El gobierno concretó ayer su anunciada medida contra la empresa Aguas de La Rioja, concesionaria de la prestación en las ciudad Capital, Chilecito y Chamical.
A través del decreto 1.011 el Ejecutivo condicionó la asistencia financiera excepcional solicitada por la empresa al Estado provincial, en la medida que se asegure la gestión eficiente y eficaz de los recursos, y le requirió la creación en su estructura de una dependencia administrativa con funciones de control sobre los recursos financieros de la concesionaria, que deberá estar a cargo de una persona propuesta por la provincia.
Además, dispuso la realización de una auditoría general a cargo del Ente Único de Control de Privatizaciones (EUCOP) que comprenderá el presente año y los últimos tres ejercicios comerciales cerrados.
Para desarrollar este trabajo el EUCOP podrá solicitar la participación de los organismos técnicos del Estado, –que serían la Unidad de Control Interno (UCI) creada por el gobierno cuando asumió Beder Herrera y la Secretaría del Agua- quienes deberán prestar la asistencia necesaria.
Las conclusiones de esta auditoría serán puestas en conocimiento y consideración de las funciones Ejecutiva y Legislativa.
El servicio que presta la empresa Aguas de La Rioja SA viene siendo monitoreado estrictamente por el gobierno de Beder Herrera desde el comienzo de esta gestión y en los últimos tiempos habría generado preocupación la falta de inversiones y la calidad en la prestación del servicio.
La decisión del Ejecutivo está basada en los adelantos financieros reiterados requeridos por la empresa concesionaria a la provincia "para mantener la calidad y la habitualidad en la prestación del servicio público de agua potable y cloacas a su cargo".
Según el gobierno, Aguas de La Rioja S.A. argumenta que atraviesa dificultades financieras que le generan inconvenientes operativos para solventar la regular prestación de los servicios concesionados.
Por ello desde la casa de gobierno sostienen que las asistencias financieras como las que solicita Aguas de La Rioja SA, deben revertir carácter excepcional, ya que "es la misma empresa concesionaria la que debe maximizar la eficiencia en la gestión de los recursos económicos y financieros propios de giro de su actividad a efectos de prestar normalmente y con calidad los servicios públicos encomendados".
De todas maneras, el criterio que prima en el gobierno que conduce Beder Herrera es que la provincia debe priorizar la regularidad y continuidad del servicio público de agua potable y cloacas, tutelando y anteponiendo los intereses esenciales de la población en lo que respecta a un recurso vital como es la provisión de agua como también el servicio de cloacas.
El argumento oficial se sostiene además en que a los efectos de maximizar la prestación del servicio, la Secretaría del Agua, por instrucciones del gobernador, ha realizado en los últimos años numerosas inversiones tendientes a conservar y mejorar la infraestructura del servicio público, "no obstante que ello es una tarea propia de la empresa Aguas de La Rioja SA".
En este sentido, condicionó la asistencia financiera excepcional del Estado a la citada empresa, en la medida que el gobierno "se asegure el contralor estatal en la gestión de los recursos financieros de la empresa concesionaria".

Una jugada a fondo
Beder Herrera volvió a advertirlo la semana pasada. Las privatizadas y, en particular, Aguas de La Rioja, están en observación.
Luego de la salida casi escandalosa de parte de su cúpula, la empresa enfrenta ahora una profunda auditoría de la cual ya habrían surgido algunas cuestiones.
El mensaje es claro: si Aguas de La Rioja quiere apoyo estatal, deberá pasar la durísima revisión que ya está en ejecución desde el miércoles. Por decreto, el gobierno condicionó la asistencia financiera a este puntilloso examen que abarca todos los aspectos del servicio.
Una alta fuente gubernamental confió a NUEVA RIOJA que, además, el Ejecutivo ya se comunicó con los directivos de la empresa para poner las cartas en la mesa. "La jugada va a fondo", dijo un funcionario de toda confianza del gobernador.