El nuevo modelo de concesión de la red secundaria de agua potable a empresas particulares que aplicará el Gobierno del Distrito Federal el próximo año se centrará en 11 de las 16 delegaciones y de ninguna manera significará ceder ni perder rectoría sobre el manejo del recurso, sino lograr una mayor eficiencia en la distribución, la supresión de fugas, detección de tomas y pozos clandestinos, así como en la medición, facturación y cobro del servicio a los usuarios, afirmó el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre Díaz.
El Distrito Federal, señaló en entrevista, será lo que debe ser: “un modelo del buen manejo del agua a nivel nacional e internacional”, porque los beneficios de las empresas que se encargarán de operar la red secundaria estarán en función de sus rendimientos y no por los pagos unitarios e importes.
Explicó que actualmente el gobierno de la ciudad trabaja con cuatro empresas que “no están bajo un esquema de que ellas den directamente el servicio a la población”, sino que se encargan básicamente de la lectura de medidores, la facturación y la cobranza, es decir, sólo prestan un servicio.
Para ello, la ciudad está dividida en cuatro grandes zonas. En el nuevo esquema se constituirían siete grandes macrosectores, pero dado que no todos tendrían las mismas características, en Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, no se preve cambiar el modelo, “en estas cinco –explicó– el manejo de la red secundaria tiene una complejidad mayor, con mucha participación del SACM y las mismas delegaciones en el manejo del agua y el movimiento de válvulas en la red secundaria, por lo que dicho esquema no tendría éxito.
En el resto de las delegaciones, donde se concentra 70 por ciento de la población, se pasaría al nuevo modelo, donde las empresas quedarían a cargo de la red secundaria; “se les entregaría el agua en bloque y ellas serían responsables de esa agua en esa red”, con tres objetivos fundamentales: “lograr la máxima eficiencia en la detección y reparación de fugas, porque sería un parámetro que estaría midiendo su rentabilidad y cumplimiento de la eficiencia; la eliminación de tomas clandestinas, porque también bajaría su eficiencia si permiten que continúen funcionando, y la parte de la cobranza, que no se trate nada más de facturar recibos, sino de asegurarse que éstos se cobren”.