La polémica desatada por el veto del Ejecutivo a la Ley de Protección de los Glaciares vuelve a instalarse en ambas cámaras legislativas, que con distintas iniciativas insistirán en la postura de prohibir la actividad hidrocarburífera y minera en los hielos.
El 22 de octubre de 2008, el Senado sancionó la ley 26.418 sobre Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Pero luego fue vetada por la presidenta Cristina Kirchner, medida que provocó un fuerte debate aún no acallado.
El Senado insistirá con "un proyecto que mejora el anterior", según dice en los fundamentos el texto al que tuvo acceso Clarín y que esta semana cobrará estado parlamentario. Se trata de una iniciativa conjunta motorizada por el kirchnerista Daniel Filmus, el radical Alfredo Martínez, María Rosa Díaz (ARI de Tierra del Fuego) y a la que adhireron desde otros bloques: el neuquino Horacio Lores, María Estenssoro (Coalición Cívica), el juecista Carlos Rossi y la ex bussista Delia Pinchetti.
Por otra parte, el diputado Miguel Bonasso insistirá mañana, en la Comisión de Recursos Naturales que preside, con el proyecto que fue vetado y que impulsó con vehemencia, al punto que la decisión presidencial apresuró su alejamiento del kirchnerismo. Suele ocurrir, aunque a veces estén de acuerdo --como puede suceder ahora-- que las cámaras compitan entre sí por ganar la delantera.
La ventaja de la propuesta del Senado es que llega con un amplio consenso y parece contar con un guiño del Gobierno. Los senadores que avalan la norma reconocen, además, que el proyecto "respeta absolutamente el espíritu de protección que ostentaba el original, pero con el agregado de una serie de precisiones que lo hacen superador". Se refieren a los tres tipos de glaciares que protege: descubiertos, cubiertos y de escombros.
Otra de las modificaciones realizadas, que responde directamente a uno de los cuestionamientos del veto, es la incorporación al artículo 4 de una mención a la intervención de la Cancillería en las tareas de inventario de los glaciares que dispone la norma.
El artículo 6 es clave, ya que prohíbe la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura, la exploración y explotación minera o hidrocarburífera y la instalación de industrias.
En cambio, los proyectos de los hermanos Gioja --uno senador y otro diputado-- admitirían la explotación minera o hidrocarburífera si son declarados de utilidad pública por una autoridad provincial. En San Juan, gobernada por el tercero de los Gioja, hay emprendimientos mineros de envergadura. Contra esa actividad cabalgó la campaña electoral de Pino Solanas. El debate está de nuevo abierto. Hay que ver cómo jugarán los gobernadores de provincias mineras.