El gobernador Juan Manuel Urtubey rechazó un recurso de reconsideración planteado por la empresa Aguas de Salta en contra del decreto 2.190, que rescindió el contrato "por culpa" de la ex concesionaria, y del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2.195, que creó la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSAySa, conocida como Aguas del Norte).
De esta manera, y una vez agotada la vía administrativa, todo indica que la ex prestadora del servicio de agua acudirá a la Justicia en busca de una indemnización por parte del estado salteño.
El hecho confirma las intenciones de la compañía de hacerle pagar al gobierno por la rescisión contractual, y rebate así la creencia de algunos funcionarios provinciales de que Aguas de Salta iba a aceptar sus incumplimientos y se iba a retirar sin reclamar una recompensa.
Según surge del decreto 3.335, que rechaza el recurso de la empresa, la ex concesionaria consideró que el acto de rescisión del contrato fue "ilegítimo, arbitrario y violatorio del derecho de propiedad y defensa en juicio, afectando el derecho tutelado por el Art. 42 de la Constitución Nacional y Art. 31 de la Constitución Provincial", que establecen los derechos de los usuarios y consumidores, y a la preservación de los recursos a favor de la salud.
Pero fundamentalmente, la empresa se basó en cuestiones procedimentales para rechazar la anulación del contrato que la unía a la Provincia.
Para Aguas de Salta el decreto es nulo "por encontrarse viciada su causa, no haberse cumplido con los procedimientos legales y contractuales exigidos para rescindir un contrato, ser falsa su motivación y estar viciado en su finalidad por desviación de poder".
Entre otras cosas, argumenta que "no se la constituyó en mora antes de disponer a la caducidad del contrato y que los incumplimientos en que incurriera la Provincia generaron los incumplimientos de su parte al producir el quiebre de la ecuación económica financiera del contrato".
En los considerandos del decreto que rechaza el recurso de consideración, por su parte, el gobierno hizo un extenso racconto de cómo se sucedieron los hechos, y aseguró que el procedimiento de rescisión del contrato y la creación de CoSAySa fue el correcto.
Entre otras cosas, aduce que era lo que el estado debía hacer "ante los reiterados incumplimientos de la concesionaria, la deficiente prestación del servicio público y el consecuente riesgo para la población, en uso de sus facultades de dirección y control dispuso la medidas necesarias para garantizar el interés público comprometido".
Además, asegura que "la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada se encuentran debidamente acreditadas en las actuaciones", que el cumplimiento de los pasos legales está probado en la documentación del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), y que las sanciones recibidas por Aguas de Salta fueron, en su mayoría, "consentidas" por la empresa