El Gobierno confirmó ayer, mediante el ministro de Hacienda Ricardo Guerra que observó "un manejo poco eficiente en la gestión de la empresa Aguas de La Rioja SA", de acuerdo al monitoreo que viene realizando desde el comienzo de esta gestión y a los primeros datos que surgen de la auditoría general que se está desarrollando sobre la concesionaria.
El titular de la cartera económica adelantó que por orden del gobernador Beder Herrera, "esta semana deberán verse resultados de la auditoría" y afirmó que el Estado garantiza la prestación de este servicio esencial a la población, especialmente por la próxima llegada del verano.
Guerra describió en el informe que la Provincia, invirtió en trabajos desplegados a través de la Secretaría del Agua más de 15 millones de pesos en obras que tendría que haber concretado la empresa y tiene en ejecución otras por más de 7 millones de pesos, más una agenda de trabajos por aproximadamente 4 millones de pesos y agregó que el Estado pagó puntualmente durante el presente ejercicio casi 8 millones de pesos en facturaciones de servicios; y, este año, entregó anticipos financieros para sostener el servicio por alrededor de 3 millones de pesos, por lo que opinó que "la empresa contó con flujo financiero, pero igual se observó el deterioro paulatino en la prestación del servicio".

Actualidad
La situación llegó a un punto en 2009 donde la empresa solicita nuevos anticipos financieros argumentando problemas para mantener la calidad y cantidad del servicio, lo que provoca una situación de preocupación y desconcierto en el Gobierno que advierte falta de claridad en la relación que debía plantearse entre el flujo de dinero que le ingresaba desde el Estado y la deficiente prestación del servicio, además de la falta de inversiones.
"Se llegó a una situación insostenible, por lo que el gobernador Beder Herrera decide tomar cartas en el asunto de una manera más contundente", señaló Guerra.

Pasivos excesivos
El Ministro informó también que "hasta el momento se observan pasivos excesivos, además, la empresa envía un informe donde expone un patrimonio neto negativo, no sabemos a qué responden esos pasivos, cómo se generan, cuando el Estado vino pagando en tiempo y forma y otorgando anticipos financieros", al explicar la incertidumbre que genera en el Gobierno la situación de la concesionaria.
Asimismo argumentó que por ello el Gobierno condiciona el otorgamiento de nuevos adelantos financieros a la designación de una persona propuesta por el Estado, lo que según el funcionario le permitirá tener la tranquilidad de que esos fondos van destinados al servicio. "Un control in situ, previo, porque el Gobierno quiere saber con anticipación a qué se destina el dinero que le ingresa a la concesionaria", sostuvo Guerra.

Aumento de Tarifas
Luego explica que la empresa insiste con un ajuste tarifario, el que para considerarlo, se deben tener en cuenta la eficiencia de la gestión y el contexto económico y social en el que se vive, pero, no obstante, durante todo este tiempo, si bien no hubo un aumento de tarifas, el Gobierno asistió financieramente a la empresa y el servicio continuó decayendo en su calidad. Hasta se podría plantear como hipótesis que en caso de haberse dispuesto un aumento en las tarifas, el servicio prestado por la empresa iba a deteriorarse igual.
Aclaró también que los anticipos financieros otorgados por el Gobierno a la empresa no son a cuenta de futuros aumentos, se paga un servicio anticipadamente con el objetivo de darle fluidez a la empresa, pero lamentablemente el servicio era cada vez peor.

Servicio deteriorado
Con estos datos se demuestra que la empresa contó durante todo este tiempo con flujo de dinero, pero el servicio sigue deteriorándose, la empresa continúa con problemas y las inversiones y, algunas veces, el mantenimiento están a cargo de los organismos del Estado.
Reiteró el Ministro que "evidentemente es una situación que llegó a un límite. Mediante la auditoría se está haciendo un análisis exhaustivo para conocer en qué invirtió el dinero la concesionaria".
"Queda claro que ante esta situación es el Estado el que pone el condicionamiento para seguir auxiliando a la concesionaria y decide la auditoría a la empresa", asegura el Ministro echando por tierra la posición de Aguas de La Rioja SA sobre el pedido de la auditoría.
Sobre este punto, el ministro de Hacienda confirmó que la auditoría tiene un tiempo perentorio y que en el transcurso de la semana habrá resultados del trabajo que está a cargo de un equipo de profesionales, que están analizando los movimientos económico-financieros de la empresa y, paralelamente, la faz técnica de la concesionaria.

Responsabilidad
"El Estado también es responsable, ha tomado cartas en el asunto porque evidentemente la empresa demuestra un manejo ineficiente y con los resultados que se obtengan de la auditoría se determinarán los pasos a seguir", puntualizó.

AGUAS DE LA RIOJA. GUILLERMO GALVAN
“El rol del Estado en el control de la empresa fue nulo”
El legislador electo dijo que el Gobierno mandó una auditoría porque teme la quiebra de la firma.
El legislador electo por el Frente Cívico y Social Guillermo Galván consideró que el rol del Estado provincial en el control de la empresa Aguas de La Rioja "fue nulo y pasivo", y advirtió que recién ahora mandó una auditoría porque teme la declaración de quiebra de la firma que tiene concesionado el servicio de agua potable.
El diputado, que obtuvo una banca en la Legislatura en las elecciones del 28 de junio pasado, responsabilizó tanto a la administración de Luis Beder Herrera como a la del ex gobernador Ángel Maza porque aplicaron correctamente los mecanismos de control.
La semana pasada el Gobernador dispuso la realización de una auditoría general a cargo del Ente Único de Control de Privatizaciones (EUCOP) que comprenderá el presente año y los últimos tres ejercicios comerciales cerrados. Y condicionó asistencia financiera excepcional solicitada por la empresa al Estado provincial, en la medida que se asegure la gestión eficiente y eficaz de los recursos.
La decisión del Ejecutivo está basada en los adelantos financieros reiterados requeridos por la empresa concesionaria a la Provincia "para mantener la calidad y la habitualidad en la prestación del servicio público de agua potable y cloacas a su cargo".
Según el Gobierno, Aguas de La Rioja S.A. argumenta que atraviesa dificultades financieras que le generan inconvenientes operativos para solventar la regular prestación de los servicios concesionados.
Galván dijo que es necesario conocer cuál es el nivel de endeudamiento de la empresa, ya que podría declarase en quiebra y así dejar sin trabajo a un importante número de personas; y las inversiones que realizaron durante todos estos años ya que la publicidad oficial muestra como el Gobierno es el que lleva adelante la realización de costosas obras, entre ellas, perforaciones.
Agregó además que llama la atención el despido de un grupo importante de trabajadores que tenían cargos gerenciales.
También consideró que debería conocerse el desempeño de la empresa en otras provincias donde tiene el servicio.