Tras examinar la política de obras públicas impulsada por el Gobierno desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, es decir, la cartera con el mayor presupuesto para gasto discrecional, la Auditoría General de la Nación (AGN) arribó ayer a una conclusión inquietante: pese a su pomposo nombre, esa cartera, a cargo del arquitecto Julio De Vido, "no planifica sus acciones ni cuenta con un sistema de control de gestión que permita el análisis y evaluación" de sus gastos.
El organismo, cuya misión es asistir técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público y verificar el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Ejecutivo, analizó lo actuado por esa estratégica repartición de la administración kirchnerista en 2005, es decir, cuando el grueso de sus gastos no estaban aún volcados a subsidios, sino a inversión.
El examen incluyó la revisión de los plazos y la ejecución de los fondos fiduciarios mediante los que esa cartera ejecuta obra pública.
Ese trabajo examinador quedó volcado en un completo informe de 91 páginas, que pone el acento en la descoordinación y los riesgos que ese esquema de acción supone para el control de los recursos y las obras.
Los comentarios volcados por los auditores en él, de no resultar tan preocupantes, llamarían a risa porque muestran que en la gestión se obviaron normas elementales.

Por ejemplo, se afirma que:
"El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios no cuenta con una planificación estratégica para las obras públicas a realizar en el territorio nacional a mediano y largo plazo, que relacione las acciones que están llevando a cabo incluso las secretarías y los fondos fiduciarios de su órbita."
"La Secretaría de Obras Públicas no cuenta con criterios y pautas para desarrollar su plan estratégico que refleje las necesidades ciertas de la población. Tampoco planifica teniendo en cuenta las actividades de otras secretarías del ministerio".
"La Secretaría de Energía no cuenta con una planificación estratégica y, en consecuencia, su accionar se encuentra basado en la firma de convenios con las distintas jurisdicciones para que sean éstas las que lleven a cabo la obra y el financiamiento de planes que se enmarcan en la política energética" nacional.
"La Secretaría de Transporte no cuenta con un sistema que centralice la información de su gestión", algo que quedó demostrado en los problemas que esa dependencia mostró para entregarles a los auditores oficiales la información solicitada. De hecho, la Dirección Nacional de Planificación y Coordinación del Transporte aún tiene pendiente la remisión de la información solicitada por la AGN.
La auditoría tampoco obtuvo la planificación estratégica de la Secretaria de Minería. En su descargo, el coordinador de Administración del subprograma Gestión Ambiental Minera explicó que ese plan se ejecutaba a través de la Dirección Nacional de Minería, pero no lo adjuntó para que pudiera ser evaluado.
La AGN tampoco pudo constatar la existencia de instructivos que "normen los procedimientos implementados por el ministerio para la realización de obras públicas mediante transferencias a las jurisdicciones" y observó además que las modificaciones presupuestarias realizadas "no obedecen a prioridades institucionales establecidas para el mediano o largo plazo en una planificación confeccionada y aprobada oportunamente".
Por esa razón, aclara que no pudo analizar "la forma en que se insertan las necesidades que generaron las solicitudes de incremento presupuestario para los ejercicios 2005/06".
Tampoco logró constatar procedimientos administrativos "expresados en manuales relativos a la presentación, elaboración, selección, contratación, ejecución, certificación de la obra pública" y comprobó que "no existen pautas y parámetros claros para determinar prioridades para la selección y ejecución de las obras". Este defecto estaría relacionado con el objetivo de alineamiento político que persiguió el primer plan federal de viviendas de la gestión de Néstor Kirchner, que dejó al margen a los institutos provinciales de vivienda para dar prioridad a la relación con los municipios, en un intento de generar lealtades.