Se trata de estudios realizados desde el año pasado por el Siprosa. Sostienen que los efluentes que Minera Alumbrera arroja al canal DP2 cumplen con los parámetros exigidos por la normativa provincial. Si embargo, los muestreos realizados ni varios de los consejeros parecen no haber tenido en cuenta las pautas menos permisivas dispuestas por leyes federales. Justamente, la Justicia se basó en éstas para procesar al directivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney.
Están los que no entienden y los que no quieren entender. Peor aún, están los que realmente saben qué está pasando pero prefieren mirar para otro lado. Y quedan aún unos cuantos que todavía privilegian una intención de cambio por sobre intereses particulares.
Parece que en el seno del Consejo Superior de la UNT, muchos insisten con minimizar el hecho de que el alto directivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney, esté procesado por la Justicia Federal ante la aparente contaminación causada por desechos arrojados al canal DP2 (afluente del río Salí) desde una planta de secado que la minera tiene en Cruz Alta.
En una sesión del organismo deliberativo universitario realizada el martes, varios consejeros defendieron un informe oficial (expediente 810) que sostenía que los efluentes que la minera arroja a dicho canal se encuentran dentro de la legalidad, según la normativa provincial.
“Nuestra socia (Minera Alumbrera) continúa emitiendo sus efluentes con los parámetros exigidos por la normativa establecida por la Dirección Provincial de Recursos Energéticos y Minería de Tucumán”, concluye el informe técnico presentado por los vocales integrantes del directorio del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD), Rodolfo Campero y de Mario Marigliano (ambos ex rectores de la UNT).
Vale recordar que la universidad tucumana, a través del YMAD, integra una UTE con Minera Alumbrera.
Sin embargo, en la reunión nada se dijo sobre si los resultados de los estudios –realizados durante 2008 y en lo que va del año por parte de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Siprosa- se mantienen dentro de los límites marcados por la ley nacional 24.051 (sobre residuos peligrosos), norma con parámetros menos tolerantes que los establecidos por la Provincia.
Justamente, fue por la presunta violación a esta ley nacional que Rooney hoy se encuentra procesado. Difícilmente este directivo se hallaría en esta situación judicial si la Justicia se hubiese basado en los parámetros más permisivos sostenidos por el Siprosa. En el Consejo Superior parecería que varios no quisieran tener muy en cuenta esta situación.
Por un lado algunos consejeros defendieron el informe oficial que argumenta la inexistencia de contravención alguna. En tanto, otros expresaron no estar en condiciones de interpretar la información técnica remitida más aún habiendo contado con ella con muy poco tiempo de a antelación al inicio de la sesión.
Ante esto, en forma unánime el cuerpo aprobó la citación a Marigliano y a Campero, junto a sus asesores técnicos, para que profundicen los resultados arrojados por el monitoreo. Además se formará una comisión especial de expertos a de diferentes facultades a fines de estudiar los informes.