En noviembre del año pasado, hace ya nueve meses, la Fundación Chadileuvú alertó públicamente sobre un gran peligro que se cierne sobre la comunidad del conglomerado Santa Rosa-Toay: la progresiva, acelerada y evidente salinización del acuífero sobre el que están asentadas ambas poblaciones. La denuncia estaba basada en las investigaciones de tres de sus integrantes, geólogos de profesión y con probada autoridad para opinar en la materia pues todos ellos cuentan con una prolongada actuación en los estudios hidrogeológicos pampeanos.
Tamaña advertencia, viniendo de una entidad históricamente comprometida en la defensa de nuestro patrimonio ambiental y sustentada en referentes inobjetables, que ofrecieron pruebas a la vista, debería haber sacudido al ámbito gubernamental y puesto en marcha la implementación de los mecanismos técnicos y políticos a fin de revertir o al menos congelar esa situación.
Sin embargo no ocurrió prácticamente nada; ni los gobiernos comunales, directamente interesados en el problema, ni la administración provincial, a la que se supone dotada de las herramientas y directivas capaces de prevenir o al menos reaccionar ante un problema semejante, dijeron una palabra. Las razones son incomprensibles pero, sean cuales fueren, no justifican ni remotamente desentenderse de la bomba de tiempo sobre la que nos asentamos.
El problema, en esencia, es previsible y sencillo de explicar. Vivimos en una región semiárida, que suele tener prolongadas sequías, como la actual. Al mismo tiempo las particulares condiciones socioeconómicas del área hacen que la pueble un gran número de predios -viviendas y quintas- que usan el agua subterránea en forma indiscriminada. El balance hídrico es elocuente: se extrae más de lo que repone la naturaleza y, en situaciones semejantes, la consecuencia es una sola: el acuífero proveedor comienza a salinizarse; y una vez alcanzada esa condición no sirve más porque el proceso es irreversible.
Ahí están, como elocuente ejemplo de ese mal manejo del recurso hídrico, los antiguos pozos de Obras Sanitarias que surtían a la ciudad hasta que se salinizaron por sobreexplotación. Pero mucho más alarmante son los casos de algunas perforaciones que hoy están en funcionamiento y que ya acusan los mismos síntomas en la última década.
Lo único que resta es, entonces, que los poderes públicos se aboquen a un estudio y solución del problema en forma inmediata y sin más dilaciones. Hay muchos ejemplos de cómo en otras zonas del país supieron tomar al toro por la astas. La solución radicó en hacer un correcto balance hídrico en función de las lluvias que caen sobre la región para luego establecer límites estrictos de consumo según las actividades y el tamaño de los predios. Los volúmenes de agua extraídos se pueden controlar perfectamente mediante la instalación de caudalímetros que permiten verificar si el usuario transgredió o no el nivel autorizado.
Como se puede ver, no se trata de procedimientos muy complejos y ni siquiera muy caros. Se trata, sí, de un asunto de suma urgencia en el que lo inadamisible es continuar con esta indolencia increíble por parte de los poderes públicos.