Varias organizaciones sociales de El Alto pidieron al gobierno del presidente Evo Morales que se industrialice las aguas manantiales del Silala para que Bolivia pueda aprovechar este recurso.
El pedido, que fue expresado por dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y de la Federación de juntas Vecinales (Fejuve), tiene que ver con un rechazo de las organizaciones al acuerdo inicial logrado por los gobiernos de Bolivia y Chile para resolver la controversia sobre la naturaleza de estos recursos.
El entendimiento, que es socializado por el gobierno boliviano, aún no fue firmado por las autoridades concernidas y para que entre en vigencia hará falta la validación congresal de ambos países.
El dirigente de la COR, alteña, Sebastian Condori, explicó que con la industrialización de estas aguas se mejorará efectivamente la calidad de vida de los pobladores de la región potosina de Quetena.
“Hasta ahora no se ha visto la generación de empleos y una solución es la creación de empresas estatales y microempresas”, propuso Condori. No debería darse agua a Chile porque primero debe beneficiarse a Bolivia que a otros países”, indicó.
El acuerdo inicial de cuatro años sobre el Silala establece que Bolivia recibirá una “compensación” inicial del 50% a la espera de que este indicador pueda elevarse en función de posteriores estudios binacionales.
Asimismo, concede un “derecho preferente” sólo de seis meses para las empresas chilenas que aprovechan el recurso.
Este fin de semana, el presidente Evo Morales defendió el preacuerdo alcanzado con Chile, porque el mismo establece el inicio de un proceso por el cual se irá beneficiando el país. “Es difícil volcar el agua al lado boliviano (...) Después de 100 años, ¿Bolivia quiere recibir beneficios o no quiere?” se preguntó Morales.
El vicecanciller Hugo Fernández explicó que el sistema hídrico del Silala está ubicado en una pendiente y que para cortar el agua o aprovecharla sólo en el lado boliviano, “se tendría que construir una represa de más de 200 metros”; una obra de ingeniería que supera al proyecto cochabambino de Misicuni que aún se construye.
Estos argumentos, sin embargo, no convencieron al presidente interino de la Fejuve, Rubén Mendoza, quien manifestó que las aguas del Silala no son internacionales como se haría ver con la compensación del 50 por ciento.
“En lugar de comprar un avión presidencial (de 36 millones de dólares), con ese dinero se debe comprar equipos para transportar las aguas del Silala a varias regiones de Potosí. Si Evo Morales, dice que estamos en proceso de cambio ¿por qué no hace eso o se ha bajado los pantalones para los chilenos?”, dijo por su lado el ex dirigente vecinal Javier Limachi.
El ex canciller Armando Loaiza, dijo que la suscripción del acuerdo inicial del Silala debería ser postergada, al menos hasta después de las elecciones generales que se celebrarán tanto en Bolivia como en Chile.
Frente a la campaña que desplegó el Gobierno para defender este pacto con Chile, Loaiza considera que existe un “notable apresuramiento por parte del gobierno de Evo Morales para firmar el acuerdo porque se trata de presentar resultados del diálogo con Chile, antes de las elecciones”.