La Cancillería uruguaya emitió ayer un comunicado en el que responsabiliza al gobierno argentino de no cumplir su parte en el monitoreo conjunto del río Uruguay.
El embajador argentino, Hernán Patiño Meyer -en declaraciones al diario El Observador- afirmó que el monitoreo del río no se había realizado debido al diferendo entre los dos países por la planta de Botnia y repetía que Uruguay había incumplido las obligaciones que le impone el Estatuto del Río Uruguay en materia de información y consulta previa, tras autorizar la instalación de la planta en forma unilateral.
En el comunicado, la Cancillería negó estos puntos. Aclaró que el control de contaminación del río Uruguay se realizó ininterrumpidamente entre 1989 y 2005 y que a partir del 2006 Argentina "no prestó su conformidad para que se ejecutara la campaña (…) argumentando la existencia de una controversia iniciada por la República Argentina ante la Corte Internacional de Justicia contra la República Oriental del Uruguay sobre la aplicación e interpretación del Estatuto del Río Uruguay".
Para la Cancillería uruguaya, el argumento esgrimido por la Argentina para interrumpir el monitoreo conjunto es insostenible "ya que resulta evidente que la existencia de una controversia pendiente ante la Corte Internacional de Justicia no desvincula a las partes de dar cumplimiento a la obligación de protección y conservación del medio acuático".
El comunicado también hace mención al supuesto incumplimiento por parte de Uruguay en materia de información y consulta previa en la instalación de Botnia. “Es del caso reafirmar que la República Oriental del Uruguay ha dado cumplimiento en todo momento con las obligaciones que le impone el Estatuto del Río Uruguay. La República Argentina fue repetidamente consultada sobre los planes del Uruguay de construir la planta de Botnia, incluyendo las consultas realizadas en el marco del Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) durante los meses de agosto de 2005 a enero de 2006, habiéndosele suministrado absolutamente toda la información que el Gobierno del Uruguay tenía disponible sobre los proyectos de instalación de plantas de celulosa”, concluye el documento.