Los barcos que navegan a la Antártida llevando a miles de turistas que buscan una de las imágenes más puras de la naturaleza deberán adecuarse a nuevas normas de protección del ambiente marino, que podrían ser más exigentes que las solicitadas por los países del Tratado Antártico.
El Comité de Protección del Ambiente Marino de la Organización Marítima Internacional (OMI) propuso modificar un anexo del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973, a fin de prohibir el traslado y uso de petróleo de cierta densidad, betún, alquitrán y combustibles pesados en embarcaciones que surquen aguas antárticas.
La propuesta fue aprobada por el Comité en su última reunión, celebrada en Londres entre el 13 y el 17 de julio, pero su adopción, que podría incluir modificaciones, se decidirá en la próxima sesión, en marzo de 2010.
En cualquier caso, los barcos que viajen a la Antártida serán sometidos a una exigencia mayor a partir de 2011, la de transportar y usar sólo combustible liviano, más costoso pero menos contaminante.
El combustible liviano se evapora más fácilmente, así que los riesgos de daño ambiental son menores ante accidentes o naufragios que causen derrames, como los que se suceden en la Antártida cuando los buques chocan contra gigantescos bloques de hielo.
En los últimos 16 años, el tránsito de turistas a la Antártida aumentó más de siete veces. De los 35 cruceros que llegaron a sus costas en la temporada 1992-1993 se pasó a 258 en el verano austral 2008-2009. Este movimiento entraña peligros. Solamente entre 2007 y 2009 se registraron cinco accidentes.
En 2007 el crucero Explorer chocó contra un iceberg a menos de 100 kilómetros de la península antártica. Sus ocupantes fueron rescatados en botes salvavidas y el barco naufragó. Llevaba 185.000 litros de diésel marino, un combustible liviano, lo que evitó un desastre ambiental mayor, advirtieron expertos.
La Secretaría del Tratado Antártico, con sede en Buenos Aires, brega desde hace tiempo por un mayor control de estos cruceros. El Tratado, suscrito en 1959, tiene 28 países miembros consultivos, pues realizan "investigaciones científicas importantes" en el continente, y otros 18 no consultivos, que asisten a las reuniones pero no participan de las decisiones.
"En 2005, las partes consultivas del Tratado propusieron a la OMI que prohibiera el uso de combustibles pesados en la Antártida, y en julio de este año la organización hizo una propuesta más exigente aún", dijo a Tierramérica el director de Gestión Ambiental de la Dirección Nacional del Antártico en Argentina, Rodolfo Sánchez.
Esa dependencia sólo usa combustible liviano, dijo Sánchez, pero muchos buques dedicados al turismo utilizan el pesado hasta llegar a la Antártida, cuando cargan otro más liviano. Pero la prohibición alcanzaría también al aprovisionamiento de ese tipo de carburante.
Las únicas naves que quedarían exceptuadas de esta exigencia son las que realicen operaciones de búsqueda y rescate o de seguridad, sostiene el proyecto de enmienda al que tuvo acceso Tierramérica.
Sánchez reveló que la OMI, foro internacional que reúne a los operadores logísticos recomendó a los países miembros que estudiaran los posibles efectos de esta nueva normativa con la intención de hacer sugerencias de modificación.
"Queremos una mayor protección de la Antártida y un turismo controlado, pero la industria turística y algunos países que tienen programas nacionales en el área, como Estados Unidos, pusieron reparos a estas regulaciones, y creo que deberíamos escucharlos", opinó.
El funcionario argentino consideró que la decisión final debería adoptarse "por consenso" y sugirió, por ejemplo, un mayor período de gracia para que las empresas que envían cruceros a la Antártida adapten sus equipos a las nuevas exigencias.
Javier Figueroa, comisionado alterno de la cancillería argentina ante la Comisión Ballenera Internacional y encargado de llevar los asuntos vinculados a la OMI, estimó en cambio que la resolución implica la prohibición del uso y transporte de combustible pesado en la Antártida, sin lugar a modificaciones.
"Los transatlánticos llevan combustible pesado, que es altamente contaminante, y si aceptamos que sigan llegando turistas a la Antártida debemos restringir la navegación a aquellos buques que utilicen combustible liviano", dijo Figueroa a Tierramérica.
El funcionario reveló que en la reunión de Londres las organizaciones navieras se opusieron a las nuevas regulaciones y pidieron más tiempo, pero el Comité de la OMI --que depende de la Organización de las Naciones Unidas-- mantuvo el plazo de 2011 para su entrada en vigor.
A su juicio, la nueva regulación será beneficiosa para la preservación de la Antártida y no perjudicará al turismo.
"El turismo en la Antártida llegó para quedarse. Las nuevas normas podrán afectar el precio de los pasajes, que ahora están entre 5.000 y 6.000 dólares, pero el turista que quiere conocer este destino pagará la diferencia", aseguró.
Desde la Oficina Antártica de la austral provincia argentina de Tierra del Fuego, Guadalupe Ocampo dijo a Tierramérica que unos 40.000 visitantes llegaron a la Antártida en la última temporada y se prevé un número similar en la próxima.
Los viajeros navegarán en 37 barcos de distinto porte que se acercarán hasta el confín para conocer de cerca paisajes y fauna. "No todos tienen permiso para el descenso de pasajeros", aclaró Ocampo. Y aun cuando el buque tenga mayor capacidad, sólo se permite una hora de descenso a los que trasladan hasta 500 personas.
Los cruceros que navegan con contingentes mayores sólo pueden surcar las aguas del océano Antártico entre islotes de hielo flotantes, sin descensos.
Al igual que Figueroa, Ocampo no cree que las nuevas regulaciones afecten las visitas. "Por el destino y el costo, se trata de un turismo muy selectivo, que no va a dejar de venir si aumentan los costos de traslado", aseguró.
En tanto, para las organizaciones conservacionistas, los cambios son bienvenidos.
"Las medidas que benefician la preservación de las aguas y el ecosistema antártico constituirán también un freno para las operaciones de buques dedicados a la caza de ballenas con fines presuntamente científicos", dijo a Tierramérica Roxana Steimberg, del Instituto de Conservación de Ballenas.
Según informes de la Comisión Ballenera Internacional, cada año Japón mata alrededor de 1.000 ballenas. En 2007, su emblemático buque ballenero Nisshin Maru, que opera con combustible pesado, protagonizó un incidente en aguas antárticas cuando se produjo una explosión y un incendio a bordo.