Tras haberse detectado la presencia de agua con alto contenido de arsénico en jurisdicción de Junín, la Suprema Corte de Justicia bonaerense condenó a ese municipio a cumplir, en un plazo de tres meses, las tareas necesarias para regularizar el servicio.
Por esa razón, el máximo tribunal de la provincia ordenó al gobierno comunal ajustar la prestación del servicio de acuerdo con los niveles de calidad establecidos en la ley 11.820 bonaerense. Esa norma establece la obligatoriedad de garantizar el mantenimiento y promover la expansión del sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales.
En el fallo, votado por unanimidad por los siete ministros de la Corte, se destaca que tanto aquella ley como el Código Alimentario Argentino fijan el límite máximo de arsénico en el agua en 0,05 mililitros por litro (ml/l). En Junín, oscila entre 0,5 y 0,10.
La sentencia del máximo tribunal provincial revocó una dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, que había rechazado el amparo presentado por un grupo de vecinos en representación de los intereses colectivos de los usuarios del sistema de agua potable que suministra la red municipal.
En la resolución se determinó que las acciones deben comenzar en forma inmediata, y se otorga un plazo de 90 días corridos para cumplir con lo ordenado.
En cuanto a la presencia del arsénico en la red acuífera local, se afirma: "Dicha sustancia entraña un peligro cierto para la salud de los habitantes de la zona [del noroeste bonaerense]".
Asimismo, se subraya que el municipio, encargado de la provisión de agua, "no puede continuar prestando un servicio de calidad inferior" a la establecida por la normativa vigente.
Se puntualiza en la sentencia que "el adecuado y eficaz acatamiento del mandato requiere la intervención formal y expresa del ente público de contralor, en este caso, el Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires".

Debate nacional por las pilas

A raíz de la problemática generada por el tratamiento de las pilas agotadas en la Capital, el Comité Federal del Medio Ambiente resolvió ayer discutir las restricciones provinciales para el ingreso de residuos peligrosos. El organismo reúne a las máximas autoridades ambientales del país.