El canciller David Choquehuanca, durante su visita efectuada ayer a EL DIARIO, manifestó que el preacuerdo sobre el uso de las aguas del Silala que se pretende firmar con Chile, no se oficializará si no cuenta con la aprobación de la población boliviana.
“Estamos en un proceso de socialización y cuando el pueblo decida y cuando nosotros veamos que el pueblo conoce, entonces podemos suscribir este acuerdo inicial. Una vez suscrito debe ir al Parlamento y una vez sea aprobado por los parlamentarios de acuerdo a sus normas internas de cada país, recién entra en vigencia, recién se empezará a construir un acuerdo de largo plazo”, manifestó Choquehuanca.
Calificó como importante la reunión que sostuvo con el presidente-director de EL DIARIO, Antonio Carrasco Guzmán, donde se abordó puntos concernientes al polémico acuerdo inicial sobre el uso de las aguas del Silala. El Canciller en la oportunidad desmintió la denuncia que realizó el investigador Milton Lérida en sentido de que el Gobierno hubiera entregado el 50 % de este recurso el año 2008.
Dijo que este tipo de denuncias le hacen un “flaco favor” a las aspiraciones de la población boliviana en la recuperación de esta riqueza hídrica y el pago del 100 por ciento por parte del país vecino por el uso de estas aguas.
Mencionó que este preacuerdo se construirá en cuatro años y donde se prevé contar con la participación de investigadores, instituciones, universidades e interesados en defender esta riqueza y lograr la construcción de un acuerdo de largo plazo para que Chile pague por el 100 por ciento por el uso de esta agua, ya que “el pueblo boliviano no puede esperar otros 100 años más”, insistió.
Choquehuanca dijo que está atendiendo personalmente invitaciones, como del Segundo Encuentro sobre el Agua, la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y de provincias de esta ciudad, entre otras, que muestran interés en despejar dudas sobre el preacuerdo. Aseguró que continuará con el proceso de socialización hasta que la población sepa el alcance real del acuerdo inicial.
“No hay plazos, no estamos dando plazos para socializar y si se aprueba hoy, hoy se inicia el pago de las aguas del Silala por parte de Chile. Desde ese día tenemos 4 años para que Chile pague por el l00 por ciento de las aguas, mientras más tardemos, Chile sigue llevándose las aguas”, apuntó.
Finalmente, informó que el próximo 3 de septiembre autoridades del Ministerio de RREE se harán presentes en la localidad de Quetena Chico, Potosí, donde explicarán los alcances de este acuerdo inicial y donde también recibirán sugerencias de sectores sociales que realizarán un consejo consultivo con el objetivo de oficializar una postura sobre este tema.
Los manantiales del Silala están ubicados en el cantón Quetena de la provincia Sud Lípez de Potosí, donde afloran 94 ojos de agua y generan unos 200 litros por segundo que se escurren por canales artificiales hacia el norte chileno.
En la larga y estrecha geografía chilena, el agua está distribuida de forma heterogénea. En el centro y sur -de la Cuarta a la Décima Región- se concentra la mayor cantidad del recurso. En cambio, el norte es una zona donde el agua escasea; allí se extiende el desierto de Atacama, el más seco del mundo y donde los manantiales del Silala son la única fuente del recurso hídrico.
La distribución de las aguas del manantial es el centro de una disputa entre Chile y Bolivia. Aunque de poco caudal, el Silala es significativo no sólo porque se vincula con el reclamo boliviano de una salida soberana al Pacífico, sino con el ineludible tema de la escasez de agua a nivel mundial.
El gobierno chileno afirma que el Silala es un río internacional de curso sucesivo y, por tanto, su uso está regulado por el derecho internacional. Bolivia, en cambio, sostiene que se trata de manantiales que afloran a la tierra y que no están regidos por leyes internacionales.
De acuerdo con estudios del Instituto Geográgico Militar, el Silala nace y muere en territorio boliviano pero ha sido desviado en forma artificial hacia Chile.
Las aguas del Silala se desvían a Chile por una canalización artificial autorizada por una concesión boliviana a The Antofagasta-Bolivian Railway Company a principios del siglo pasado, empresa chilena que actualmente se llama Ferrocarril Antofagasta-Bolivia.