El Gobierno boliviano mantendrá las consultas internas con los pobladores de Quetena, Sud Lípez y las organizaciones cívicas del departamento de Potosí, para lo cual dejó en suspenso el preacuerdo logrado con Chile por el uso de las aguas del Silala informó ayer el canciller David Choquehuanca.
“Nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo a espaldas del pueblo boliviano, por eso estamos socializando. No se ha firmado nada, no se va a firmar nada, sin que el pueblo boliviano conozca antes, pero vamos a seguir trabajando”, dijo en rueda de prensa.
Explicó que de firmarse el acuerdo, tiene que ser homologado por los parlamentos de Bolivia y Chile, para luego iniciar un trabajo de estudios científicos de cuatro años y “construir una propuesta de largo plazo que permita a los bolivianos que Chile compense por el 100% de las aguas que pertenecen a Bolivia”.
El 3 de agosto pasado, la Cancillería dio a conocer públicamente el “preacuerdo inicial” de 17 puntos a solicitud de las organizaciones de Potosí.
Los cívicos potosinos plantearon la posibilidad de modificar el preacuerdo para incorporar el tema de la deuda histórica, además de mejorar la oferta del pago del 50% que hizo Chile por el uso de las aguas del Silala.
En ese contexto, el jefe de la diplomacia boliviana explicó que en el preacuerdo no se renuncia a la deuda histórica “no podemos hacerlo”, es más, dijo que los estudios científicos permitirán fundamentar para encarar este proceso. “Necesitamos información que tenga respaldo no sólo jurídico sino técnico”, dijo.
El 3 de septiembre dirigentes cívicos, pobladores de Quetena y autoridades del Gobierno se reunirán en Sud Lípez para, como dijo Choquehuanca, “socializar” el preacuerdo y definir si se acepta o no el preacuerdo inicial logrado con Chile por el uso de las aguas del Silala.