La creciente comercialización del agua y la gran influencia de las empresas embotelladoras obliga a reglamentar la gestión de ese recurso vital para que su acceso sea un derecho fundamental, según especialistas.
"Necesitamos un acuerdo o tratado internacional sobre el derecho de acceso al agua a fin de dejar sentado de una vez por todas que no se le puede negar a ninguna persona porque no lo pueda pagar", subrayó Maude Barlow, especialista canadiense y asesora del presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ex canciller nicaragüense Miguel D'Escoto.
"Tenemos que proteger su disponibilidad en tanto que derecho" fundamental, remarcó, y añadió que la Comisión de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, es quizá el órgano más indicado para proponer un tratado de esas características.
Pero lo mejor sería que fuera ratificado por los 192 miembros de la Asamblea General, apuntó.
"Necesitamos más que una declaración de la ONU", sostuvo Barlow. "Se requiere de un plan de acción para la Asamblea General".
Alrededor de 880 millones de personas, la mayoría en los países en desarrollo, carecen de agua potable, según la ONU, cifra que puede llegar a 4.000 millones en 2030, la mayoría en China y Asia meridional.
El mercado mundial de agua asciende a unos 250.000 millones de dólares, y puede llegar a los 660.000 millones en 2020, según un estudio realizado en marzo por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
El no gubernamental Consejo de Canadienses, presidido por Barlow, trabaja para que el derecho a disponer de agua sea incorporado en las constituciones de los países.
Uruguay es uno de los pocos países donde se aprobó una reforma constitucional, mediante una consulta popular realizada en 2004, que reconoce el acceso al agua como un derecho humano y un servicio público que debe brindarse sin fines de lucro.
La organización colombiana Ecofundo ya recogió dos millones de firmas para impulsar un referendo de similares características.
Estados Unidos se opuso a la designación de un relator especial de la ONU para impulsar el concepto de acceso al agua como derecho fundamental en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del foro mundial realizada en marzo de 2008, indicó Patricia Jones, especialista del programa de justicia ambiental, del estadounidense Comité de Servicio Unitario Universalista.
De todos modos se nombró un experto independiente por tres años a fin de asesorar a los estados miembros de la ONU en la identificación de los alcances de considerar la disponibilidad de agua y saneamiento como derecho humano.
"La oposición del gobierno estadounidense respecto de que el acceso al agua sea un derecho humano está cambiando", remarcó.
En su discurso de asunción, el presidente Barack Obama se dirigió a los ciudadanos de los países pobres con quienes se comprometió "a trabajar para que prosperen sus granjas y fluya agua limpia".
El paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso legislativo para lidiar con la crisis financiera internacional permitirá atender el asunto de la disponibilidad de ese recurso, entre otras cuestiones, en Estados Unidos.
"No tenemos una política integral en el ámbito nacional. La gestión del agua fue cedida a los estados y está reglamentada por la Ley de Agua Limpia y la de Agua Potable Segura", explicó.
"Estamos ganando algunas batallas contra las empresas internacionales que roban agua", señaló Barlow, asesora de D’Escoto.
"En Canadá, por ejemplo, 53 municipios, algunos de grandes ciudades como Vancouver y Toronto, prohibieron el agua embotellada, lo que propició una pronunciada caída de las ventas", relató.
En muchas partes del mundo, la gestión del agua vuelve al Estado, como en Francia, donde la alcaldía de París asume por primera vez el control de ese recurso.
"Estamos logrando promover la noción de interés público en la gestión del agua en ámbitos políticos y reafirmar la importancia del control estatal sobre ese recurso esencial", indicó Barlow.
Pero "tenemos que estar atentos a las nuevas formas de control privado, mercados, bancos, comercio y especulación de agua, que se vislumbran en el horizonte para los que adopten la modalidad particular en vez de la pública", añadió.
Barlow mencionó el ejemplo de Australia, que concedió la gestión del agua a una gran empresa de inversiones estadounidense con el argumento de lograr un uso más sustentable. No sólo quedó fuera del control estatal, sino que ni siquiera está en manos de los australianos.
Al ser consultada sobre cuál podría ser la contribución de los inversionistas, Jones, del Comité de Servicio Unitario Universalista, señaló que pueden asegurarse de que sus emprendimientos traten de que el acceso al agua se convierta en un derecho humano.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostuvo que las actuales prioridades en materia de suministro pueden considerarse un "apartheid hídrico", en alusión al sistema de discriminación racial que imperó hasta 1994 en Sudáfrica, dispuesto por la minoría blanca en detrimento de la mayoría negra.
Hay suficiente agua y recursos financieros para cubrir las necesidades actuales, según el organismo.
El PNUD recomienda que se respeten las leyes existentes a fin de ajustar las prioridades financieras para que las personas más pobres dispongan de ese recurso.
Algunas empresas como Connecticut Water y PepsiCo adoptaron políticas que apuntan a considerar el acceso al agua como un derecho humano, señaló Jones.
La comunidad internacional debe observar a las grandes potencias que buscan agua fuera de fronteras, como ya hicieron con el petróleo, señaló Barlow.
China, por ejemplo, construye un acueducto para canalizar el fluido desde la zona del Himalaya hacia su territorio.