El Ejecutivo provincial, al decidir la intervención de la empresa Obra Sanitarias Mendoza (OSM), argumentó que debía actuar con urgencia en dos sentidos: en la búsqueda de fondos para dar mayor liquidez de caja, por lo que decidió subir la tarifa un 36,5% a partir del 1 de octubre y, además, en la disposición de fondos propios para invertir en obras con el fin de evitar "la parálisis de la empresa potabilizadora".
Ayer, el interventor del Estado en OSM, Gonzalo Dávila, llevó al ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, una planilla con las obras que deben encararse con inmediatez y que requieren una inversión de 5,4 millones de pesos. El Ejecutivo decidió sacar esos fondos del presupuesto del ministerio.
El estado de la red de agua potable está en una situación crítica y las obras de saneamiento son cruciales a la hora de "evitar la situación de colapso", según esgrime el Ejecutivo, antes de que comience la temporada estival y se perjudique a los 340 mil usuarios.
Según se detalla en el plan, en la planta potabilizadora Luján 1, cerca del dique Cipolletti, se cambiará la mitad de los filtros antes del verano por el aumento del caudal hídrico. Con esta obra pretenden mejorar la calidad del agua y solucionar los problemas de continuidad (es decir los continuos cortes). Invertirán allí unos $ 3 millones.
Además, se harán nuevas perforaciones en Las Heras y Guaymallén para sacar agua e inyectarla a la red a fin de darle más presión y mejorar la calidad del servicio que se presta en estos departamentos. Cada pozo cuesta $ 780 mil. Por último, se hará la primera etapa de un acueducto que va a El Bermejo (Guaymallén) para mejorar la presión. Esta obra costará $ 750 mil.
En cuanto a los fondos, Dávila dijo que el dinero saldrá del Ministerio de Infraestructura y no del aumento de tarifas. "Ese incremento se decidió para equilibrar el flujo de fondos de la empresa y evitar el déficit proyectado de 1,5 millón con el que iba a cerrar este año", explicó.
El dinero que se recaude por el aumento de las tarifas, el interventor dijo que se destinará a la compra de químicos para limpiar el acueducto de Potrerillos, ya que en los últimos años, la suciedad y la contaminación en ciertas zonas del Gran Mendoza han puesto en peligro la salud de la población. Esta erogación es de 1,6 millón de pesos.
El Estado ha señalado, al respecto, que en algunos barrios de Godoy Cruz apareció manganeso en el agua para consumo, por la oxidación de formas solubles y/o desprendimientos de depósitos en el tramo del acueducto entre la Planta Potabilizadora Potrerillos y la presa homónima.
Asimismo se descubrió en el agua potable mercurio e hipoclorito de sodio que alcanzaba concentraciones no permitidas. Esto pondría en evidencia la falta de control y desinfección del agua.
Pérez explicó que la Provincia está terminando de cerrar con el Enosa la ampliación de la planta de Benegas, en Godoy Cruz, que implicará dos años de trabajo y $ 47 millones. Esto pondrá fin al problema de las aguas "negras".
Pero estas inversiones no serán suficientes ante el avanzado deterioro global del sistema de agua potable. En consecuencia, el presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Javier Montoro, señaló que "hay que realizar grandes obras dentro de un plan maestro por 10 años con una inversión de $ 430 millones y como proceso paralelo hay que salir a buscar financiamiento para cumplir con los requisitos" que luego llevarán a pedir a la banca extranjera ese monto.
Dentro de las condiciones que imponen estos bancos hay que "sanear el sistema deteriorado para luego aplicar un plan maestro con planes directores (parciales)".
Respecto de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales, se buscará inversión para realizar varias obras. La dos primeras son las plantas de San Carlos y San Rafael, ya que se han ampliado las cañerías que llegan a las mismas pero éstas no cuentan con la capacidad para procesar una mayor demanda.
Por último, se busca dinero para realizar una "reparación importante" en una de las piletas de Campo Espejo, que se rompió y quedó fuera de servicio como también se busca ampliar la planta de Paramillos, detalló Dávila.

La posible estatización, en manos del Consejo Asesor
El ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, firmó ayer el decreto (falta la firma del Gobernador) por el cual se convoca al Consejo Asesor que, en un plazo de 180 días -el mismo tiempo que se fijó para la intervención de OSM- deberá definir un plan maestro para la provincia.
Pérez insinuó ayer que se marcha a una estatización de la empresa que fue concesionada hace 11 años por el gobierno del justicialista Arturo Lafalla.
"Quedan muy pocas provincias con este servicio vital concesionado en manos de privados: una es Mendoza", explicó para subrayar lo que se considera una tendencia mundial: que el Estado opere el servicio.
Sin embargo, Pérez no quiso aventurar una definición al respecto y señaló que "el futuro de OSM será fruto de una política de Estado que saldrá del Consejo Asesor". El ministro sí se animó a asegurar que es decisión gubernamental "no desmembrar la unidad económica" para dar la operación del servicio a los municipios, tal como lo solicitan algunos intendentes.
El Consejo Asesor está conformado por la Asesoría de Gobierno, el EPAS, la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Infraestructura, los partidos políticos con representación legislativa, Irrigación, organizaciones de usuarios del servicio hídrico, universidades públicas, el Instituto Nacional del Agua, el Conicet, el Cricyt, los sindicatos del sector y organizaciones de usuarios.

Foto: Archivo Programa Infoagua