Esa sería una de las consecuencias que afrontaría el país, revela el documento con el que se comenzó a alertar a las autoridades locales costeras de lo que puede suceder dentro de 50 años.
En el informe se indica que si el nivel del mar aumenta de 50 a 60 centímetros en 5 décadas, como lo indican todos los estudios, además de la pérdida de territorio de San Andrés, la zona hotelera e industrial de ciudades como Santa Marta y Cartagena tendría que buscar el segundo piso o trasladarse definitivamente; en total, 72 municipios del país estarían en constante riesgo por mareas externas y 4.900 km2 de costa baja tendrían inundaciones permanentes.
Con mapas modelados y proyecciones como estas, el Gobierno Nacional comenzó a alertar a las autoridades locales costeras de las consecuencias del cambio climático en 50 años.
Ciudad por ciudad, el vicepresidente Francisco Santos junto con el director del Ideam, Ricardo Lozano y varias de las autoridades ambientales más importantes del país llevan más de dos meses recorriendo la costa Caribe. Su preocupación inmediata: la reubicación de construcciones cercanas a las playas y el abastecimiento de agua potable.
"El país tiene que comenzar a pensar en estrategias de adaptación y el Gobierno está en la obligación de alertar y tomar medidas", señala el vicepresidente Santos.
Los tres principales puertos del Caribe y los dos más importantes del Pacífico tendrán, según el Gobierno, que tomar medidas urgentes que pasan por la reubicación de zonas enteras.
Experiencias internacionales como la de Holanda, que le ha 'ganado la tierra al mar', durante siglos con la construcción de diques, hacen parte de las estrategias de adaptación a la Colombia del futuro que comienzan a sonarles a las autoridades ambientales.
Es el caso de Cartagena, cuyo plan de desarrollo contempla la reubicación de barrios enteros vulnerables, pero, ante la imposibilidad de aplicar esta misma estrategia a la zona antigua de la ciudad y a la zona turística de Bocagrande, se cree que la construcción de diques o barreras podrían ganarle la batalla al mar.
Informes del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), entidad vinculada al Ministerio de Medio Ambiente que lleva 10 años ocupándose del tema, contemplan escenarios hipotéticos de adaptación como estos, además de estrategias como la construcción de una isla artificial para conservar la zona portuaria de Barranquilla o la reubicación de la zona baja (hoteles y centros históricos) en Santa Marta, lo que tendría unos costos aún incalculables.
Lo cierto es que el 51 por ciento de las áreas urbanas del Caribe y el 63 por ciento de las del Pacífico se verían afectadas y aunque hay consenso en que hay que empezar a trabajar desde ya, la discusión sobre cómo hacerlo es intensa.
El capitán de Navío Julián Augusto Reyna, secretario ejecutivo de la Comisión Colombia del Océano, dice que las de los diques, por ejemplo, son soluciones que además de costosas, implican riesgos. "Si se rompe un dique, habría una catástrofe", advierte.
Sin embargo, que el tema comience a ser objeto de discusión es un gran avance que tiene que verse reflejado en la legislación.
"Es necesario reestructurar los Planes de Ordenamiento Territorial para controlar el crecimiento desorganizado en las costas (...) La ilegalidad de construcciones es un factor de riesgo por las vidas que están en peligro y por la pérdida de las inversiones ", dice Reyna.
Las construcciones no autorizadas -según la Procuraduría y Dimar- están por el orden de las 25 mil; 85,7 por ciento corresponde a construcciones muy pobres en playas y terrenos de bajamar.
"Inversiones que hoy se están haciendo, por ejemplo, en una Cartagena que estará inundada permanentemente se van a perder, alerta el oficial.
El tema tratado con las autoridades locales abrió el espectro, reconocen los mandatarios, sin embargo, es evidente que los recursos para iniciar medidas de adaptación tienen que hacerse a través de nuevos proyectos, apoyados en políticas de Estado.
Entregan fórmulas contra bienes ilegales en costas
La Procuraduría, en una alianza con otras entidades, entregó al Gobierno colombiano fórmulas para salvaguardar los bienes de uso público en los litorales.
Entre las recomendaciones está la aceptación de una línea demarcatoria en la zona de la costa, como lo presentó la Dirección General Marítima (Dimar). La recuperación de bienes ocupados ilegalmente es otro de los puntos que puntualiza en la definición de una política pública. Dimar, según la ley, debe otorgar licencias de construcción solo para 50 metros adentro desde la línea más alta de la marea.

Colombia estaría hasta 4 grados más cálida en el 2100
El director del Ideam, Ricardo Lozano, señala que enfermedades como el dengue y la malaria, propias de territorios tropicales, podrían dispararse en ciudades que tengan una temperatura promedio de 18 grados centígrados, como Bogotá.
Esta sería tan sólo una de las consecuencias provocadas por el aumento de 2 a 4 grados en casi todas las zonas del país.
Estudios también advierten que unas 4 mil personas, que hoy se dedican a la pesca en el Pacífico tendrían que cambiar de actividad, ya que la temperatura afectará los ecosistemas coralinos, donde se incuba el 65 por ciento de los peces de la zona. El país sería el número 24 en pérdidas marinas.