La comisión de Obras Públicas del Senado se reunió ayer con el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, con el titular del EPAS, Javier Montoro, y con el interventor de la Obras Sanitarias Mendoza (OSM), Gonzalo Dávila. El objetivo fue dilucidar los motivos que llevaron al Ejecutivo a intervenir la empresa del agua pero -sobre todo- intentar saber cuáles son los pasos a seguir después de la intervención.
En líneas generales, los legisladores se llevaron sensaciones buenas y malas. Por un lado, rescataron que el Gobierno se haya prestado al diálogo y, sobre todo, vieron con buenos ojos la existencia de denuncias por parte del EPAS por la contaminación de las aguas.
En este sentido, comprobaron que la situación de las cloacas y de la red de agua potable es más preocupante de lo que parece. Pero no pudieron saldar sus dudas acerca de lo que sucederá después de la intervención y del saneamiento de la empresa.
"Nuestra preocupación, además de las tarifas, es que el Estado invierta en obras para, después, dar la concesión a otro privado", sostuvo la senadora del ARI, Alejandra Naman, quien prometió que desde la oposición estarán atentos a esto.
Mientras esperan certezas por parte del Gobierno (que dice que las irá teniendo a medida que avance la intervención), los legisladores pidieron los dictámenes de la asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado para tener una visión más completa de la situación.
El senador Víctor Salomone (Confe) expresó, por su lado, la preocupación porque el aumento de tarifas no alcanzará para hacer inversiones sino sólo para las operaciones básicas. Desde el partido demócrata, Nelly Gray pidió realizar un plan de rescate para que el usuario vea en dónde recae el aumento tarifario.
Desde el Senado, informaron, continuarán atentos al tema y a los resultados que vaya arrojando la evaluación que realice la intervención.