La denuncia del investigador Miltón Lérida sobre entrega del 50 por ciento de aguas del Silala a Chile debe ser investigada y en caso de verificarse esta revelación debe iniciarse una acción legal; pero el documento no tendría validez porque no lo aprobó el Congreso Nacional, opinó el constitucionalista Víctor Hugo Chávez.
Calificó al acuerdo como un “crimen de usurpación y enajenación” y dijo que este tipo de convenios va en contra de los intereses del país.
La denuncia de Lérida afirma que el Gobierno, durante la IV Reunión de Trabajo entre Bolivia y Chile sobre el tema del Silala, entregó el 50 por ciento al país Trasandino a través de un “acuerdo inicial”. El encuentro se realizó el 14 de noviembre de 2008.
El Congreso Nacional tiene la facultad de aprobar, ratificar o inclusive rechazar y denunciar acuerdos en materia internacional. Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, ésta manda que cualquier acuerdo que se realice en contra de la Carta Magna es susceptible de ser revisado, e inclusive, penado si va en contra de los intereses de la Patria.
“La Carta Magna dispone que los bofedales, las aguas fósiles no pueden ser dispuestas unilateralmente, y para ello, se necesitaría el consentimiento del pueblo basándose en el referéndum o consulta social”, aclaró el constitucionalista.

DEFENSA
En derecho, según el Tratado de 1904, cualquier controversia sobre la interpretación en la resolución se da a través de un arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, estableciendo el tratado y el protocolo de modificación, según la carta enviada al Presidente por Víctor Hugo Chávez.
Dijo que la misiva mencionaba que la controversia histórica sobre las aguas del Silala con Chile, el pago que demanda el Estado boliviano y pre acuerdo que habría alcanzado para la cancelación sólo del 50 por ciento, tiene que ser dilucidado en la Corte de la Haya.
“El Canciller me contestó, argumentando que se modificará la opción que les presenté, donde se le cobre el 50 por ciento, y en el arbitraje se hable de la deuda histórica y el pago del otro 50 por ciento”, informó.
La base del documento es su modificación, en la que se reconozca a Bolivia como propietaria del 100% de las aguas, y se debe cobrar por el momento el 50 por ciento de la deuda total. “Lo cierto es que se debería hacer un documento preliminar”, puntualizó.
El entrevistado también señaló que en conversaciones con el Comité Cívico de Potosí (Comcipo), el representante Celestino Condori explicó cómo se debe efectuar el arbitraje y ante quién, remarcando que los derechos sobre el Silala es una posición del país que no puede ser renunciado a través de un documento por nuestra propia Cancillería, y que de haberlo hecho, se actuará de manera firme.
“...Ni Sánchez de Lozada se atrevió a regalar nuestros derechos con Chile, por lo que continuará la defensa de la integridad de la Patria”, enfatizó.
Hace unas semanas atrás, autoridades diplomáticas de Chile indicaron que el acuerdo se debería cumplir.
La decisión del Gobierno de aceptar sólo el 50 por ciento de la deuda y permitir que técnicos chilenos trabajen en territorio nacional para realizar estudios hidrológicos, fue criticada por el conjunto de la población, y Potosí fue la región que rechazó la propuesta.
Las explicaciones de las autoridades nacionales todavía no convencieron a los pobladores de la zona, y partidos de la oposición reprocharon la actitud del Gobierno.