Debido a la falta de quórum, fue suspendida la sesión de Senado prevista para ayer, donde se debía recibir el informe oral del canciller David Choquehuanca sobre el acuerdo inicial que se pretende firmar con Chile, el mismo que establece el uso de las aguas del manantial Silala.
La sesión fue postergada para el martes 25 de agosto a horas 16.00.
“A solicitud de varios senadores que piden se postergue la reunión, la primera convocatoria para la instalación de sala plena será para el próximo 25 de agosto a horas 16.00”, manifestó Ortiz al momento de suspender la sesión.
Los senadores de oposición que participaron en esta sesión fueron Luis Vázquez Villamor, Orlando Careaga Alurralde, Fernando Rodríguez Calvo, Roger Pinto Molina, Tito Hoz de Vila Quiroga, Guido Guardia Flores, Oscar Ortiz Antelo y de parte del oficialismo sólo estuvo presente Ricardo Díaz.
En tanto, el canciller David Choquehuanca, en conferencia de prensa, manifestó que desconocía los motivos por el que esta cámara no pudo conformar el quórum necesario.
Aclaró que estuvo en el horario en el que fue citado y anunció que se presentará el próximo martes para rendir su informe oral sobre el manantial Silala ante los senadores.
“He estado en horario, me han convocado a las cinco, me han dicho que se ha prolongado hasta las cinco y treinta. He estado esperando en la antesala y el senador Tito Hoz de Vila y Vázquez Villamor me han comunicado que era imposible instalar la sesión por la falta de quórum”, afirmó Choquehuanca.
En el salón de esta Cámara, se presentó un grupo de personas simpatizantes del Canciller, quienes gritaron consignas a favor de la autoridad, lo cual generó que funcionarios de esta instancia legislativa respondieran con términos de “izquierda corrupta”.
A más de dos semanas de conocerse el preacuerdo alcanzado entre las autoridades de Bolivia y Chile sobre el uso de las aguas del Silala, el convenio inicial continúa siendo rechazado por varios sectores sociales.
Según el ex canciller Armando Loaiza, la firma del preacuerdo debe ser aplazada por considerarse un contrato de arrendamiento.
En su opinión, este tema y la controversia con Chile debe tratarse en el Congreso Nacional, y que además el gobierno debe abandonar su posición hermética al pretender conciliar un acuerdo en septiembre en Quetena Chico.
La ex autoridad de la Cancillería considera que el Gobierno debe tratar de llegar a un acuerdo con los partidos políticos para manejar este caso como un asunto de Estado para evitar su politización.
De llegarse a suscribirse un acuerdo inicial sobre una supuesta distribución del recurso hídrico, manifestó que este convenio va a tener un costo diplomático y político muy alto para las cancillerías de ambos países de no llegarse a un entendimiento razonable.
Un borrador del acuerdo inicial entre el gobierno de boliviano y chileno establece en su artículo 2 que un porcentaje del 50% del volumen de agua del sistema hídrico de los manantiales del Silala corresponde a Bolivia y es de su libre disponibilidad. Sin embargo, en el Art. 6 se establece que el uso del otro 50% dependerá de los resultados que arroje un estudio científico.
Este preacuerdo causó el rechazo de la población, debido a que el mismo se interpretó como si Bolivia debiera pedir permiso a Chile para aprovechar el recurso hídrico que es de propiedad nacional y que nace de bofedales de la cordillera en Quetena Chico-Potosi.
Sobre el tema, Loayza consideró que las autoridades deben consultar a instancias diplomáticas y técnicas debido a que el acuerdo inicial sobre una supuesta distribución de las aguas del manantial necesitan un estudio mucho más complejo.
Consideró que ambos gobiernos deben acudir a la cooperación de técnicos israelitas y australianos para hacer un estudio sobre las estaciones meteorológicas, hidrométricas.
“Los israelíes y australianos conocen mucho del manejo de aguas en zonas desérticas”, dijo.
Según su criterio, este acuerdo ha supuesto una compleja negociación que debe mirarse con una lectura cuidadosa y bajo las normas del derecho internacional, porque la misma no puede verse como un contrato de arrendamiento, tal como lo hace el actual Poder Ejecutivo.
Por su parte el analista político Fernando Untoja calificó como oportuna la reacción de la población que repudia el acuerdo inicial alcanzado entre Bolivia y Chile sobre el uso de las aguas del manantial Silala.
Advirtió sobre el riesgo que conlleva la publicidad del Gobierno para convencer a la ciudadanía sobre este tema, con el argumento de que el país no recibe nada y que a partir de la firma de este acuerdo inicial se empezará a cobrar por la mitad con la posibilidad de ampliar este porcentaje en el futuro.
Untoja reconoció que el preacuerdo que la Cancillería tiene la intención de firmar con Chile por el uso de las aguas del manantial del Silala, viola la soberanía de Bolivia, pues reconoce que el 50 por ciento de estas aguas son del país transandino.
“Este tratado con Chile atenta contra la soberanía del país, así no hayan firmado hay un preacuerdo donde se está negociando los recursos naturales y que no es que sea de un río sino manantiales (Silala)”, manifestó el analista en declaraciones a EL DIARIO.
Asimismo, se refirió al artículo seis que manifiesta que “Las Partes establecen, de conformidad con el Artículo 2, que del volumen total del agua del Silala, que fluye a través de la frontera (100%), el 50% corresponde, inicialmente, al Estado Plurinacional de Bolivia, es de su libre disponibilidad y lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile. Este porcentaje podrá ser incrementado a favor de Bolivia, en función de los resultados de los estudios conjuntos que se lleven a cabo en el marco del presente acuerdo”.
Aseguró que el hecho de aceptar un pago por el 50 por ciento de estas aguas con Chile deja establecido que el restante porcentaje se cedió a Chile y que en este preacuerdo Bolivia reconoce que el país vecino cuenta con derechos sobre este recurso natural.
Por otro lado, se refirió al artículo 4 con el que, según Untoja, el Gobierno boliviano no puede realizar cambios en trayectoria de estas aguas por implicar una revisión de tratados internacionales e incluso de una intervención militar de parte del país vecino al que calificó como peligrosa.
Este artículo dice: “considerando la fragilidad del ecosistema del Silala, por el presente acuerdo las Partes se comprometen a mantener las condiciones actuales del caudal y calidad del agua que fluye a través de la frontera y a cuidar que cualquier obra que emprendan a futuro individual o conjuntamente no afecte dicho caudal y calidad”.
Afirmó que este artículo atenta contra la soberanía del país ya que en un futuro no sólo se podrá consultar a Potosí, a la gente de Quetena Chico, a Bolivia en general, sobre cualquier trabajo de desarrollo que se pueda emprender en esta región