La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura chaqueña decidió invitar a funcionarios de la empresa SAMEEP para que expliquen el aumento en las tarifas de agua potable. También elaborarán un pedido de informe ante ese organismo ya que la cuestión “preocupa a toda la ciudadanía chaqueña”, explicó la titular de la comisión María Barrios.
Paralelamente la comisión cursará invitaciones a los miembros integrantes de la comisión de Obras y Servicios Públicos, para que se aboque a esta cuestión y participen también cuando sean citados los funcionarios de Sameep.
Esta decisión surgió tras la presentación de la ciudadana Sandra Palarich quien expuso ante esta comisión – la semana pasada - sobre aumentos desmedidos en la tarifa de agua potable por parte de la empresa Sameep.
Palarich se refirió a los “inconvenientes” en la puesta de medidores de agua, y dijo “hemos sufrido dos grandes aumentos en la tarifa de agua potable con el agravante que desde hace tres meses a esta parte se agregó el medidor, sin un relevamiento de la realidad del estado de las instalaciones internas en las viviendas”, y sostuvo que “la densidad poblacional de los ejidos del interior no ameritan el medidor porque mayormente en los barrios hay viviendas unifamiliares o sociales con una sola entrada” y se pregunto entonces “¿cuál es el objeto final del medidor?”, y adjunto firma de vecinos de Villa del Parque de Resistencia y adelanto varias campañas de firmas en otras localidades del interior y barrios del área metropolitana sobre esta cuestión.
En el petitorio los vecinos denunciantes requieren a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco: a) Investigue cual es el criterio de ganancia y los montos de inversión en medidores de la empresa SAMEEP; b) Que dicha empresa retrotraiga el monto de factura al inicio de la gestión Martínez; c) Que la empresa SAMEEP se allane a Tratados y Leyes Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos que garanticen el libre acceso al agua potable al conjunto de la población; d) Que los problemas financieros provocados por gobiernos en sucesivas administraciones inadecuadas no deben ser subvencionados por el pueblo y e) Sostienen que “El agua potable como bien de excelencia sea una garantía que se promueve por los representantes del pueblo, tanto como la educación y la seguridad social” –entre otros puntos-.