La empresa prestataria del servicio de agua potable en Capital, Chilecito y Chamical planteó al Gobierno que libere los fondos por adicionales tarifarios que no le pagan desde junio. La crisis financiera obedece a que desde hace dos años tienen un déficit de casi $ 5 millones porque no se autoriza el aumento de la tarifas. Mientras, continúa la auditoría ordenada a las cuentas de la concesionaria.
El Gobierno provincial pagó a la empresa por adicional tarifario entre marzo, abril y mayo la suma de 700 mil pesos mensuales pero en junio y julio ya no liberó los fondos, precisó en diálogo con EL INDEPENDIENTE el gerente de Asuntos Legales y Recursos Humanos de Aguas de La Rioja, Luis Martínez.
En caso de que no se autorice el aumento tarifario del servicio de agua potable y por la situación económica que atraviesa la empresa es que reclamó al Gobierno provincial que libere los fondos por adicionales tarifarios para compensar el gasto de la prestación,
En ese marco es que de la empresa precisaron que se solicitó la auditoría al Gobierno Provincial, como también la designación de la persona que controlará los fondos porque necesitan la transparencia de saber que el Estado está tranquilo de que los fondos son invertidos en el servicio. "Estamos a puertas abiertas en la empresa para que nos habiliten, controlen y el Estado ejerza toda la potestad de contralor de la gestión de un servicio esencial", precisó Martínez.
Martínez dijo que piden al Gobierno la "urgente" designación de esa persona porque de eso depende que se liberen los fondos de los adicionales tarifarios que son vitales para la prestación del servicio.
La empresa pidió el adicional tarifario para cubrir los costos mínimos de prestación y de esa forma compensar lo que no cubre la tarifa para operación y mantenimiento mínimo del servicio.
En la empresa aún no tienen novedades de quién será la persona que designe el Gobierno provincial en esa oficina de control, pero Martínez dijo que se está auditando los últimos tres años de gestión que corresponden a Daniel Galarza. La aclaración se da porque trascendió que justamente sería Galarza quien sería designado por el Gobierno provincial.
También Martínez explicó que la auditoría se solicitó para que el Gobierno constate que la situación financiera de la empresa es la que están planteando.
Según el gerente el mayor gasto en la prestación del servicio es el costo en energía eléctrica en el que invierten alrededor de 700 mil pesos mensuales y luego en productos químicos de potabilización y mantenimiento electromecánico. Esos costos aumentaron entre un 200 y 300 por ciento lo que según Martínez "son imposibles" de soportar por la misma empresa.
Ante el déficit en las cuentas de la empresa hace dos meses cuando asumió el nuevo gerente José Martorrelli se decidió reducir gastos en pagos de alquileres por lo que las oficinas en un edificio por la calle Rivadavia se trasladarán a Los Filtros por avenida San Francisco y otro propiedad de la empresa. También dejarán de gastar en vehículos alquilados. Esas medidas se concretará en dos meses.

ALTERNATIVAS
Pese a las declaraciones del gobernador Beder Herrera, de que la auditoría la dispuso el Gobierno provincial por la gran inversión que realiza el Estado en obras hídricas que debería hacer la empresa, Martínez se encargó de precisar que "no está roto" el diálogo con el Gobierno Provincial y que están planteando alternativas para superar el conflicto.
En ese marco la empresa hizo una serie de propuestas entre las que se menciona el aumento de tarifa, subsidio o formar un fideicomiso que financie la prestación y es lo que se está analizando con el Gobierno provincial.
Pese a esa situación, Martínez dijo que la empresa está comprometida con la sociedad y con el contrato de concesión que se suscribió en el 2002 por un plazo de 30 años. "La intención de la empresa es buscar todas las soluciones para brindar un servicio eficiente", precisó Martínez.

ADMITE FALENCIAS
Si bien la empresa admite que no está brindando el servicio como se estipuló originariamente en el contrato de concesión, sí señaló que no hay falencia en la calidad mínima que exige el contrato. "La calidad de servicio en cuanto a calidad, continuidad y prestación básica está garantizada", precisó Martínez y añadió que está paralizada la obra de expansión y de infraestructura que es necesario realizar para mejorar la prestación.
El contrato de concesión abarcaba una tarifa para tres sectores, el de operación básica, mantenimiento y obras de expansión, el último es el que justamente no invierte la empresa y que quedó en manos del Gobierno para evitar el aumento de la tarifa, explicó el gerente.
Desde la empresa prestataria del servicio de agua potable y cloacas se señala que hace seis años que no hay aumento en la tarifa del servicio de agua potable y cloacas y que el Gobierno para evitar ese incremento permitió a la empresa bajar los planes de inversión.
Ese acuerdo entre el Gobierno provincial y la empresa se realizó en dos oportunidades en el 2004 y la última vez en el 2006, dijo el gerente de la empresa y aclaró que esa alternativa está contemplada en el contrato de concesión.
Según Martínez la empresa puso en conocimiento al Ministerio de Hacienda, al EUCOP y al Gobernador de la necesidad de readecuar la tarifa. Si bien desde la empresa admiten que es un contexto difícil poner una presión económica más a la gente al aumentar la tarifa, la idea es buscar las alternativas que les permita equilibrar la situación financiera de la concesión.
Para brindar un buen servicio necesitan contar con los recursos financieros que al no poder requirírselos al usuario están pidiendo a la Función Ejecutiva que por vía de subsidio se pueda solucionar.
Para Martínez es necesario que la gente tenga conciencia de que debe poner unos pesitos más en la factura y el resto lo tendrá que absorber la empresa y el Gobierno.
De los 20 mil usuarios de agua potable subsidiados por el Gobierno provincial, es decir que sólo abonan cinco pesos por mes por el servicio, un 70 por ciento se encuentra en morosidad. El subsidio está destinado a personas que se encuentran en situación de indigencia. Desde la empresa se señala que no pueden actuar ante esa morosidad del usuario porque el EUCOP emitió una resolución por la que no se puede hacer la restricción del servicio de agua potable.

SE CONCRETA LA AUDITORíA
El secretario del Agua, Germán Gracia requirió información técnica y operativa a la empresa Aguas de La Rioja, prestataria del servicio de agua potable en Capital, Chilecito y Chamical. La diligencia se concretó ayer en la planta que la empresa posee sobre la avenida San Francisco, en el marco de la parte técnica de la auditoría general –que contempla también los aspectos contable y legal- que el Gobierno provincial está realizando en la empresa.
El funcionario, acompañado por el director de Agua del Ente Unico de Control de las Privatizaciones (EUCOP), Esteban Díaz, solicitó al gerente de operaciones de la empresa, José Sarasola que en un plazo de 72 horas informe al Estado Provincial sobre la infraestructura que la empresa posee para brindar el servicio actualmente y para enfrentar la próxima temporada estival.
El informe de la empresa deberá ser presentado en forma escrita y en soporte informático. Luego, técnicos de la Secretaría del Agua y de la empresa verificarán que los datos informados sean correctos. “Vamos a revisar desde las perforaciones hasta una red de cloacas. No quedará nada sin revisar”, agregó.
La auditoría incluirá los préstamos que la empresa recibió para la colocación de medidores, dijo el funcionario. “Quiero saber dónde están colocados y cuánto costó su colocación”, afirmó.