Nació con el pie izquierdo. La idea de los presidentes Néstor Kirchner y Luiz Inacio Lula da Silva de construir la represa hidroeléctrica binacional Garabí, en la provincia de Misiones, comenzó a ser cuestionada por los misioneros. El diputado provincial, Mariano Díaz, presentó ante la Cámara de Diputados de Misiones un proyecto de ley para convocar a un referéndum “popular, obligatorio y vinculante” para que se acepte o rechace la construcción de esa mega obra.
El Proyecto se basa fundamentalmente en el “principio precautorio” establecido en la Ley General de Ambiente (Ley 25.675) que dicta “… Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente…”.
“La Ley General de Ambiente es clara y establece que la política ambiental Nacional debe promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras y debe fomentar la participación social en los procesos de toma de decisiones, por lo tanto, sustentándonos en ella, creemos imprescindible se informe y consulte a la población ya que vemos con preocupación que se sigue avanzando en el emprendimiento”, argumentó el legislador.
La idea del futuro complejo hidroeléctrico, que se ubicará en el triple límite entre las provincias de Misiones, Corrientes y el estado brasileño de Rio Grande do Sul, se gestó en 1972, cuando se firmó el primer convenio para estudiar el aprovechamiento del tramo del río compartido desde la desembocadura del Pepirí Guazú hasta la del Quareim, una franja que abarca 735 kilómetros de longitud.
De acuerdo al primer estudio de factibilidad realizado, la central tendría una potencia instalada de 2.900 megavatios, con un embalse que inundaría 81 mil hectáreas en ambas márgenes, lo que afectaría varios pueblos de la provincia de Misiones.
En 2003, la consultora Cenec-Denison presentó el denominado proyecto Garabí XXI, modificatorio del anterior, que contempla la construcción de dos diques sobre el Uruguay en Garruchos, provincia de Corrientes, y en San Javier, en territorio misionero, con una altura de 19 metros de caída y 18 turbinas tipo Kaplan de una potencia de 2.800 megavatios cada una, lo que representa una capacidad superior a la de la represa de Salto Grande. En este caso, las hectáreas anegadas ascenderían a 32 mil.
Un año más tarde, los presidentes de ambos países suscribieron el Acta de Copacabana, donde se estableció la necesidad de aumentar la cooperación mutua en materia ambiental y se insistió con la construcción de la represa. Finalmente, el 25 de febrero del año pasado, la actual presidenta Cristina y su par brasileño, decidieron poner en marcha las obras.
“Se habla de condiciones que pondría la provincia para realizar Garabí y sin embargo esas condiciones hasta la fecha no están definidas en ningún documento escrito y público y lo que es más grave, es probable que no se convoque a consulta y se decida en forma unilateral cuando constitucionalmente la soberanía reside en el pueblo”, alertó el legislador socialista.
“Ya el 20 de julio de este año presentamos un Proyecto de Comunicación (D-32256/09) en el cual requerimos al Ejecutivo Provincial que informe acerca del convenio firmado entre Argentina y Brasil y es preocupante porque vemos que se está avanzando y hay muchos interrogantes que deberían ser respondidos, debemos saber si este convenio no está avanzando por sobre la autonomía de Misiones y comprometiendo los derechos de los misioneros y por sobre todo el pueblo debe ser consultado para tomar cualquier tipo de decisión”, agregó.
Un informe técnico de más de 7.000 folios, que fuera elaborado por expertos de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), con aportes de Corrientes, la Nación y del Banco Mundial, detalla innumerables impactos negativos por la construcción de la presa, como la destrucción del ecosistema del río Uruguay, la desaparición de poblados costeros y la radicación de enfermedades.