La justicia dio un paso concreto para determinar si hubo irregularidades en la realización de las pruebas hidráulicas del acueducto del río Colorado y si se pagaron sobreprecios por el movimiento de suelos. En los últimos días, la jueza de instrucción Florencia Maza designó a siete de los ocho peritos que tendrán a su cargo esas tareas en la causa penal abierta hace casi dos años en el Juzgado de Instrucción 7.
Los peritajes apuntarán al tramo del ducto construido por el empresario Victorio Américo Gualtieri, quien se adjudicó la millonaria obra por 138 millones de pesos-dólares a fines de 1998 y a quien el Gobierno le rescindió el contrato a los dos años por una serie de incumplimientos.
Maza fusionó dos denuncias. Una, de los diputados del FRAP -aunque el principal impulsor fue Mario Cayre-, señalando, entre otras cosas, que estaba comprobado que no hubo pruebas hidráulicas en al menos 80 kilómetros de la red e igual el gobierno de Rubén Hugo Marín pagó el 100 por ciento de esas certificaciones por 40 millones de pesos-dólares. Por eso de habla de una presunta modificación del pliego original a favor del empresario.
La otra es una denuncia anónima indicando que se habría hecho figurar en tramos de piedra que el suelo era arenoso y en tramos de arena que el suelo era pedregoso. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los 268 kilómetros del trazado troncal y los 230 kilómetros de las redes secundarias, el suelo es arenoso, pero Gualtieri cobraba más si removía suelos pedregosos.
Los peritos deberán mirar con fineza las 15.000 fojas que contiene el expediente que está guardado en una habitación del Superior Tribunal de Justicia. A través de él puede seguirse detalladamente el camino administrativo de la megaobra. Para la pericia hidráulica se designaron dos contadores, un ingeniero hidráulico y restaría nombrar al ingeniero civil; mientras que en el relevamiento de los suelos trabajarán dos ingenieros y dos geólogos. El "grupo de los ocho" deberá trazar un plan de tareas y fijarse plazos. En Tribunales se cree que ese plazo no será menor a los seis meses.
El caso se abrió en septiembre de 2007, cuando el juzgado estaba a cargo de Verónica Fantini. Un mes antes los legisladores habían radicado la denuncia en el Juzgado de Instrucción 5, pero el juez Carlos Jorge se declaró incompetente. La acción penal fue promovida por la fiscal Susana Alvarez y Fantini le dio curso, a pesar de que en 2004 había archivado una presentación similar porque los denunciantes no habían aportado "elementos suficientes" para pensar, a priori, que podía existir un accionar delictivo.
La presentación del FRAP (hoy Frepam) se centralizó en tres puntos: a) el pago de certificados de obra a favor de Gualtieri por fuera de las condiciones fijadas en el pliego licitatorio, b) la modificación del pliego a favor de Gualtieri, a través de los porcentajes de pago de las pruebas hidráulicas, y c) el decreto 10/05 que firmó el gobernador Carlos Verna, adjudicándole la continuidad de la obra a las empresas Skanska y Techint, ya que a través de él se aumentaron pagos por 50 millones de pesos, sin que hubiera obras adicionales, y además se eximió a las empresas de una serie de multas que debieron pagar por no haber terminado de construir el acueducto a fines de 2004.

Oppezzo dijo que no.
Públicamente hubo versiones diametralmente opuestas sobre las pruebas hidráulicas. Gualtieri afirmó que las hizo, al menos en un tramo; y el director técnico y jefe de inspectores del acueducto, Carlos Oppezzo, aseguró que no hubo pruebas en 237 kilómetros desde Pichi Huinca -donde está la toma- hasta Santa Rosa.
Oppezzo, uno de los testigos clave de la investigación, reveló que la empresa Vagsa (Victorio Américo Gualtieri Sociedad Anónima) nunca realizó pruebas hidráulicas durante los años en que estuvo a cargo del acueducto. Sus declaraciones fueron formuladas a LA ARENA a fines de julio de 2007. En esa época, Cayre había presentado una acción de amparo para que el gobierno entregara la documentación sobre los ensayos. La pelea judicial del ex diputado había empezado tres años antes, luego de que el gobernador Verna confirmara públicamente que no se habían efectuado las pruebas en algunos tramos.
El fiscal de Estado, Alejandro Vanini, al responder el amparo, citó textualmente parte de los informes redactados por Oppezzo a través de la Comisión Técnica del Acueducto (Cotarc). Allí dijo: a) "... por lo tanto, faltando realizar trabajos de gran importancia como las pruebas hidráulicas, no puede pretenderse cobrar el 100 por ciento de la cañería colocada", y b) "la reducida producción de la empresa (Gualtieri) puede observarse en los pocos trabajos realizados al 30/9/2000, a saber: sólo se ha instalado una longitud menor de las cañerías del acueducto troncal (98,89 kilómetros sobre un total de 262) y una parte del acueducto secundario N° 1 (137,98 kilómetros sobre un total de 190,81); todo ello sin válvulas ni pruebas hidráulicas".
En el reportaje, después de señalar que "ya me olvidé de todo", el cronista le preguntó a Oppezzo si podía confirmar los datos del informe de Vanini sobre la ausencia de ensayos en 237 kilómetros. "Por ese motivo se le rescindió el contrato", respondió.
- ¿Y a pesar de eso le pagaron las certificaciones de obra?
- Sólo se le pagaba lo que hacía.
- ¿Reclamaron por la falta de las pruebas?
- Ya veníamos pidiéndole durante mucho tiempo por múltiples incumplimientos (el informe cita la no colocación de las válvulas y el enterrado de una cantidad de caños menor a la estipulada). Al final se le rescindió.
- ¿Hasta que usted dejó la inspección se hicieron pruebas?
- Cuando me fui se habían hecho casi un 70 por ciento.
- ¿ Gualtieri hizo pruebas hidráulicas?
- Trató de hacerlas, pero no. No cumplía con las exigencias que habíamos apuntado y concebido.
- ¿Por qué? ¿No tenía capacidad técnica?
- Incapacidad técnica, entre otras cosas.
- ¿Las pruebas hidráulicas eran fundamentales para el control de calidad de acueducto?
- Claro. No sólo de la cañería, sino de todas las instalaciones del conducto, válvulas y todo. Y la repetición de las pruebas también porque la falla de alguna prueba indicaba que había que volver a repasar todo el tramo y ponerlo en condiciones para que no haya pérdidas.

Palabra de empresa.
Sin embargo, el expediente que está en el S.T.J. contiene información, aportada por la empresa, que indica que Gualtieri realizó al menos un ensayo hidráulico en el tramo troncal y que tenía capacidad técnica para hacerlo. En la foja 12.835, con el sello de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, figura la nota de pedido Nº 273, fechada el 11 de septiembre de 1999, sobre "Troncal, prueba hidráulica entre toma y planta potabilizadora, progresiva 155,81 a 917,00" . Esa nota tiene cinco puntos y dice que efectuada la prueba "se verificó un goteo de 40 gotas por minuto en una de las juntas", que luego "se vació el tramo de prueba, se corrigió el ángulo de deflexión entre caño y caño y se revisó la junta" y que, tras una nueva prueba hidráulica, "los resultados fueron iguales a la primera".
A raíz de ello, Vagsa convocó a la empresa Aister SRL ("especialista, asesora, además de proveedora de Tubos Prodinco y Vagsa para cañerías de PRFV"), anexó un informe de ella y procedió de acuerdo a ese instructivo. "Asimismo damos por terminada la prueba hidráulica del tramo", concluye la nota.
Un detalle llamativo: el texto está firmado por el ingeniero Oscar Guarro, representante técnico y legal de Gualtieri. También está el sello de Oppezzo, pero no aparece su firma. Dos días después, el 13 de septiembre, y 16 fojas más adelante, aparece la nota de pedido Nº 276 sobre "pruebas hidráulicas troncal". Ese texto sí está rubricado por el jefe de inspectores y Guarro. En él se somete "a vuestra apreciación" (no surge claramente a quién) la metodología "para ejecución de las pruebas hidráulicas".