“Por orden del gobernador Beder Herrera, esta semana deberán verse resultados de la auditoría”, afirmó el ministro mientras enfatizó que el Estado garantiza la prestación de este servicio esencial a la población.
Reseñó que “la Provincia, desde que asumió Beder Herrera, invirtió más de 15 millones de pesos en obras que tendría que haber concretado la empresa y tiene en ejecución obras por más de 7 millones de pesos, además de tener en agenda la concreción de otras por aproximadamente 4 millones de pesos más; pagó puntualmente durante el presente ejercicio casi 8 millones de pesos en facturaciones de servicios; y, este año, hasta el presente, entregó anticipos financieros para sostener el servicio por alrededor de 3 millones de pesos. La empresa contó con flujo financiero, pero igual se observó el deterioro paulatino en la prestación del servicio”.
El ministro Guerra explicó a través de un parte de prensa, que desde el comienzo de esta gestión de gobierno se abordó la problemática de las empresas privatizadas para constatar el estado de situación. Allí se detecta que Aguas de La Rioja era una fuerte demandante de recursos del Estado, por lo que ya en ese momento se ordenó una auditoría --aunque muy somera-- para conocer la realidad de la empresa.
En el segundo semestre de 2007 se cumple esta auditoría en la que “ya se advierte un manejo empresarial poco eficiente, por lo que el Gobierno decide prudentemente acompañar el funcionamiento con el objetivo que el servicio no se resienta y procurar vaya mejorando, pero con un monitoreo constante”.
Paralelamente, “ante la escasa reacción de la empresa, a través de la Secretaría del Agua se comienzan a hacer inversiones que le correspondían a la empresa”.
Resaltó el titular de la cartera económica que “las inversiones estuvieron a cargo del Estado, a través de las áreas específicas, inclusive en tareas de mantenimiento de la red que es una obligación básica contractual que tiene la concesionaria”.
Manifestó que “desde fines del ejercicio pasado y durante el presente, --a pesar de los pagos puntuales de la facturación por parte del Gobierno-- la empresa comienza a solicitar anticipos financieros que concretamente significan pagar por adelantado servicios futuros. El Gobierno accede con el objetivo que el servicio no decaiga y que la población no sufra las consecuencias”.
El pago en forma puntual de las facturaciones y los anticipos financieros continuaron durante este año, pero “se seguía observando un deterioro en la prestación del servicio y se llegó a un punto donde la empresa solicita nuevos anticipos financieros argumentando problemas para mantener la calidad y cantidad del servicio”.
“Se llegó a una situación insostenible, por lo que el gobernador Beder Herrera decide tomar cartas en el asunto de una manera más contundente”, señaló Guerra. “Hasta el momento se observan pasivos excesivos, además, la empresa envía un informe donde expone un patrimonio neto negativo, no sabemos a qué responden esos pasivos, cómo se generan, cuando el Estado vino pagando en tiempo y forma y otorgando anticipos financieros”, afirma el ministro.
Para no resentir el servicio, “el Gobierno condiciona el otorgamiento de nuevos adelantos financieros a la designación de una persona propuesta por el Estado que le permita tener la tranquilidad que esos fondos van destinados al servicio”. Luego explica que la empresa insiste con un ajuste tarifario, el que para considerarlo, se deben tener en cuenta la eficiencia de la gestión y el contexto económico y social en el que se vive, pero, no obstante, durante todo este tiempo, si bien no hubo un aumento de tarifas, el Gobierno asistió financieramente a la empresa y el servicio continuó decayendo en su calidad”.
Reiteró el ministro que “evidentemente, es una situación que llegó a un límite. Mediante la auditoría se está haciendo un análisis exhaustivo para conocer en qué invirtió el dinero la concesionaria”.
“Queda claro que ante esta situación es el Estado el que pone el condicionamiento para seguir auxiliando a la concesionaria y decide la auditoría a la empresa”, asegura el ministro echando por tierra la posición de Aguas de La Rioja SA sobre el pedido de la auditoría.
“El Estado también es responsable, ha tomado cartas en el asunto porque evidentemente la empresa demuestra un manejo ineficiente y con los resultados que se obtengan de la auditoría se determinarán los pasos a seguir”, puntualizó.