La Contraloría General de la República determinó que la decisión de la Comisión Regional del Medioambiente (Corema) de Aysén de enviar a HidroAysén las más de 2.600 observaciones que recibió el complejo hidroeléctrico, se ajustó a derecho.
De esta forma, el organismo se pronunció respecto de la solicitud efectuada por parlamentarios en torno a que, ante los numerosos reparos efectuados por los servicios públicos, el estudio de impacto ambiental (EIA) debió ser rechazado, aplicándole el artículo 24 de la Ley de Bases del Medioambiente y no haberle dado continuidad al proceso.
“Esta resolución confirma que el proceso de tramitación ambiental del Proyecto Hidroeléctrico de Aysén se ajusta al marco legal y administrativo vigente”, dijo el gerente general de HidroAysén, Hernán Salazar.
El ingreso de las respuestas por parte de HidroAysén fue retrasado hasta octubre