La justicia federal de Quilmes confirmó la obligación del gobierno porteño de aportar fondos para el saneamiento de la cuenca hídrica ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2008 y apelado por la administración de Macri.
La decisión del tribunal confirmó una resolución anterior que obligaba al gobierno de la Ciudad a "prever fondos" para cumplir un fallo de la Corte del 2008.
La medida, según informa hoy el oficial Centro de Información Judicial, también recae sobre los ministerios de economía del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires, que junto a la ciudad integran la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (ACUMAR).
La Ciudad había apelado la resolución que la obligaba a poner dinero para cumplir con el fallo del máximo tribunal de la Nación.
La Corte también encomendó al juzgado federal de Quilmes que centralice y controle todas la acciones legales referidas a la limpieza del curso de agua.
En una resolución del pasado 7 de julio, el juez Luis Armella había ordenado a las carteras económicas de esos estados "garantizar fondos" para el saneamiento de la cuenca.
También les ordenaba "dotar de los recursos humanos y materiales a los distintos componentes internos de la Autoridad (..) en todo lo referido al control industrial y la salud pública".
En su apelación, el gobierno porteño adujo que esa resolución fue dictada "con exceso de jurisdicción", contrariando la ley 26.168, que creó ACUMAR, y normas constitucionales que establecen la autonomía de la Ciudad.
Por ello la consideró "arbitraria" al disponer obligaciones ajenas al fallo de ejecución, "provocando un injustificado menoscabo al derecho de propiedad" y, en consecuencia, solicitó la impugnación de la medida.
La justicia quilmeña rechazó ahora esa calificación al asegurar que "respeta absolutamente la frontera constitucional, sin avanzar en la definición de los procedimientos"