Dos empresas que se presentaron en la licitación del segundo tramo del Acueducto del Río Colorado fueron denunciadas por presunto enriquecimiento ilícito en los últimos días. El tramo Santa Rosa-General Pico de la obra tiene un presupuesto oficial de 320 millones de pesos y un plazo de ejecución de dos años.
El bloque de diputados del FrePam tomó la denuncia ayer para insistir en el pedido de la conformación de una comisión especial legislativa que controle la obra para asegurar la transparencia y evitar actos de corrupción. Las sospechas y las denuncias enmarcaron la primera parte de la obra, iniciada durante el gobierno de Rubén Marín y finalizada en el período del ex gobernador Carlos Verna.
Las empresas denunciadas son JCR SA, cuyo titular es Juan Carlos Relats, y Electroingeniería SA, de Gerardo Ferreyra. Ambas conformaron una UTE (Unión Transitoria de Empresas) para presentarse en la licitación dispuesta por el gobernador Oscar Mario Jorge (ver aparte).
“De acuerdo a la denuncia, este antecedente fortalece las sospechas de la vinculación con el más íntimo entorno de la pareja presidencial”, señalaron ayer en un comunicado los legisladores del FrePam. En la denuncia figura que Rearts sería el concesionario de un hotel propiedad de los Kirchner en Calafate.

La denuncia
La presentación de la semana pasada de los legisladores nacionales de la Coalición Cívica es una ampliación de la denuncia por asociación ilícita que había impulsado antes Elisa Carrió contra el ex presidente Néstor Kirchner, algunos de sus funcionarios y los nombres de los empresarios más conocidos a los cuales se les atribuye relación con el matrimonio patagónico.
En este caso, la ampliación se refiere a dos empresas que no figuraron en la primera presentación. Y se refiere a obras y concesiones de corredores viales otorgadas a estas dos empresas durante la gestión del ex presidente. Los empresarios aumentaron “geométricamente” sus ganancias y patrimonios, según citaron los denunciantes, los legisladores Juan Carlos Morán, Elsa Quiroz, Fernando Sánchez, Héctor Flores y Fernando Iglesias.
“Está claro que la sospecha e incompatibilidad tiene que ver con la cercanía, probada en el escrito, de quien licita y adjudica y el beneficio de tales contrataciones”, dijeron los frepamistas. Y alertaron que la obra del acueducto cuenta con “el financiamiento de Nación, desde la cartera del ministro (Julio) De Vido”, advirtieron los opositores pampeanos.
La licitación de la segunda etapa del acueducto se realizó el pasado 13 de julio y permanece aún en la etapa de evaluación de las propuestas. “Hemos advertido a tiempo sobre la necesidad de transparentar todo el proceso de licitación y adjudicación de esta obra. Lo señalábamos al momento de tratar en esta Cámara el respectivo convenio con Nación para financiar y licitar la obra. No se nos permitió incluir el control legislativo en todo el proceso. Teníamos razón. Era necesario”, consideraron ayer.
Para los legisladores “se trata nada más ni nada menos que de la continuación de la obra pública cuya ejecución tuvo el devenir más escandaloso en la historia provincial. Los pampeanos y pampeanas no sabemos cuánto se gastó, cuánto se malgastó, la calidad y garantía de perdurabilidad, aún cuando todo esto fue denunciado y solicitado a la Justicia para que investigue. Nada se sabe”, apuntaron.

Comisión
“El pueblo pampeano debe tener certezas. Entendemos imprescindible que el proceso de adjudicación sea claro y transparente. Exigimos se realice con la más amplia y clara difusión”, subrayaron los frepamistas.
“Es más -añadieron- desde la oposición propusimos en el año 2004 la conformación de una comisión especial del Acueducto del Río Colorado en esta Cámara. Lo dijimos en aquel momento, era para revisar lo acontecido hasta entonces y en adelante, por lo que sabíamos estaba pendiente, la segunda etapa”.
“Es impostergable la creación. Estamos a tiempo. Debemos controlar la adjudicación y ejecución de esta varias veces millonaria y trascendente obra pública”, concluyeron.