Una nueva arremetida concretaron los opositores al megaproyecto HidroAysén, liderado por Endesa y Colbún, y que tiene como objetivo construir cinco centrales hidroeléctricas en la XI Región a un costo de US$ 3.200 millones. El lugar escogido ahora es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
La fundación Conservación Patagónica -de la esposa de Douglas Tompkins, Kristine McDivitt- junto a otras organizaciones de Aisén presentaron una demanda por abuso de posición dominante en contra de Endesa e HidroAysén, sociedad conjunta entre la española y Colbún que lleva adelante el millonario proyecto.
Los demandantes, asesorados por el abogado Marcelo Castillo, del estudio Etcheberry, buscan que se reviertan los derechos adicionales de agua solicitados por Endesa e HidroAysén en los ríos Baker y Pascua y se aplique una multa de unos US$ 24 millones (30 mil UTA).
"Como consecuencia de esta práctica anticompetitiva, los demandantes no podrán solicitar derechos de aprovechamiento de aguas en las cuencas de los ríos Baker y Pascua", dice la demanda. Y agrega: "las demandadas han monopolizado las solicitudes, abusando de su posición dominante, creando verdaderas barreras de entrada y un monopolio de hecho en ambas cuencas hidrográficas que impide el desarrollo de otras actividades económicas distintas de la generación de hidroelectricidad, como el turismo, agricultura, ganadería y conservación ambiental, las cuales desarrollan los demandantes".
El TDLC acogió a trámite la demanda, pero ni Endesa ni HidroAysén habían sido notificadas al cierre de esta edición. Desde la generadora se dijo que se está analizando el requerimiento.
HidroAysén, en tanto, envió un comunicado rechazando categóricamente la demanda presentada.
La compañía ligada a Endesa y Colbún sostuvo que este tema ya estuvo en los antecedentes aportados al TDLC el año 2007, "cuando conoció y aprobó el desarrollo del proyecto" HidroAysén.
"Las solicitudes de derechos de agua adicionales en que se funda la demanda (...) corresponden a las realizadas en agosto de 2007 ante la DGA de Aysén, y se enmarcan en el proceso de optimización del proyecto que permitió una considerable reducción de la superficie de sus embalses desde 9.300 a 5.910 hectáreas, lo que representa una disminución del 36,5% del área inicial propuesta", sostuvo la compañía presidida por Antonio Albarrán.
Además, dijo que se autoimpuso un caudal mínimo de operación "muy superior a lo que habitualmente pueden considerar otros proyectos de este tipo", lo que, asegura, garantiza un flujo permanente en los ríos. "Dicho caudal mínimo de operación fue establecido considerando todos los usos y necesidades actuales de dichos ríos (...) como actividades turísticas", remató.