Si el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia ratifica la propuesta de incremento del 11,23 por ciento en la tarifa del servicio de agua potable para los usuarios residenciales de la ciudad de Córdoba, esta variación representará en la realidad para casi la totalidad de los consumidores un incremento promedio que no superará los tres pesos mensuales.
Así lo afirmó ayer la empresa Aguas Cordobesas, concesionaria de la prestación mencionada, en el marco de una caótica audiencia pública convocada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) con el fin de debatir el incremento aludido y el del 19,31 por ciento propuesto por la Mesa Tarifaria para los usuarios no residenciales.
Puntualmente, durante su alocución, el representante de la firma del grupo Roggio, Héctor Randanne, mostró una serie de filminas con las que intentó justificar el pedido de aumento solicitado en marzo. Entre ellas, expuso un cuadro (ver aparte) en el que mostró que para el 85 por ciento de los más de 400 mil clientes del servicio, el ajuste, de ratificarse, será menor a los tres pesos, mientras que para el 14,3 por ciento perteneciente al zonal 4 será de 3,30 pesos y para los sectores “alto” y “alto alto”, las subas serán de 4,20 pesos y 9,80 pesos. En promedio, la tarifa subiría 2,60 pesos.
Es decir, que no sólo el incremento sería ínfimo en términos reales sino que, además, estaría impactando de manera progresiva, beneficiando a los sectores con ingresos más bajos, a quienes sólo se les incrementaría un peso la factura, mientras que a los habitantes de countrys, por ejemplo, se les aplicaría un alza de alrededor de diez pesos.
En tanto, Randanne exhibió estadísticas que muestran que el salario promedio privado en Córdoba, medido en base a la información disponible en el Ministerio de Economía (Mecon), ascendió entre 2001 y 2009 un 250 por ciento, mientras que la tarifa de agua creció, en ese mismo plazo, sólo 67 por ciento. Desde esta misma perspectiva, Aguas sostuvo que mientras en 2001 la tarifa representaba el 2,2 por ciento del sueldo de un cordobés, actualmente dicha relación se redujo al 1,1 por ciento.

Mayores costos
A la hora de justificar las causas que llevaron a la empresa a solicitar un nuevo ajuste (en 2008 la tarifa ascendió casi 43%), el representante de Aguas Cordobesas mencionó que una parte importante de los rubros que componen la estructura de costos de la empresa sufrió grandes variaciones. Entre ellos, se destacan insumos químicos (49,35%), energía eléctrica (26,64%) y reparación de veredas y calzadas (13,62%); mientras que personal tuvo un aumento del 5,95 por ciento.
Posteriormente a la exposición de la concesionaria, el representante del Ersep, Carlos Peroni, coincidió casi exactamente con las cifras aportadas por Randanne y adicionó que el alza del servicio entre 2001 y 2009, que el Ersep ubica en el 69 por ciento, fue visiblemente menor al incremento que sufrieron los insumos más importantes como las sustancias químicas (230%), los salarios (196%) y el costo de la construcción (346%).
Haciendo referencia a estos aspectos, Peroni enfatizó que la propuesta aprobada el 20 de julio por la Mesa Tarifaria (que está conformada por un representante del Ersep, uno de la Provincia, uno de la Fiscalía de Estado y dos de Aguas Cordobesas) sugiere un incremento del 10,75 por ciento en la tarifa a partir de agosto, con un adicional de 0,48 por ciento por seis meses, más un 8,08 por ciento adicional para el caso de los clientes no residenciales. En su momento, el pedido formulado por Aguas Cordobesas había sido del 12,04 por ciento, más un 10,08 por ciento para los comercios e industrias.
A partir de mañana, el Ersep tiene tres días para elevar los resultados de la Mesa Tarifaria y de la Audiencia Pública a la Provincia para que ésta, en un plazo no mayor a los diez días hábiles, se expida al respecto. En las tres mesas que hubo hasta ahora, el gobierno siempre avaló la postura de la Mesa.

Para la oposición, todo el proceso es nulo
La audiencia pública de ayer contó con la presencia de referentes políticos de la oposición provincial, quienes como punto principal coincidieron en tildar de nulo a todo el procedimiento realizado hasta el momento.
Puntualmente, el legislador provincial de la Unión Vecinal Federal, José Maiocco; el presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), Hipólito Faustinelli; y el presidente del comité provincial del radicalismo, Mario Negri; afirmaron que el contrato deja bien en claro que el proceso, entre la presentación del pedido de apertura de la Mesa Tarifaria por parte de la concesionaria y la sanción de una propuesta de modificación por parte de la misma, nunca puede durar más de 90 días corridos, cuando en realidad todo el proceso se extendió del 3 de marzo al 20 de julio.
La oposición acusa al gobierno de haber urdido un acuerdo con la empresa para no respetar estos plazos, teniendo en cuenta que justo se venían las elecciones de junio.
Al respecto, tanto fuentes del Ersep como de Aguas Cordobesas aseguraron que en ningún punto el contrato es taxativo sobre que una vez terminados los 90 días el procedimiento caduca, sino que la finalización del plazo le ofrece a la concesionaria la posibilidad de considerar agotada la vía administrativa o rescindir el contrato. “Aguas Cordobesas no optó por hacer uso de este derecho a fin de dar continuidad al proceso y completar los estudios correspondientes”, señalaron desde la empresa.

Una audiencia signada por el caos
Además de las exposiciones realizadas por la empresa, el Ersep y los referentes políticos, el dato saliente de la audiencia pública de la víspera fue el notable caos que signó la realización de la misma, con momentos álgidos marcados por insultos y gritos provocados por personas que están en contra del aumento.
Entre otras cosas, un grupo de manifestantes de la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) arrojó panfletos y tildó a los gritos de “mentirosos” a los representantes de Aguas Cordobesas, recordando que han presentado una denuncia penal contra la empresa, el gobernador Juan Schiaretti y el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, a quienes acusan de estar “envenenando” a los vecinos.