Razones de la Intervención. Por Decreto del Poder Ejecutivo en acuerdo de ministros se ha dispuesto la intervención del Obras Sanitarias Mendoza SA, empresa controlada por operadores extranjeros, por gravísimos incumplimientos y deficiente prestación de servicios. La medida tiene fundamento en la Ley 6044 art. 48 y en el Contrato de Concesión.
Ha sido aconsejada por el buen órgano jurídico del EPAS. El operador, los accionistas y sus gerentes nunca cumplieron sus obligaciones. No invirtieron, no expandieron, no aceptaron nunca el control del Estado.
Estado ausente, falta de control. Fracaso. El Estado siempre estuvo ausente del control de la empresa y la operadora.
Nunca se exigieron las multas, nunca se exigió el canon. Mientras tanto, los directores de la provincia (algunas veces la secretaria del ministro), y los síndicos firmaban y consentían balances.
Fracasó el Ente, por falta de reconocimiento de sus resoluciones que eran recurridas a la Suprema Corte. La contumacia era apañada por funcionarios del Gobierno provincial.
Jactancia del incumplimiento; abuso procesal juicio ante el Ciadi. Mientras tanto, como otros tantos concesionarios argentinos, se jactaban de no haber pagado nunca, aduciendo que había comprado la empresa y que el Estado no tenía control de gestión.
Había demandado al Estado nacional ante el Ciadi, maniobra abusiva para extorsionar a la Provincia por el riesgo de condena. Un juicio sin sentido, en el que la Provincia no se ha defendido, pues no la han notificado. De hacerlo, ningún riesgo se corre pues son todas falacias del operador. Su demanda es improponible, salvo negligencia del cuerpo de abogados del Estado.
Nunca pagaron el canon, no pagaron los créditos, sólo hicieron 17% de las inversiones obligatorias.
Etapas de reconocimiento de la Provincia por renegociaciones. Sin embargo, ante el incumplimiento de la empresa, el Estado provincial los privilegiaba con reconocimiento:
Se reconoció más de 35 millones por deudas de jubilados y carenciados cuyo número no pudo se determinado nunca. Se condonaron impuestos provinciales. Se autorizó la modificación tarifaria y el reconocimiento de la actualización monetaria.

Carta de entendimiento; mayo 2007. Se trata de un acuerdo lastimoso, no aprobado por la Legislatura:
1. Se reconoce en Inversiones $ 48.572.196,49 (neto de IVA), pero se autoriza a pagar sólo $ 1.500.000 por año durante dieciséis años.
2. Se autoriza un aumento de tarifas uniformes (de 19,7%) y se reconoce indexación.
3. Se reducen inversiones por el período 2007/2023, a sólo $ 10.750.000. (corresponderían más de $ 100 millones).
Canon de Concesión por el período 2007/2023: Se reducía por 16 años al 3,85% sobre los ingresos operativos. La provincia pierde más de $ 50 millones por año.
Futuro y acciones de la Provincia. Un fracaso por un estado ausente. Fallaron los controles republicanos.
1. No debemos dejarnos extorsionara por el juicio contra la Provincia y ésta debe demandar a la República francesa ante el Ciadi por incumplimiento al tratado de inversiones. Las empresas francesas son estatales.
2. Debe hacerse la denuncia penal por administración fraudulenta contra los directivos de las empresas. Debe presentarse en EEUU y denunciar la transferencia de acciones de la Enron a Asurix en infracción de la Ley de bancarrotas, en fraude a los acreedores.
3. Debe evitarse que el PE luego de sanear la empresa, invertir en ella, se las devuelva a los operadores y accionistas o la entregue a otro grupo provincial.

* Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de Mendoza y UNCuyo