Isasmendi no sólo reconoció que la compañía no está inscripta ni en el Registro Público de Comercio ni en la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sino que además dijo desconocer cuándo se firmará el contrato de concesión, admitió que todavía no cuentan con un inventario de los bienes que forman parte de la unidad de afectación, y no pudo dar cuenta de un plan de inversiones a realizar.
Respecto a la inscripción en los dos organismos, el titular de la sociedad anónima con capital mayoritario del Estado dijo que "la sociedad existe desde el mismo momento de su creación" por ley, pero reconoció que "estamos en proceso de inscripción de la sociedad" tanto en el Registro Público de Comercio como Inspección de Personas Jurídicas.
"Todo trámite de inscripción lleva su tiempo", agregó.
A su vez, y consultado por Nuevo Diario, señaló que todavía no han firmado con la Provincia el contrato de concesión del servicio y que no existe aún un marco regulatorio, más allá de las resoluciones que está elaborando el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP).
"Hoy en día nos estamos manejando con el anterior marco regulatorio", admitió, en relación al que regía a Aguas de Salta.
Pero Isasmendi tampoco fue claro en cuanto al proceso de transferencia de los bienes del Estado que estaban en manos de la ex concesionaria y que ahora debieran pasar a Aguas del Norte.
Por momentos, aseguró que los mismos ya les habían sido transferidos, pero en otras ocasiones habló de una potencial transferencia que aún no se había producido, para terminar diciendo que esto debía ser respondido por el gobierno provincial.
Esto llevó a la desconfianza de algunos legisladores que, como Virginia Cornejo (PPS) y Luis Mendaña (PJ), entendieron que Isasmendi no podía desconocer el estado de la situación patrimonial de la compañía.
Finalmente, y más allá de sostener que tenían un presupuesto de 17 millones de pesos para la realización de obras, el presidente de Aguas del Norte no fue capaz de señalar las obras más importantes que piensan encarar con esos fondos.

Deudas
Uno de los temas sobre los cuales más insistió el diputado Pablo López (PO) fue la intimación, por parte de Aguas de Salta, a los usuarios para que abonaran sus deudas con la ex concesionaria.
Isasmendi no sólo reconoció que esto está ocurriendo, sino que lo justificó en que se trataba de acreencias que pertenecen a la empresa, por lo que está habilitada a cobrarlos.
Pero además, aseguró que Aguas del Norte se está haciendo cargo del pago de los créditos que el Ente Regulador les cedió a los usuarios por la aplicación de multas contra la ex concesionaria.