Además, dispuso la realización de una auditoría general a cargo del Ente Unico de Control de Privatizaciones (EUCOP) que comprenderá además del presente año, los últimos tres ejercicios comerciales cerrados.
A través del decreto 1.011, el Ejecutivo dispuso condicionar el auxilio financiero requerido reiteradamente por la empresa, a la creación en su estructura de una dependencia administrativa que controle el uso eficiente de los recursos financieros de la empresa concesionaria y que esté a cargo de una persona designada a propuesta de la Provincia.
En cuanto a la auditoría general, el EUCOP podrá solicitar la participación de los organismos técnicos del Estado, –que serían la Unidad de Control Interno (UCI) creada por el gobierno cuando asumió Beder Herrera y la Secretaría del Agua- quienes deberán prestar la asistencia necesaria. Las conclusiones de esta auditoría serán puestas en conocimiento y consideración de las funciones Ejecutiva y Legislativa.
El servicio que presta la empresa Aguas de La Rioja S.A. viene siendo monitoreado estrictamente por el gobierno de Beder Herrera desde el comienzo de esta gestión y en los últimos tiempos habría generado preocupación la falta de inversiones y la calidad en la prestación del servicio.
La decisión del Ejecutivo está basada en los adelantos financieros reiterados requeridos por la empresa concesionaria a la Provincia “para mantener la calidad y la habitualidad en la prestación del servicio público de agua potable y cloacas a su cargo”.
Aguas de La Rioja S.A. argumenta que atraviesa dificultades financieras que le generan inconvenientes operativos para solventar la regular prestación de los servicios concesionados.
El Gobierno, en cambio, sostiene que las asistencias financieras como las que solicita Aguas de La Rioja S.A., deben revertir carácter excepcional, ya que “es la misma empresa concesionaria la que debe maximizar la eficiencia en la gestión de los recursos económicos y financieros propios de giro de su actividad a efectos de prestar normalmente y con calidad los servicios públicos encomendados”.
De todas maneras, el criterio que prima en el gobierno que conduce Beder Herrera es que la Provincia debe priorizar la regularidad y continuidad del servicio público de agua potable y cloacas, tutelando y anteponiendo los intereses esenciales de la población en lo que respecta a un recurso vital como es la provisión de agua como también el servicio de cloacas.
El argumento oficial sostiene además en que a los efectos de maximizar la prestación del servicio, la Secretaría del Agua, por instrucciones del Gobernador, ha realizado en los últimos años numerosas inversiones tendientes a conservar y mejorar la infraestructura del servicio público, “no obstante que ello es una tarea propia de la empresa Aguas de La Rioja S.A.”.
En este sentido, condicionó la asistencia financiera excepcional del Estado a la citada empresa, en la medida que el gobierno “se asegure el contralor estatal en la gestión de los recursos financieros de la empresa concesionaria”.