Los legisladores que integran el bloque del FrePam exigieron la creación de una Comisión Especial del Acueducto del Río Colorado en el ámbito de la Cámara de Diputados, con el fin de transparentar y controlar el proceso de adjudicación de la obra pública.
El pedido data del año 2004 pero se reavivó por estos días, después de conocerse -tal como publicó LA REFORMA en la contratapa del día martes 18- una denuncia sobre enriquecimiento ilícito que involucraba a dos empresas que se presentaron en la licitación para la construcción de la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado en el tramo Santa Rosa-General Pico: JCR SA -de Juan Carlos Relats- y Electroingeniería SA -de Gerardo Ferreyra-, que conformaron una Unión Transitoria de Empresas para participar de la licitación.
Sobre ambas -como detallan los diputados nacionales de la Coalición Cívica que realizaron la denuncia a la Justicia- recaen sospechas de vinculaciones “con el más íntimo entorno de la pareja presidencial”. Así lo resaltan en la presentación judicial que enumera obras y concesiones llevadas a cabo por la gestión Kirchner y adjudicadas en forma indistinta a estos empresarios, quienes “han visto aumentados geométricamente su giro de negocios, personal, ganancias y patrimonio”.
A los diputados del FrePam preocupa “la cercanía -probada en el escrito judicial- de quien licita y adjudica y el beneficiario de las contrataciones”, más aún considerando que el segundo tramo de la obra será financiado por el gobierno nacional.
La licitación de las sospechas se abrió el pasado 13 de julio y aún está en proceso de evaluación de propuestas. La obra tiene un presupuesto oficial de 320.000.000 de pesos, dos años de plazo para su ejecución y beneficiará a las localidades de Winifreda, Eduardo Castex, General Pico, Monte Nievas y Metileo.
“Se trata nada más ni nada menos que de la continuación de la obra pública cuya ejecución tuvo el devenir más escandaloso en la historia provincial. Los pampeanos y pampeanas no sabemos cuánto se gastó, cuánto se malgastó, la calidad y garantía de perdurabilidad, aún cuando todo esto fue denunciado y solicitado a la Justicia para que investigue. Nada se sabe”, apuntaron los opositores. Al finalizar la primera etapa de la obra, se conoció que una auditoría detectó que los directivos de una de las empresas que ganaron la licitación, la sueca Skanska -en una UTE con Techint-, coimearon a funcionarios pampeanos durante las gestiones de los ex gobernadores Rubén Marín y Carlos Verna.
El escándalo en torno a la obra se había destapado después que el empresario Victorio Américo Gualtieri, a quien le fuera adjudicada la obra en 1998 por 138 millones de dólares, no pudiera terminarla y abandonara los trabajos.

Beneficiados
La denuncia de los diputados nacionales apunta contra los empresarios Juan Carlos Relats y Gerardo Ferreyra, quienes obtendrían “numerosos beneficios mediante la concesión de corredores viales” y en la “adquisición de terrenos fiscales a bajos precios y su posterior venta a un valor mayor con la obtención de una gran ganancia en la maniobra”. Los opositores pidieron a la Justicia investigar el crecimiento patrimonial durante el gobierno de Néstor Kirchner de estos empresarios beneficiados con numerosas obras y “muy vinculados con el poder político”.