El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, manifestó ayer que el preacuerdo alcanzado entre Bolivia y Chile sobre uso de las aguas del Silala, debe reconocer que este recurso es de propiedad del país.
“Lo que tiene que hacer el Gobierno es buscar un acuerdo en el cual se reconozca la propiedad de Bolivia sobre estas aguas y se pague por ese concepto, y si no hay ese acuerdo, en algún momento tendrá que ir a una demanda internacional”, manifestó Ortiz en conferencia de prensa en instalaciones del Congreso Nacional.
Manifestó que la reunión que se desarrolló el lunes con dirigentes potosinos, muestra que el Gobierno ha llevado adelante una negociación con el país vecino que no defiende adecuadamente los intereses nacionales, que no hace respetar la soberanía del país y que cede los derechos de Bolivia sobre estas aguas.
La reunión efectuada este lunes entre representantes del Comité Cívico de Potosí (Comcipo) y el Poder Ejecutivo derivó en la necesidad de realizar otro encuentro entre las organizaciones de este departamento, el mismo que se programó para el 3 de septiembre en la localidad de Quetena Chico, debido a las diferencias en torno al acuerdo inicial alcanzado con Chile sobre las aguas del Silala.
Ortiz enfatizó que el Gobierno se va quedando sin argumentos en este tema. Asimismo, recordó que la soberanía no tiene precio y que en la actual Constitución Política del Estado se específica su defensa como recurso natural.

ORGANIZACIONES SOCIALES
Las organizaciones cívicas y sociales de Potosí afirmaron que este departamento no renunciará a la deuda histórica que tiene la República de Chile con Bolivia por el uso de las aguas del manantial Silala, por lo que pidieron la modificación de algunos artículos y la incorporación de otros en el preacuerdo al que arribaron La Paz y Santiago en junio pasado.
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, dijo que la entidad a su cargo planteará en la reunión convocada por el gobierno central en la localidad de Quetena, provincia sud Lípez de Potosí, la modificación del documento que acordaron las cancillerías de Bolivia y Chile antes de que sea firmado por los presidentes de ambos países.
“Nosotros no vamos a renunciar de ninguna manera a este tema (de la deuda histórica) sí o sí tiene que estar incorporado en el documento. Ellos (el Gobierno) han visto por conveniente recoger estas observaciones que hemos hecho y eso por lo menos satisface”, sostuvo el dirigente cívico.
Este planteamiento fue apoyado por el secretario ejecutivo la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (Frutcas), Francisco Quisbert, sin embargo, adelantó que la posición de su sector en la reunión del 3 de septiembre será aceptar el pago del 50% del caudal del Silala mientras se hacen los estudios sobre el otro porcentaje.
“En ese tiempo se va a discutir muchos temas, por eso nosotros no renunciamos la deuda histórica y hemos aceptado como pago inicial del 50 por ciento del caudal del Silala”, manifestó Quisbert.
En su oportunidad, el economista Milton Lérida denunció que el acuerdo que se tiene suscrito con Chile en el cual se estipula que ambos países realizarán la instalación de seis medidores hidrométricos y metereológicos en la frontera por donde fluyen las aguas del Silala se constituye en un atentado contra la soberanía del país por dejar de lado el principio de soberanía.
“Estamos denunciando la instalación de 6 estaciones hidrometereológicas en el sector del Silala como consecuencia la cancillería está permitiendo la intromisión de los chilenos en territorio boliviano esta situación puede acarrear serios problemas en el futuro (...) estos medidores atentan contra la soberanía del país”, manifestó Lérida en declaraciones a EL DIARIO.
Manifestó su molestia por la falta de iniciativa de autoridades de Bolivia por no correr con los gastos de la instalación de estos medidores que corresponde a un principio de soberanía y advirtió que esta intensión sea plasmada en las actuales negociaciones que se vienen realizando entre ambos países