Según la investigación de Gabriel Ziblat, publicada en la edición del domingo pasado por Diario Perfil, ya hay más de quince causas judiciales y cinco jueces federales que investigan la actuación del ex presidente Néstor Kirchner desde que llegó al poder, en 2003.
Licitaciones irregulares o desvío de fondos son las más livianas. Enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, las más pesadas. Y esta semana habría definiciones sobre qué juez se quedará con la competencia para investigar el aumento patrimonial del matrimonio presidencial. Hasta ahora investigan el enriquecimiento de la pareja Rodolfo Canicoba Corral (en su juzgado recayó la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans), Norberto Oyarbide (por la presentación del letrado Enrique Piragini) y Julián Ercolini (por la denuncia de Elisa Carrió y diputados de la Coalición Cívica).
Se sospecha que Oyarbide llevaría ventaja, porque su fiscal ya hizo requerimientos a los otros juzgados y avanzó más que el resto. De hecho, el juez ya anticipó que citaría al contador de los Kirchner. De todas formas, el fiscal Gerardo Pollicita, del juzgado de Ercolini, también registró movimientos esta semana, ya que citó al diputado Juan Carlos Morán para que ratifique la denuncia de la Coalición.
El viernes, Morán insistió con que “se audite e investiguen todos los beneficios nacionales y, particularmente, los beneficios de obras públicas que reciben los mismos empresarios amigos que los benefician en su patrimonio privado”.
Se refirió así a Juan Carlos Relats (le alquila el hotel Los Sauces por más de 10 millones de pesos al año) y a Lázaro Báez (le compró su casa de Río Gallegos a tres veces su valor). “Hay que demostrar si en sus obras y concesiones no existen sobreprecios y beneficios que estén retornando al patrimonio de Kirchner como coimas lavadas”, aseguraron al matutino porteño. Además, los “lilitos” también hacen hincapié en otro comprador que les dejó dividendos a los Kirchner.
El Acueducto Se trata del grupo chileno Cencosud, que les compró terrenos fiscales en la localidad santracruceña de El Calafate por 5.000% más de lo que ellos los habían adquirido. “Hay que analizar también al comprador, porque tiene vinculación pública con el poder”, sostienen los denunciantes.
Se refieren a reuniones que el titular de Cencosud, Horst Paulmann, mantuvo junto al propio Kirchner y al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para definir acuerdos de precios. Por otro lado, en el expediente que analiza las licitaciones que otorgó el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), también bajo la órbita de Ercolini, se pone el ojo en el desarrollo y el crecimiento que tuvo Gerardo Ferreyra, titular de Electroingeniería SA.
Los diputados de la Coalición Cívica no sólo apuntan a las concesiones que recibió, sino que incluso denuncian que una de sus empresas (Vialco) obtuvo la prórroga de concesiones a pesar de que tenía el 99% de las multas impagas. Ahora también se agrega a los expedientes judiciales que Ferreyra y Relats se asociaron y ganaron una licitación para construir el acueducto en la provincia de La Pampa, entre Santa Rosa y General Pico, por 319 millones de pesos. “Ya hasta aparecen como socios dos amigos del poder”, concluyó Morán