La Cancillería uruguaya libró ayer un comunicado responsabilizando a Argentina de la suspensión de los monitoreos en el río Uruguay en respuesta a "diversos artículos y comentarios publicados recientemente en medios de prensa que, por su imprecisión, aparentan dar actualidad a situaciones ocurridas varios años atrás". El comunicado, que no identifica los artículos de prensa, señala también que "ante la reiteración de afirmaciones sobre un supuesto incumplimiento por parte del Uruguay en materia de información y consulta previa" en relación a la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos, afirma que el país "ha dado cumplimiento en todo momento con las obligaciones que le impone el Estatuto del Río Uruguay".
"La República Argentina fue repetidamente consultada sobre los planes del Uruguay de construir la planta de Botnia, (...) habiéndosele suministrado absolutamente toda la información que el Gobierno del Uruguay tenía disponible sobre los proyectos de instalación de plantas de celulosa en el Río Uruguay".

Interrupción. En relación a la interrupción del monitoreo conjunto argentino-uruguayo del río Uruguay en el ámbito de Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que ese programa (Programa de Control de la Contaminación del Río Uruguay- Procon) se mantuvo hasta 2005 (se realizaron dos campañas en febrero y agosto) así como otras dos (junio y noviembre) en el Programa de Monitoreo de Efectos Ambientales en Áreas de Plantas Celulósicas (Procel).
La Cancillería indicó asimismo que "en enero de 2006 el Presidente de la Delegación Argentina en CARU no prestó su conformidad para que se ejecutara la campaña que estaba prevista en aquel momento para los días 12 a 18 de febrero de 2006, argumentando la existencia de una controversia iniciada por la República Argentina ante la Corte Internacional de Justicia contra la República Oriental del Uruguay sobre la aplicación e interpretación del Estatuto del Río Uruguay".
Considera que así "por la vía de los hechos, se impidió que se pudiera continuar con el normal desarrollo del monitoreo conjunto del Río Uruguay que CARU venía desarrollando a través de sus programas Procel y Procon" con el argumento "insostenible" del conflicto en La Haya que "no desvincula a las partes de dar cumplimiento a la obligación de protección y conservación del medio acuático y la protección integral del río establecida en el Estatuto del Río Uruguay".