La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de la Cámara de Diputados intentará mañana impulsar un nuevo proyecto de ley para preservar los glaciares de actividades contaminantes, tras el veto de la presidenta Cristina Fernández a una norma de ese tipo.
Los legisladores Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), Rosa Chiquichano y Juan Carlos Gioja (ambos del Frente para la Victoria) presentaron diferentes iniciativas que la comisión buscará aunar para definir un único texto que llegue al debate en el recinto, dijeron fuentes legislativas.
Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, elevó el 11 de diciembre último un proyecto de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial “idéntico” al que había vetado un mes antes la jefa de Estado.
Al respecto, el diputado consideró “muy preocupante” que el gobierno pretendiera “sustituir” la potestad del Poder Legislativo cuando ambas cámaras habían votado en forma unánime la norma que había redactado la ex diputada Marta Maffei.
En el veto, la presidenta aseguró que “prohibir actividades industriales en la zona de los glaciares que pudieran generar situaciones de contaminación afectaría el desarrollo económico de las provincias involucradas”.
En el mismo decreto, invitó a gobernadores, senadores y diputados de las provincias cordilleranas “a constituir un foro interdisciplinario para la discusión de las medidas a adoptar en orden a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial”.
La decisión presidencial fue calificada en su momento como “el veto de la Barrick” por el titular del Inti, Enrique Martínez, debido a que defendía los intereses de la trasnacional minera Barrick Gold, impulsora de varios proyectos en la zona de los glaciares, entre ellos Pascua Lama, conjuntamente con Chile.
El proyecto impulsado por el diputado sanjuanino Juan Carlos Gioja ?el único de los tres legisladores que no integra la comisión de Recursos Naturales sino la de Minería? destacó que “los pueblos cordilleranos no pueden ser condenados a renunciar a las posibilidades de crecimiento y desarrollo”.
Al presentar su iniciativa, Gioja señaló que el texto “respeta el espíritu de protección del proyecto original y las consideraciones vertidas en el veto del Poder Ejecutivo”.
El diputado peronista incluyó en su proyecto “la creación de una autoridad de aplicación de la ley, que armonizará y concertará con las autoridades provinciales competentes en la materia las responsabilidades” para su aplicación. Y comentó que “serán las provincias las que tomarán las medidas para que las actividades actualmente en desarrollo se adecuen a la presente norma”.
La última iniciativa que analizará la Comisión de Recursos Naturales será la propuesta por la diputada Chiquichano, que en la mayoría de los artículos es muy similar a la original y retomada por Bonasso.
La protección de los glaciares se encuentra en análisis de la Corte Suprema de Justicia desde el 26 de mayo último, cuando aceptó una acción de amparo presentada por la Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable.

Cuestionan aportes de las mineras
La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) de la provincia de La Rioja pidió a las universidades nacionales que no reciban aportes de las empresas mineras que contaminan el ambiente.
El pronunciamiento se conoció luego de que fuera denunciada la cantidad de dinero con ese origen que recibe el Consejo Interuniversitario Nacional, con el cual la Universidad Nacional de La Rioja aumentó los salarios de sus funcionarios.
Rogelio De Leonardi, secretario general de AMP, dijo que con esos aportes anuales al CIN, las mineras buscan “modificar voluntades o comprar conciencias” y “desactivar la resistencia de las comunidades que luchan por una tierra libre de contaminación”. Puso como ejemplo a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, que se negó a recibir ese dinero entregado por los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio por su emprendimiento Bajo la Alumbrera.
De Leonardi opinó que “las universidades deberían rechazar estos aportes porque condicionan la necesaria independencia cada vez que investigan y producen dictámenes técnicos”. Además, representantes de la Alumbrera Copper, Goldcorp Inc. y Yamana Gold “han sido acusadas en distintos países, incluido el nuestro, por incumplir normas vigentes, violar derechos humanos, dañar el ambiente y comprometer la existencia y funcionamiento de cuencas hídricas vitales”.
Las mineras aportaron este año “más de 86 millones de pesos” al CIN.