de trabajadores para ponerla a tono con las necesidades de los compradores. Así ofreció retiros voluntarios que permitieron bajar de 1.200 a 1.000 la planta permanente de OSM a setiembre de 1998 (hoy tiene poco más de 600).
Otra vez, la empresa estatal se vendió bajo el argumento de mejorar, hacer más eficiente el servicio y conseguir financiamiento para las obras que la Mendoza del futuro necesitaba. Pero todo se diluyó en gastos corrientes y deuda pública.
La crisis de 2001 y la devaluación de febrero de 2002 puso en jaque el esquema de negocios que impulsó las privatizaciones: hacerse de empresas de servicios públicos con posiciones monopólicas que aseguren ganancia en dólares.
Supuestos que durante la convertibilidad atrajeron inversiones, pero que con la crisis, devaluación y posterior pesificación de tarifas terminaron no sólo condicionando su continuidad sino frenando todo tipo de nuevas inversiones. Aún las indispensables.
El primer intento de sanear la situación de OSM llegó recién en mayo de 2007, con un acta acuerdo que consensuaron los directivos de la empresa y el gobierno de Julio Cobos, pero que nunca tuvo aval legislativo.
En este acta, se le concedió a OSM un aumento del 19,7% parejo en la tarifa a cambio de que Saur internacional (uno de los principales accionistas) retirara una demanda por U$S 200 millones interpuesta ante el Ciadi (tribunal internacional sobre diferimientos en inversiones).
Bajo este acuerdo, OSM se obligaba a reactivar un plan de inversiones de $ 11 millones al año que incluía unos $ 48 millones en obras adeudadas. Todo en un plazo de 16 años.
Pero este ajuste (el primero desde la privatización) alcanzó sólo para actualizar los ingresos de la empresa en función de los costos vigentes al 2005, por lo que OSM cerró el 2008 con un déficit de $ 131 millones.
En diciembre de 2008 asumió Celso Jaque con nuevos planes para OSM, pese a que seguían los reclamos de la empresa por una nueva actualización tarifaria bajo renovadas promesas de inversiones.
A esa altura, Saur Internacional había hecho más que evidente su decisión de irse de la empresa. Frente a ese escenario, el Gobierno manifestó su intención de sumar el 10% de las acciones del personal para así hacerse con el 50% del capital accionario y ponerla bajo su control. En ese momento, el subsecretario de Servicios Públicos, Marcelo Costa, ya hablaba de “desmanejo” y criticaba al ente regulador, el EPAS, por no haber controlado la situación.
Mientras tanto, desde fines de 2008 y en todo lo que va del año el Estado tuvo que salir a hacer y proyectar obras a futuro, dicen, por un valor total de $ 169 millones frente al proceso de desinversión en el que había entrado OSM.
El lunes pasado el Gobierno decidió ponerle fin a un proceso ya iniciado de renegociación de tarifas para directamente declarar la intervención de OSM por 180 días acusando a la empresa de no pagar el canon por servicio y de arrastrar un déficit de inversiones que a la fecha, según el EPAS, llega a los $ 437 millones.
En los hechos, esta situación ha venido ocasionando no sólo recurrentes cortes y mala calidad en el servicio, sino la existencia, por ejemplo, de niveles inadmisibles de mercurio en el agua que la tornan riesgosa para la salud, según el propio Gobierno.
Oficialmente no se está dispuesto a terminar con la concesión ni menos “estatizar” la empresa, según confirmó el propio Jaque (aunque esa idea la impulsaba hasta no hace mucho el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús). La idea es “garantizar el servicio”, “mejorar la calidad del agua” y “sanear la empresa”.
Pero para eso, claro, se deberá encarar un nuevo proceso de endeudamiento (nacional o internacional) necesario para pagar por las obras que OSM no hizo (y menos hará ahora), ya que el Estado enfrenta un panorama fiscal complicado para lo que resta del año que, de no mediar cambios, puede desembocar en un déficit estimado en $ 585 millones.
Saur, en tanto, frente a la intervención promete no quedarse con las manos vacías y anunció que reactivará la demanda en suspenso que tiene contra la provincia ante el Ciadi por (a valores actualizados) cerca de U$S 300 millones como consecuencia del no reconocimiento de mayores costos en la tarifa. Situación a la que promete sumarse otro de los accionistas mayoritarios, Southwater, con otra demanda pero ante los tribunales provinciales.
El panorama se torna oscuro. Con una empresa ya intervenida, el Gobierno se enfrenta a la necesidad de encarar un plan de obras para garantizar el servicio pero sin los recursos suficientes y sin la ayuda de la Nación (Julio de Vido ya le dijo que no el miércoles a Jaque).
Todo esto, además, ante la inminencia de juicios millonarios contra la provincia que pueden
complicar aún más la situación fiscal a futuro. Por: Federico Manrique - Ilustración: Gabriel Fernández